#MatarenMéxico Fabricar culpables y engañar a las víctimas

Yarold Christian Leyte Quintanar fue sentenciado a 32 años y 6 meses de prisión por el homicidio calificado de María Teresa González, cometido en Veracruz, en el año 2012.

La sentencia contra Yarold, dice su madre Rosalinda Quintanar, se basa en irregularidades que involucran a toda la cadena de investigación de un crimen: el acusado ‘confesó’ bajo tortura, la víctima no fue asesinada donde dijo el acusado, no hay pruebas de sangre o ADN que confirmen la presencia del acusado en la escena del crimen o que haya tenido contacto con el cuerpo de la víctima y el supuesto móvil del delito —que ella había acudido a su casa a cobrarle una deuda bancaria y por eso la mató— no se sustenta, porque Yarold no tenía deuda.

Yarold fue detenido porque la Fiscalía de Veracruz dice haber recibido una llamada anónima donde lo acusaron, por lo cual se giró una orden de presentación (que no orden de aprehensión) en su contra.

La señora Quintanar relata que las autoridades judiciales fueron a su casa a buscarlo, le pusieron las esposas y se lo llevaron. Y narra la tortura que sufrió:

“Luego de esposarlo lo meten a la Agencia Veracruzana de Investigación y ahí es donde le ponen unas vendas. ‘Tú la mataste, no te hagas’ y comienzan a echarle vasos de agua y lo empiezan a ahogar y lo enderezan y lo vuelven a ahogar.

“Ven que no da resultado. Lo tiran al piso y le comienzan a echar agua en el cuerpo. Le dan descargas eléctricas. Aun así, él siguió sin confesar. Entonces le pusieron un arma, cortaron cartucho y le dijeron que lo iban a matar, que iba a aparecer en pedacitos flotando en un río en una bolsa negra diciendo que pertenecía al cártel de los que están allá.

“Mi hijo siguió sin confesar. Entonces lo levantan en el cabello y lo pegan en una reja y ahí, él escucha llorar a mi nuera. Le dicen que si él no confiesa van a matar a uno de sus hijos y que él lo va a ver. En ese momento él dice ‘está bien, vamos a hacer un trato. Déjenlos ir y yo les firmo lo que quiera. Yo digo lo que ustedes me digan'”.

Yarold ‘confesó’ que forcejearon, que ella se pegó en una mesa y se murió, que él la sacó arrastrando de su domicilio y dejó su cuerpo en la casa de enfrente.

Pero los peritajes revelan que la mujer no murió en casa de Yarold, como él supuestamente confesó, sino que fue asesinada con un arma punzocortante donde se le encontró, en la casa de enfrente. Además, no se encontraron rastros de sangre ni en la casa de Yarold ni en la calle, como habría pasado si hubiera movido el cuerpo. Los peritajes también confirmaron que el cuerpo de Yarold no tenía rasguños que pudieran confirmar el ataque de él y la defensa de ella.

Lo que tampoco se encontró en contra de Yarold fue un móvil para cometer el crimen. La versión de la Fiscalía es que la mató porque ella intentó cobrarle una deuda bancaria. El banco Compartamos, donde trabajaba la joven asesinada, negó en el juicio que haya enviado a la víctima para cobrarle a Yarold y confirmó que él no tenía adeudo alguno.

Sin embargo, la Fiscalía ignoró esta información y el joven sigue preso.

José Alberto Mosqueda, juez y secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dice que la gran mayoría de las investigaciones de homicidios comienzan con la detención de un supuesto culpable, quien ha confesado el crimen.

Mosqueda trae a la memoria el caso de Israel Arzate, un joven detenido en Ciudad Juárez, confeso de haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar. La defensa del joven demostró que fue torturado.

“Integramos mal las investigaciones y paralelamente utilizamos la detención arbitraria y la tortura”, dice, “por eso es tan común entender que la policía podría ver (la tortura) como un hecho común… que así se hace”.

Carlos Sinuhé fue asesinado el 26 de octubre del 2011 en Topilejo, Tlalpan. Su cuerpo se encontró con 16 impactos de bala que recibió al bajarse del microbús que lo trasladaba de la UNAM a su vivienda.

Han pasado casi siete años desde su crimen y éste sigue impune.

Lourdes Mejía, madre de Carlos, dice que la autoridad, en lugar de investigar, criminalizó a su hijo de 40 años, quien era activista y pasante en la UNAM.

Seis días después del asesinato de Carlos, el 1 de noviembre del 2011, Miguel Ángel Mancera, entonces titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, declaró que en el crimen había un móvil pasional —porque algunos de los disparos fueron en la zona pélvica— y que Carlos era una persona irascible. Agregó que se investigaba su posible vínculo con delitos de narcomenudeo.

El Código Penal de la Ciudad de México dice que comete un delito cualquier funcionario público que utilice información bajo su custodia. Además, la SCJN y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) han dicho que se violan los derechos humanos al exhibir a personas o información contenida en los expedientes de una averiguación. Para la familia de Carlos, las declaraciones de Mancera pudieron influir en el actuar de sus subalternos y las líneas de investigación del crimen.

“Me indigné mucho y se lo dije de frente, en una junta. Él dijo que la prensa lo había orillado a decir eso de mi hijo”.

Además de criminalizar a Carlos, las autoridades cometieron errores en la investigación, de acuerdo con Guillermo Naranjo, abogado de la organización Id(h)eas y representante de la señora.

Primero, el mal resguardo de la escena del crimen; segundo, la inspección formal de la escena del crimen se hizo hasta que pasaron 10 días del asesinato. Ahí se recuperaron tres cartuchos percutidos que el perito entregó al MP y éste no envió a analizar, dice Naranjo.

Tercero, agrega Naranjo, la recolección, resguardo y análisis de la evidencia. Además de los casquillos, los videos recogidos de un Oxxo no se analizaron y se borraron.

Otro error fue la búsqueda y entrevista de testigos. Naranjo explica que, de acuerdo con las cámaras de la SSP, se comprobó que, en el momento del crimen, una patrulla de la Policía Capitalina estaba en el lugar, sin embargo, la Fiscalía no hizo nada para ubicarla y declarar a los policías. Por otro lado, el policía de investigación que llegó a la escena del crimen detectó la presencia de un militar, pero tampoco tomó sus datos para declararlo y saber qué hacía ahí al momento del crimen.

Lourdes hizo una promesa a su hijo el día que entró al Semefo a reconocer su cuerpo. “Entro y veo a mi hijo desnudo, baleado, su ropa estaba tirada en el suelo, él en una mesa de metal, en un charco de sangre y noté que tenía muchos balazos, sus ojos estaban como salpicados de algo, sin brillo. Y lo abracé, lo besé, lo acaricié de su carita y le dije que lo amaba, que si todavía había algo de él que me pudiera escuchar, que supiera que nunca lo iba a dejar y que no descansaría hasta encontrar justicia y encontrar a los asesinos”.

Han pasado casi siete años del crimen y cinco ministerios públicos, y ella sigue firme en su promesa.

Como Carlos Sinuhé que fue criminalizado por las autoridades, las víctimas del crimen de la colonia Narvarte —Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Nicole, Alejandra y Rubén Espinosa— también lo fueron. Karla Micheel Salas, abogada de las familias, explica que la PGJ filtró información a los medios de comunicación para contar una historia que culpaba a las víctimas de su propia muerte, sucedida el 15 de julio del 2015.

“La autoridad inició una campaña negra de desprestigio contra las víctimas. Desde las primeras horas la Procuraduría empezó a construir una narrativa, ‘los que estaban drogándose eran Nadia y Rubén’. Luego se dan cuenta que había una víctima colombiana y, como además era mujer, entonces ella es prostituta y estaba vinculada con los cárteles de la droga. Esa es la fórmula en este país, criminalizar víctimas. Así se intentó bajar la indignación y el reclamo social de justicia”, dice Micheel Salas.

La madrugada del 28 de octubre del 2012, Karla Pontigo Lucciotto, de 22 años, fue trasladada al hospital Central Ignacio Morones, en la ciudad de San Luis Potosí. Estaba gravemente herida, y con una profusa hemorragia en la pierna derecha, provocada en su lugar de trabajo, la discoteca Play Club, de la que era edecán.

Antes de que se cumpliera un año del crimen, la Fiscalía de San Luis Potosí consignó al jefe de Karla y dueño de la discoteca, Jorge Vasilakos, por homicidio culposo, es decir, accidental.

Según la investigación, a la hora de su salida, Karla subió al tercer piso por su mochila, pero iba tomada, entonces se tropezó, se estrelló contra la puerta de cristal y se causó heridas que le provocaron la muerte. El MP concluyó eso después de entrevistar a cuatro empleados y al mismo responsable.

Pero, dice Sandra Salinas, abogada de la familia, quien pertenece a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el ministerio público ignoró la evidencia de que la muerte de Karla fue un feminicidio.

Por ejemplo, en la primera autopsia que se realizó al cuerpo de Karla el médico forense incluyó un examen para determinar si había sufrido una agresión sexual, sin embargo, los resultados desaparecieron del expediente judicial que estaba bajo resguardo del agente del MP. Esto lo confirmó también la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 55/2015.

Además, dice Sandra Salinas, el agente del MP omitió analizar las manos y uñas de la joven para determinar si hubo intentos de defensa. Y eso que el cuerpo de Karla presentaba moretones en el cuello y lesiones en los genitales que ese agente ignoró, al establecer su versión oficial del accidente.

El MP también ignoró la declaración de la señora Esperanza Lucciotto y el novio de Karla, quienes dijeron que el jefe acosaba a la joven.

Por todas estas anomalías la familia de Karla solicitó una nueva autopsia, esta vez realizada por la División Científica de la Policía Federal. Así se encontraron lesiones en zonas cóncavas del cuerpo que difícilmente podrían causarse al chocar contra una puerta. La segunda necropsia registró 40 lesiones en el rostro, cuello, labios, brazos, muñecas, áreas abdominales, pélvica y genitales, heridas que no se haría al estrellarse con una puerta.

La familia de Karla ha tenido que defenderse de la Fiscalía de San Luis Potosí, que se supone es la institución que velaría por sus derechos de verdad y justicia, explica Sandra Salinas.

Y es que la defensa tuvo que interponer un amparo pues la Fiscalía le negó el acceso al expediente de Karla. Un año después se lo entregó y sólo así se enteró que el jefe de Karla había sido consignado por homicidio culposo, por lo cual podría salir libre bajo fianza.

Después de enterarse de esa decisión judicial, la familia interpuso un segundo amparo con el que buscan que la muerte se investigue como un feminicidio y no como accidente. Se espera que este año la SCJN, que atrajo el caso, defina una postura. De lograrse, el mérito sería de la familia que busca justicia para Karla.

Los errores de la Fiscalía fueron tales, que la CNDH denunció penalmente a ocho ministerios públicos y peritos, por no reconocer los derechos de la víctima y abstenerse a “practicar y ordenar los actos conducentes para la comprobación del cuerpo del delito”.

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