Durante 2019 los municipios de Sinaloa dejaron de estar entre los 50 más violentos del país.

El informe La Violencia en los Municipios 2019, realizado por la organización Seguridad, Justicia y Paz, enlista los municipios más violentos considerando la incidencia de los principales delitos intencionales, el homicidio doloso, secuestro, violación, lesiones dolosas, robo con violencia y extorsión.

En 2019 el municipio de Playas de Rosarito, en Baja California, fue el más violento del país; el segundo municipio más violento fue Manzanillo, Colima; y el tercero fue Tijuana, Baja California.

En 2018 Culiacán se ubicó en el lugar 36 y el año pasado pasó al 60; Navolato pasó del 124 en 2018 al 186 en 2019;  Mazatlán del 147 al 174; El Fuerte del 179 al 232; Ahome del 185 al 213; y Guasave se mantuvo en el lugar 200 los dos años.

En el ranking de homicidios dolosos Culiacán se ubicó en el lugar 35 con 472 asesinatos, una tasa de 49 por cada 100 mil habitantes; Navolato quedó en el sitio 91 con 31 asesinatos y una tasa de 19; y Mazatlán en el lugar 117 con 94 crímenes y una tasa de 17 por cada 100 mil habitantes.

El informe señala que en los municipios en los que se enfocó el programa de “prevención del delito”, la inseguridad y la violencia siguen siendo igual o más elevadas que antes y las variaciones en el nivel de violencia en estados, regiones o municipios no guardan ninguna relación con la prevención social del delito, sino sobre todo con los análisis y las decisiones de los grupos criminales y sus pugnas.

El análisis establece que la prevención social del delito carece de toda eficacia en reducir la incidencia de los delitos en general y la violencia en particular.

Señala que no fue el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el primero en pretender reducir la violencia mediante la llamada “prevención social del delito”, esto es, qué con programas de subsidios los delincuentes, supuestamente, ya no se verían “obligados a delinquir”.

En “prevención social del delito” el gobierno de Felipe Calderón gastó 3 mil millones de pesos y el gobierno de Enrique Peña más de 13 mil millones de pesos, indica, pero al final de la administración anterior México tenía el mayor nivel de violencia hasta entonces registrado.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador se propuso profundizar y llevar al límite esa misma política. Sólo en su primer año y en un solo programa (Jóvenes construyendo el futuro), el nuevo gobierno se gastó 43 mil millones de pesos, casi tres veces más que lo que gastaron en ‘prevención social del delito’ los gobiernos de Calderón y Peña en 9 años. ¿Y el resultado? No por muchos ‘becarios’ dejaron de haber sicarios; la violencia empeoró, no disminuyó”, asegura.

Como ejemplo, señalan a Veracruz, el segundo estado con más becas de “Jóvenes construyendo el futuro” y  tiene el municipio Martínez de la Torre, que es el que tiene más secuestros en el país; y además el estado tiene nueve de los 20 municipios con las tasas más elevadas.

Establece que a pesar del fracaso de la “política de prevención social del delito”, para 2020 se presupuestaron casi 70 mil millones de pesos destinados solo a “Jóvenes construyendo el futuro” y hoy el país vive su máximo nivel de violencia.

Además se presupuestaron otros 25 millones de pesos para “Prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos”.

Señala que “el fundamento de la ‘prevención social del delito’ es una falacia: que las personas roban por necesidad, que las condiciones socioeconómicas (pobreza, marginación, desempleo, desigualdad en los ingresos) determinan la conducta criminal. No hay ninguna base científica, empírica, de esta suposición. Se trata de puro dogmatismo ideológico”.

De acuerdo con el informe, según la experiencia universal y nacional, las únicas maneras de prevenir el delito son la desarticulación completa de las estructuras de los grupos criminales, abatir la impunidad mediante la obtención de órdenes de aprehensión, el cumplimiento de esos mandamientos y lograr cada vez más sentencias condenatorias; así como fijarse metas de reducción del delito a cumplirse en plazos perentorios.

El informe contempla los 238 municipios con más de 100 mil habitantes, en los que había en 2019 un total de 82 millones 350 mil 829 habitantes y en donde tiene lugar también el 83 por ciento de los homicidios dolosos, secuestros, accidentes, lesiones dolosas, robos con violencia y extorsiones.

En estos municipios ocurrieron el 72.43 por ciento de los homicidios dolosos en el país; el 65.20 por ciento de los secuestros; el 76.55 por ciento de las amenazas; el 77.86 por ciento de las lesiones dolosas; el 88.03 por  ciento de los robos con violencia y el 79.89 por ciento de las extorsiones.

En 2019, el municipio con la tasa más alta de homicidios fue Playas de Rosarito con 137.79 por cada 100 mil habitantes; en segundo lugar figuró Manzanillo con una tasa de 133.21 homicidios por cada 100 mil habitantes y en tercer lugar Tijuana con una tasa de 114.05.

Artículo publicado el 31 de mayo de 2020 en la edición 905 del semanario Ríodoce.