Cubre su cabello con una capucha negra, la tela elástica alcanza a esconder sus labios rojizos, abotona uno por uno los botones de su camisola. Sus pechos desaparecen debajo del uniforme. Con un visor negro, tapa sus ojos claros. Finalmente ha sepultado hasta la última huella de su rostro.
“No me escondo por vergüenza”, defiende convencida de su argumento. “Lo que dicen de mí es una injusticia, me escondo porque quiero mi trabajo de regreso”, explica la mujer policía que compartirá su testimonio en el anonimato.
Lleva diez días suspendida, sin goce de sueldo, desde que le notificaron que no aprobó el examen de control de confianza en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, debido a “su condición de género que la hace sensible a la crítica”, entre otros argumentos que dictaminó el Centro de Evaluación y Control de Confianza.
Responde a la llamada telefónica y en su voz se percibe la tristeza. Ven a mi casa, contesta, no tengo ánimos de salir a la calle.
Abre la puerta de su casa impecable. Su rostro y espigado cuerpo no coinciden con el estereotipo imaginado. Viste de mezclilla, blusa roja al talle y unos pequeños aretes rojos que dan brillo a sus mejillas.
Media hora más tarde confesará entre lágrimas que llevaba todo el día en pijama, derrumbada en su sillón, pensando y preguntándose ¿por qué?
“Perdóname por mostrarme débil”, se disculpa mientras seca sus lágrimas. En el cuarto del fondo, sus dos hijos juegan, gritan y ríen en su inocencia, ignorantes del abismo que consume a su madre.
Recuerda que ese día, una pareja de ancianos le preguntó si le daba miedo ser policía. “Sí tengo miedo, pero soy el sustento de mis hijos, con este trabajo les doy un techo y un futuro”, les contestó orgullosa.
Horas después, un citatorio para acudir al departamento jurídico de la Policía Estatal Preventiva interrumpió su jornada.
Sus manos tiemblan y hace constantes pausas para respirar profundo, pareciera que revive el momento que está relatando pero de inmediato explica sus sentimientos: es que me ahoga la injusticia.

“Tener vínculos con personas procesadas por robo… En su dificultad para adaptarse deriva su condición de género que la hacen mostrar sensibilidad a la crítica, dificultad para expresar abiertamente su enojo”, señala un expediente que la policía estatal lee en voz alta.
En septiembre de 2012 realizó los exámenes del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, pero fue hasta dos años después, el 30 de septiembre de 2014, cuando se le informó que no aprobó las evaluaciones.
A excepción del vínculo con una persona procesada por robo, el resto de los argumentos en los que se justifica la suspensión se originan en la evaluación sicológica, destacan los calificativos relacionados con su condición de género, es decir, por ser mujer.
Ante este resultado, la policía contrató a un abogado y en días pasados presentó su defensa ante la Comisión de Honor y Justicia de la dependencia estatal.
“No se me hace justo los motivos por los que me reprobaron, yo estuviera conciente si fuera verdad, si tuviera vínculos con la delincuencia organizada, si hubiera dado positivo en dopping, yo viera todo perdido y no tuviera cara para decir no estoy de acuerdo”.
Explica que el hermano de su mamá estuvo preso en el penal, acusado de robo, un dato que ella proporcionó de forma voluntaria en la entrevista con el sicólogo.
“Yo tengo mi propia moral, mis propios valores, no por ese hecho de que él sea así, yo también lo soy. Fue una plática que la hice sinceramente, sin maldad, si hubiera sabido que esto me iba a perjudicar no habría dicho nada, pero nunca pensé en echar mentiras. ‘Su tío está acusado de robo, ah pues ella también’, ¿por qué?, mi pregunta es ¿por qué me están juzgando por algo que yo no soy?”, reclama.
Es madre de dos hijos; recientemente adquirió una casa con un crédito hipotecario y cursa el primer semestre de la carrera de derecho en una escuela sabatina, inscripción que pagó la Secretaría de Seguridad Pública.
Se pregunta por la mensualidad del cable, el teléfono, el internet, la casa, el agua, la luz, la escuela de sus hijos, su escuela, las tarjetas de crédito, todas las deudas.
En abril de 2008 caminaba por la calle después de entregar una solicitud de empleo. Entonces sólo eran ella, su hijo mayor y un nivel de vida humilde. La convocatoria para ingresar a la corporación policiaca atrajo su atención desde un cartel colgado en un poste.
Cursó un año en la academia policiaca y en el 2012 finalmente logró ingresar. Recuerda que durante el año de internamiento su principal motivación era que al salir tendría un sueldo estable para sacar adelante a su hijo y entonces, todo estaría bien.
“Trato de atender a mis hijos, que no me vean llorar, ni preocupada, pero lo estoy, o sea, se te viene el mundo encima, pienso en el pago de la casa, voy a perder mi casa. Si no encuentro trabajo de lunes a viernes, ¿mi escuela dónde va a quedar? Yo no quiero dejar de estudiar, ni quiero dejar mi trabajo, a pesar del riesgo que representa, yo deseo este trabajo”, expresa.
En las noticias, la policía ha escuchado que el gobernador del Estado se comprometió a reubicar a los elementos en áreas administrativas u ofrecerles proyectos productivos. Anhela que se trate de un compromiso real y no sólo parte del discurso mediático.
También está consciente, porque su abogado le ha explicado, que el artículo 123 de la Constitución le niega el derecho a ser reinstalada en su cargo.
—¿Ya pensaste qué vas a hacer si no te reinstalan?, se le pregunta a la mujer policía, quien responde que no. Tapa su rostro con ambas manos y las lágrimas desbordan entre sus dedos.
—No, no sé. No puedo dormir, hay días que me duermo a las tres, cuatro de la mañana, pensando. A lo mejor está mal que me muestre débil pero en esto sí lo soy por qué no sé que voy a hacer.
El 31 de octubre vence la prórroga que el Senado de la República concedió a los estados para aplazar el despido masivo de elementos policíacos que reprobaron el examen de control de confianza.
En Sinaloa, la depuración comenzó desde mediados de septiembre con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Según cifras proporcionadas por las autoridades, entre la policía estatal, ministerial y policías municipales, existen más de 3 mil 400 policías reprobados de un total de ocho mil elementos. (Ríodoce, edición 609).
El gobernador Mario López Valdez ha asegurado que se brindarán segundas oportunidades, reubicación en otras áreas y hasta proyectos productivos, pero hasta el momento sólo existen las suspensiones de policías reprobados.

De policía a bombero, a socorrista o a protección civil

Luis Fernando Nájera/ Los Mochis
Bomberos, Protección Civil, socorrista o autoempleado, son las opciones laborales que el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez ofrece a aquellos policías que serán despedidos por reprobar el Examen de Control de Confianza.
Quien acepte, deberá demostrar que la salida de la corporación fue por cuestiones físicas y tener un buen expediente, y haberse sacrificado en la lucha contra la delincuencia. De lo contrario, será rechazado.
López Valdez estuvo en esta ciudad, y habló. Dijo que buscará para los agentes una segunda oportunidad para aprobar las pruebas de control de confianza, como una intención justa, aunque con límites.
Quien la repruebe, tendrá su liquidación.
Se autonombró defensor de la policía, pues consideró que aptos y no aptos se arriesgaron al tomar “la papa caliente” que era la situación de inseguridad.
Alardeó de que mejoró condiciones laborales y salariales, armamento y equipamiento.
Y recomendó que es necesario cuidar y proteger al que cuida y protege a la sociedad.
Más temprano, Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, consideró que la segunda oportunidad para la policía de que habla el gobernador no viola ninguna ley porque es sólo una propuesta, que dependerá del Gobierno Federal su aprobación o rechazo.
En Ahome, los sueldos de Bomberos y Protección Civil salen de las arcas municipales. Los salarios apenas llegan a los cinco mil pesos mensuales, y no tienen ninguna clase de beca, ni despensa, ni seguros. Si resultan lesionados en accidentes laborales, tendrán asegurada la hospitalización en medicina pública y no en nosocomios particulares. Nadie gana horas extras, y es prácticamente imposible obtener sobresueldos, ya sea por favores realizados o por omisiones en el servicio. En ellos, el sacrificio es mayor y sin homenaje alguno. En la corporación de Bomberos tendrán que ser adiestrados durante seis meses e ingresarán sin grado. Para Protección Civil no hay curso, sino sólo el palomeo del alcalde en turno. La Cruz Roja, por su parte, se mantiene con su propia colecta.