Hay una historia terrible —adicional— en el caso de los más de 66 levantados por grupos organizados del crimen, y esta es que el propio gobierno no se pone de acuerdo en qué decir al respecto; está paralizado por el terror, nuestra fiscal, Sara Bruna Quiñónez, que en Ríodoce llegamos a calificar como “jueza de hierro” por la forma tan vertical con que asumía su papel en casos delicados de corrupción contra altos funcionarios del gobierno de Mario López Valdez, se ha convertido a fuerza de errores, ineficiencias y miedos, en una fiscal de paja.

Desde que se conoció el caso de los levantados del 22 de marzo, entre ellos mujeres y niños, nuestra señora fiscal se ha encerrado en su bunker de cartón —porque el edificio que alberga la Fiscalía General del Estado es de cartón—, burlando su obligación de informar a los sinaloenses y a los mexicanos qué ha pasado con los más de 60 secuestrados, si ya los liberaron, si quedan algunos todavía en poder de los criminales, si hay alguna estrategia para rescatarlos, si se está negociando su liberación…

Pero tampoco sobre las causas del hecho. Primero se especuló que los levantones tenían que ver con el asesinato de tres hombres en San José de Gracia, Badiraguato, dos de ellos decapitados, pero luego el gobernador adelantó que más bien estaban relacionados con algunos robos. Esta versión se reforzó con mantas que fueron colgadas en Culiacán, donde se exhiben las fotografías de cuatro hombres, dos de ellos pertenecientes a la FGR y a la Policía de Investigación, a los que se acusa de comandar células de ladrones. Las mantas estaban firmadas con las iniciales “IAG”, que son las mismas iniciales de Iván Archivaldo Guzmán.

Sin que se haya confirmado todavía por autoridad alguna, lo más probable —la falta de información obliga a conjeturar— es que los hechos tengan que ver con esto último, pues es vox populli que a los secuestrados les quitaron todas sus pertenencias —casas, terrenos, vehículos, dinero, ganado—, supuestamente para recuperar lo que les habían robado a los que ordenaron los secuestros.
Sobre la información que se ha manejado, el gobernador primero desdeñó los hechos diciendo que “son cosas que pasan”, y luego, en una conferencia semanera dijo que las familias —porque fueron familias completas— no fueron levantadas con lujo de fuerza, sino que fueron conminadas a un acompañamiento, tendríamos que inferir, que hasta voluntario.

El secretario de seguridad pública, Gerardo Mérida Sánchez, hasta inventó una nueva categoría para no hablar de secuestros o levantones, al afirmar que estábamos ante casos de “ausentes de sus hogares”.
El mismo funcionario ha estado cometiendo pifias informativas, al grado de comprometer la credibilidad del mismo gobernador, pues primero, hace ya diez días, dijo que a los ocho que aún tenían secuestrados, ya los iban a liberar —como si él estuviera al frente de una negociación con los autores—, lo cual no ocurrió. Y días después afirmó que ya los habían liberado, lo cual no fue cierto y, por el contrario, desmentido por los familiares de los levantados.

El problema es que luego de esta afirmación, el gobernador Rubén Rocha festejó que el problema ya estaba resuelto, cuando no era verdad. ¿Qué no hay una mesa de seguridad donde participan todos los mandos y donde intercambian información?, ¿cómo funciona esta mesa?, ¿o no existe realmente?, ¿necesita el jefe del Ejecutivo más razones para pedir un cambio a la Sedena?

Una cosa queda clara con todo esto y es que la violencia en Sinaloa está escalando a niveles que no existían, donde la población ahora es víctima cotidiana; es un tema no solo de cantidad —en la actual administración han estado subiendo casi todos los delitos— sino también de perfil de la violencia. Ya no son bandas del crimen organizado enfrentándose; esa ya no será una respuesta del Gobierno que satisfaga al ciudadano que exige seguridad; es el crimen organizado contra la población, algo que han estado haciendo en otras zonas del país otras organizaciones criminales y por lo cual han sido, en algunos momentos, más combatidas por las fuerzas del gobierno.

Bola y cadena
PRUEBA DE ELLO SON LOS MÚLTIPLES casos de extorsión que se han estado denunciando en el sur y norte de Sinaloa; en el sur contra los migrantes y presuntamente con la complicidad de las empresas transportistas y los conductores de las unidades de transporte, y en el norte contra camioneros que ingresan a los campos agrícolas para sacar la papa ahora que es la temporada de cultivo; y lo último, deleznable y hasta absurdo, la extorsión a pasajeros de transporte que no son de Sinaloa a condición de no ser bajados de la unidad. Esto en Guasave.

Sentido contrario
NOMÁS ESO FALTABA PARA QUE los funcionarios rosalinos acusados de corrupción y abuso de autoridad se engallaran más; ahora un juez le otorgó un amparo a Madueña y a Robespierre, rector y encargado de despacho, bajo el argumento de que la ASE no tiene facultades para auditar los recursos propios de la UAS.

Humo negro
HABIENDO UNA BRECHA TAN GRANDE entre las dos candidatas a la presidencia, los debates solo van a servir para calentar las campañas, hasta hace días todavía frías; pero no cambiarán los resultados. Claudia S, con la delantera que lleva, jugará atrás, como en el futbol cuando un equipo va ganando, tal y como lo hizo el domingo pasado; y Xóchitl G, que le urge remontar y reducir la diferencia, demostró que no tiene con qué. Y con las tarugadas que dice un día sí y el otro también, menos.

Artículo publicado el 14 de abril de 2024 en la edición 1107 del semanario Ríodoce.