Las instancias investigadoras han actuado discrecionalmente y sin prontitud ante las quejas presentadas por el organismo ciudadano
Para Iniciativa Sinaloa las autoridades investigadoras han dejado ver entre líneas la discrecionalidad y falta de prontitud ante denuncias presentadas por personas físicas y morales o autoridades gubernamentales competentes, sobre faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos.
El señalamiento está basado en la propia experiencia de la organización. De junio de 2020 a diciembre de 2022 no cuentan con un avance concreto o sólido sobre el estatus de las denuncias presentadas.
Iniciativa Sinaloa señala que si busca obtener información sobre el estatus de las denuncias es mediante llamadas telefónicas a oficinas en donde suele no estar el servidor público competente o mediante solicitudes de información, en las que generalmente se responde que se encuentra “en estado de investigación”, sin dar mayor información al denunciante.
La organización se ha pronunciado por la necesidad de revisar el funcionamiento de las instancias investigadoras en materia administrativa, como es el caso de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, para acabar con la impunidad en casos de corrupción.
“No se ha tomado en consideración la valentía y compromiso de los ciudadanos que gastan tiempo, dinero y esfuerzo en la presentación de una denuncia administrativa o penal”, señala Marlén León Fontes, directora del organismo, en un documento presentado ante el Congreso del Estado.
En una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado la directora de Iniciativa Sinaloa dijo que se busca establecer plazos para la resolución de las denuncias y sus correspondientes investigaciones, a través de reformas a los artículos 91 y 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
De acuerdo a su propuesta, una vez que se inicie una investigación, la cual puede ser por denuncia, por oficio o derivado de una auditoría, se tendrían 365 días naturales para la realización de las indagaciones y un plazo adicional de 183 días para una investigación complementaria.
En forma adicional se propone que la autoridad investigadora tendría la obligación de informar cada tres meses al denunciante el avance que guarda la investigación.
Las faltas administrativas no sancionadas en la Academia de Beisbol
El sinsabor de las denuncias en las que prevalece lentitud en las investigaciones, puede mostrarse en la relativa a la Academia de Beisbol. Hace casi siete años, el 5 de abril de 2017, Iniciativa Sinaloa denunció presuntas faltas administrativas en la obra construida en 2014 durante la administración de Mario López Valdez.
La denuncia había sido presentada ante la Secretaría de Obras Públicas, pero al no contar con un Órgano Interno de Control, se derivó a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Fue hasta el 21 de febrero de 2024, cuando esta dependencia emitió una resolución al expediente STRC-DRSP-071/2017. La respuesta oficial, tras casi siete años de espera, fue que una vez agotadas todas las investigaciones, no se habían encontrado elementos para fincar responsabilidades a servidores públicos de la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
De acuerdo con la investigación realizada por Iniciativa Sinaloa y que sirvió de sustento de la denuncia, cuatro de cada cinco contratos para la realización de la Academia de Beisbol debieron licitarse. En lugar de optar por este procedimiento, el gobierno de Malova prefirió la modalidad de invitación a cuando menos tres personas.
La denuncia empolvada de Preecasin
Después presentar cuatro veces una denuncia sobre presuntos hechos de corrupción de PREECASIN (Preesforzados, Agregados y Concretos de Sinaloa), el caso no se ha resuelto.
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Fue en abril de 2020, cuando Iniciativa Sinaloa presentó una denuncia ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas por posible peculado, abuso de funciones y encubrimiento en PREECASIN.
En la denuncia se presume la comisión de delitos por haber subcontratado a empresas privadas al fraccionar obra pública y hacer pasar las compras como subcontrataciones de obras.
Al hacer la denuncia, la agrupación solicitó iniciar las investigaciones por la comisión de faltas administrativas graves contempladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Contrataciones irregulares en Salud, denuncia sin respuesta
Otra denuncia fue la presentada hace tres años, aún sin respuesta, por contrataciones irregulares en el área de Servicios de Salud del Gobierno del Estado.
Fue en diciembre de 2020 cuando Iniciativa Sinaloa presentó dos denuncias por posibles actos de corrupción cometidos en contrataciones de los Servicios de Salud de Sinaloa durante el sexenio de Mario López Valdez y en el primer año del periodo de Quirino Ordaz Coppel.
De acuerdo a la investigación realizada, 60 contratos que deberían haberse licitado por un monto de 955 millones de pesos, se pactaron de manera directa. De esos 60 contratos, 15 fueron realizados en el gobierno de Ordaz Coppel, en tanto que López Valdez pagó 672 millones por este tipo de contratos.
Contratos con empresas factureras
En febrero de 2021, lniciativa Sinaloa presentó una denuncia por la contratación de “empresas factureras” ante la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. A la fecha no han recibido respuesta sobre las investigaciones.
La denuncia señaló la contratación de empresas “fantasmas” por parte del gobierno estatal, el Congreso local y los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán.
Basada en datos de una detallada investigación propia, Iniciativa Sinaloa señaló que encontró que entre 2014 y 2019 se contrataron empresas reportadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) porque simulan operaciones fiscales.
Artículo publicado el 24 de marzo de 2024 en la edición 1104 del semanario Ríodoce.
