“Tiene que ver con extorsión. A los que si están dejando transportar (papa) les cobran una cuota extra de algún grupo del que aún no tenemos…conocimiento…pleno. Se sabe esto porque ponen un distintivo al carro que paga un porcentaje”. Dr. Rubén Rocha Moya. 11 de marzo. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.

Poco más de mil campesinos de Ahome, Guasave, El Fuerte y Sinaloa producen papa en sus parcelas y en la recolección laboran varios miles de jornaleros.

Son 12 mil 500 hectáreas las que se cultivan y se espera una cosecha de 400 mil toneladas.

En octubre los campesinos tuvieron que resembrar por los daños que les ocasionó el huracán “Norma”. Ahora tienen otro problema.

“En Mazatlán, un grupo de delincuentes cobra el servicio de energía eléctrica. El superintendente me informó que colocan calcomanías en los medidores para decirles a los que van y checan que no deben cortar la luz, porque son protegidos por pagar una cuota”. Dr. Rubén Rocha Moya. 8 de febrero. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.

“En San Ignacio la minería está controlada, acosada por la delincuencia organizada. Muchos de los pequeños empresarios locales han sido desplazados de la actividad ante el cobro de derecho de piso y las amenazas”. Representante minero que pidió el anonimato. 11 de marzo. Nota del periódico Reforma.

“Hemos tenido extorsiones arriba del camión. Es un problema que se tiene que regular. El propio chofer se para y les dice: ‘Saben qué, nos van a parar y allá nos van a pedir tanto”… Tenemos información de que cobran hasta 1 mil 500 pesos cuando se trata de migrantes”. Dr. Rubén Rocha Moya. 8 de febrero. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.

En Culiacán, el medio Luz Noticias publicó, el 20 de febrero de 2023, una denuncia de cobro de piso.

“La persona denunciante asegura que alguien llegó y pegó una calcomanía en su establecimiento con un número de teléfono al cual se tenía que comunicar si quería seguir con vida, lo hizo y quien respondió la llamada le dijo: «si quieres estar bien con nosotros, debes pagar al mes».”

Durante las primeras dos noches del año en Culiacán, 114 videocámaras fueron destruidas a balazos. Dos meses y medio después no hay ningún detenido.

El control del territorio no está en manos del gobierno.

Hay otros grupos que regulan lo que sucede en varios ámbitos y partes del estado.

Hay otras leyes.

Vivimos procurando no provocar su enojo.

Vivimos deseando que no coincidan con nuestra familia en la calle.

La labor fundamental de los gobiernos es proteger la vida y la propiedad de las personas. Las sociedades se fundan con base en un pacto social que establece que nadie ejercerá la violencia, solamente las autoridades que nombramos para ello.

Se le entrega, al gobierno, el monopolio del uso de la fuerza.

En Sinaloa hay otros grupos que usan la fuerza y la violencia contra los demás en forma ilegítima, porque no los elegimos para ello, y de manera impune porque la autoridad electa no es capaz de impedirlo.

Hay un gobierno fallido. Otro poder está armado.

Las sociedades que viven en paz son aquellas donde por consenso se establece lo que es prohibido y lo que es permitido y ahí se ven reflejados los intereses de las partes. Los gobiernos deben garantizar que así sea junto con el sistema de aplicación de justicia y los diputados locales.

En Sinaloa, una parte impone sus intereses a los demás y dicta sus propias normas de comportamiento.

Una parte nos pone a bailar al son que toca, a hacer lo que les conviene a ellos, no porque nos convenza sino porque puede.

Hay un gobierno ausente. Otro poder manda.

Esa es la clave. No mandan los electos en campaña que son vigilados por la prensa, auditados por los órganos de fiscalización, evaluados por los especialistas, denunciados por la gente, limitados a tener autoridad solo por tiempo determinado y con el contrapeso del congreso y el poder judicial.

Mandan los que su único acotamiento es su antojo.

De ahí se derivan estadísticas.

En el segundo año del gobierno estatal actual, 2023, asesinaron a 532 personas, esto es, una cantidad mayor a la del primer año, 2022, cuando mataron a 476.

A veces serán 500 muertos, otros años, 400. Serán los que necesiten que sean. Los malos gobiernos festejarán las reducciones estadísticas, pero ocultarán lo central: las autoridades no mandan, lo hacen los poderes fácticos.

El control del territorio de Sinaloa no lo tiene el gobierno.

No vivimos en una sociedad pacífica.

Hay miles que perdieron todo o murieron víctimas de ello.

Otros hemos tenido suerte.

A los hijos les estamos dejando esta sociedad de violencia, abuso y muerte.

Todo indica que para ellos será más duro porque las cosas van para peor.

Deseémosles suerte.

O cerremos los ojos ante la realidad.

Artículo publicado el 17 de marzo de 2024 en la edición 1103 del semanario Ríodoce.