Demuelen viviendas en la invasión Bugambilias en Mazatlán

LA DEMOLICIÓN. Viviendas destruidas.

Durante la “trifulca” originada por el desalojo, una colona resultó lesionada

La sociedad mercantil “Por un Patrimonio Digno Ampliación La Esperanza”, dueña de los terrenos donde se ubica la invasión Bugambilias en Mazatlán, que tiene 12 años de antigüedad, desalojó y demolió viviendas de los colonos a los que el gobernador Rubén Rocha Moya, prometió apoyar con “escrituras gratis” a quienes tuvieran más de 10 años viviendo de forma pacífica, continua y de buena fe.

Eduardo Abad González, representante legal de la empresa propietaria de los predios, informó que el proceso de desalojo y demolición empezó desde hace un mes, pues la consigna era tumbar 13 casas, pero todavía faltan cuatro.

Nueve de las 13 viviendas improvisadas que ocupaban los terrenos propiedad de la sociedad mercantil denominada “Por un Patrimonio Digno Ampliación Bugambilias La Esperanza Sociedad Anónima de Capital Variable”, han sido convertidas en ruinas por la máquina retroexcavadora.

El desalojo de los habitantes de la “invasión” Bugambilias La Esperanza, ubicada por la avenida Manuel J. Clouthier, dejó a la joven Joselyn Llamas Sánchez, lesionada por las presuntas agresiones de la presidenta de la mencionada sociedad mercantil que demolió la vivienda de la colona.

COLONOS AFECTADOS. El grito de auxilio.

“Yo ya puse denuncia en contra de Yolanda Ríos Sánchez, quien de ser líder colona que supuestamente nos ayudaba a los colonos, ahora se dice que es dueña de los terrenos que habitamos”, dijo Llamas Sánchez, de 24 años, quien asegura que fue agredida por la exlíder y otras dos mujeres.

La damnificada sostiene que desde hace siete años habitaba en la “invasión” Bugambilias, pues una líder colona le vendió en 20 mil pesos cada lote, pero que, pese a ello, llegó la máquina retroexcavadora y arrasó con su casa.

El 7 de marzo, Joselyn Llamas Sánchez, quien tenía su casa en la calle Arroyo Pardo, lote 97, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra su presunta agresora Yolanda Ríos Sánchez.

Dicha demanda originó el oficio 00494/2024, donde Marcos Conde Lizárraga, Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Adscrito a la Unidad de Atención Temprana y Primer Contacto de la Región Sur, solicitara al secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, que brindara seguridad personal vía rondines con patrullas a Llamas Sánchez.

“En vista que se encuentra como víctima del delito de lesiones dolosas y/o el que resulte”, se lee en el mencionado oficio de la FGE.

Otra de las mujeres desalojada y damnificada con la demolición de su vivienda criticó que a pesar de que los policías municipales fueron testigos de los hechos, no impidieron la acción destructora.

“Desde mi punto de vista, hubieran parado el desalojo y la demolición, pero llegaron como tres patrullas de policías municipales y no hicieron nada”, dijo.

También dos hombres que se identificaron como José Humberto Hernández y Esteban Colio aseguraron ser afectados del desalojo y la demolición de sus casas, perpetrada por los representantes legales de la sociedad mercantil.

La réplica del representante legal

“Lo que nosotros buscamos es que no haya violencia, porque estamos haciendo las cosas legalmente”, aseguró Eduardo Abad González.

Entrevistado por Ríodoce, Abad González, secretario de la sociedad mercantil “Por un Patrimonio Digno Ampliación La Esperanza, SA de CV”, dijo que ésta es la legítima propietaria del predio de una superficie de 9.5 hectáreas, donde estaban construidas las casas demolidas.

“Mira la escritura pública no miente, lo que digo es verdad, yo la traigo para que no vayan a buscarla al Registro Público de la propiedad”, añade.

Mientras Abad González exhibía una escritura pública que acreditaba la propiedad, sostuvo que desde hace un mes está en curso el desalojo que, hasta el martes 7 de marzo, sumaba nueve viviendas demolidas, pero quedaron cuatro casas pendientes, porque las familias no quisieron salirse.

LA ESCRITURA.

“Son 13 lotes en total, me quedan cuatro, son cuatro familias de las casas que no he tumbado porque no se quieren salir de las viviendas, y eso se va a un procedimiento”, dijo.

Respecto a la violencia física que se suscitó entre la colona Joselyn Llamas Sánchez y la ex líder, Yolanda Ríos Sánchez, el secretario de ésta, respondió que el modo de operar de los desalojados es agredir para luego demandar.

“Mira, como violencia genera violencia, esas personas, el modus operandi de todos ellos (los colonos) es agredir para que te enganches a hacer la trifulca y demandar”, enfatizó.

La “trifulca” originada durante el desalojo y la demolición de viviendas en la invasión Bugambilias terminó en una demanda interpuesta ante la FGE contra Ríos Sánchez, presidenta de Sociedad Anónima de Capital Variable.

Los damnificados reprocharon a Eduardo Abad González que no presentó ninguna orden de desalojo y demolición emitida por un juez, y respondió que no se necesita dicha resolución porque tiene escritura pública de la propiedad.

“No ocupo una orden de desalojo, entonces yo invito: si estás inconforme trae a tu abogado. Viene su abogado, ve la escritura y dice bueno hasta ahí, estamos bien”, dijo.

Artículo publicado el 17 de marzo de 2024 en la edición 1103 del semanario Ríodoce.

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