En las compras irregulares por 45 mdp en tortillas, la Fiscalía General del Estado no ha acreditado que los involucrados eran funcionarios de la UAS ni ha presentado pruebas de las adquisiciones

La Fiscalía General del Estado logró vincular a proceso a funcionarios de la UAS por compras irregulares de 45 millones de pesos en tortillas, y seis meses después no tiene documentos para acreditar que los involucrados eran funcionarios ni las pruebas de la compra.

La semana pasada el asesor victimal solicitó al juez reabrir la investigación para obtener documentos sobre funcionarios y compras durante la administración del exrector Juan Eulogio Guerra Liera.

En la investigación están involucrados Guerra Liera, el rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina; y los ex integrantes del Comité de Adquisiciones, Salvador Pérez Martínez, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Manuel de Jesús Lara Salazar, Héctor Melesio Cuen Díaz, Norma Alicia Aguilar e Ismael García.

El ex rector y el rector fueron vinculados a proceso penal por el delito de desempeño irregular de la función pública y el resto por ejercicio indebido del servicio público el 15 de septiembre de 2023 y el pasado 14 de marzo venció el plazo para que la Fiscalía cerrara la investigación y presentara acusación formal.

Janer Guillermo Senado, el asesor victimal público que representa a la universidad en calidad de ofendida, pidió al juez reabrir la investigación.

Señaló que la FGE no tiene diversos documentos y el ministerio público ya no los puede obtener porque el plazo para terminar la investigación, venció.

La información es del periodo de Guerra Liera como rector.

Entre los documentos que no tiene la FGE mencionó que están las copias de los nombramientos de Juan Eulogio Guerra Liera, Norma Alicia Aguilar, Óscar Orlando Guadrón, Manuel de Jesús Lara Salazar y de Ismael García como servidores públicos de la universidad.

Para acusar por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, la FGE debe acreditar que los involucrados eran servidores públicos.

La FGE tampoco tiene información relacionada con el proveedor Sergio Chaidez Monárrez, al que supuestamente le compraron las tortillas.

El asesor victimal dijo que la Fiscalía no obtuvo el auxiliar contable del proveedor, órdenes de compra, notas de entrega, autorizaciones de pago, comandas de servicios, comprobantes de transferencias y facturas.

Janer Guillermo Senado reconoció que hubo una “negligencia”, al no haber solicitado esa información antes de que terminara el plazo.

El ministerio público, señaló, ya no puede obtener esa información porque el plazo ya venció, por lo que solo el asesor victimal o los defensores pueden solicitar la reapertura de la investigación.

El asesor pidió reabrir la investigación para conseguir esos documentos y un nuevo plazo de cuatro meses.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum preguntó al ministerio público si estaba de acuerdo con la solicitud y contestó que sí, al mismo tiempo que Madueña Molina gritó “si va estar en descuerdo, como no”.

El juez concedió los cuatro meses, por lo que la investigación cerrará hasta el 14 de julio.

Los abogados de Norma Alicia Aguilar y Juan Eulogio Guerra habían manifestado que también solicitarían reabrir la investigación, pero después de escuchar que la asesoría victimal solicitó la reapertura para obtener información sobre sus defendidos, desistieron y se opusieron a que se reabriera.

Durante la audiencia, el defensor de Jorge Pérez Rubio, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, dijo que todo era un “circo procesal” y un círculo de complicidades en el que se presentaban situaciones fuera de toda disposición constitucional.

“¿Por qué tanta urgencia de judicializar una carpeta incompleta, que no tenía elementos para formular imputación?”, cuestionó.

Espero que la conciencia no lo deje intranquilo, dijo al juez.

Milton Ayala, abogado de Madueña Molina, señaló que no había condiciones para celebrar la audiencia porque a la universidad, que es la ofendida, no le notificaron que solicitarían reabrir la investigación.

Señaló al juez que le da impotencia y coraje las arbitrariedades que cometen en el proceso penal.

Antes de iniciar la audiencia, los defensores trataron de diferirla, pero no pudieron.

Héctor Melesio Cuen Díaz dijo que no pudo localizar a su abogado, quien no se encontraba en la sala, y pidió diferir la audiencia.

El juez resolvió reprogramar la audiencia, pero solo para Cuen Díaz, y celebrarla en ese momento para el resto de los imputados.

Los defensores se opusieron y aseguraron que el juez violaba el debido proceso, ya que no podían separarse las causas penales y la audiencia tenía que celebrarse con todos los imputados.

El juez consideró que era infundado lo que decían los defensores, porque para que haya una separación de causas penales primero debió haber una acumulación de varias y en este caso solo se trata de una.

Agregó que había condiciones para celebrar la audiencia, y mientras los abogados le pedían la palabra y decían que no había condiciones, el juez dio la palabra al asesor victimal para que hiciera la solicitud.

El asesor empezó a hablar y hacía pausas debido a que todos los defensores al mismo tiempo continuaban pidiendo la palabra y decían que no había condiciones y el juez decía: “continue, lo escucho”.

Los defensores insistían en que les dieran la palabra, mientras el asesor hablaba, y el juez solo les decía “vamos a escuchar al asesor”, hasta que guardaron silencio.

Los defensores promovieron una queja contra el juez por supuestamente no verificar si había condiciones para celebrar la audiencia, ya que la víctima no estaba notificada, y el juez la admitió y señaló que la turnaría a la autoridad jurisdiccional correspondiente para que resuelva.

Artículo publicado el 07 de abril de 2024 en la edición 1106 del semanario Ríodoce.