Los representantes legales y asesores jurídicos victimales que defienden a la Universidad Autónoma de Sinaloa acudirán ante un juez federal para promover un amparo en contra de la decisión tomada por el juez Adán Alberto Salazar Gastélum, quien revocó a dichas figuras al considerar que había un conflicto de interés.
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A través de los micrófonos de Radio UAS, el doctor José Ramón Bonilla Rojas, quien hasta hoy fungía como asesor jurídico de la institución, informó que en audiencia especial solicitada por la Fiscalía, el juez de control determinó nombrar a asesores victimales públicos para que defiendan los intereses de la Universidad, por lo que aseguró que promoverán un amparo ante jueces de distrito.
Y es que con ello se está violando el derecho de la comunidad universitaria a elegir quién los represente en dicho juicio, pues la ley marca al respecto que el nombramiento de asesores le corresponde ineludiblemente a la víctima u ofendido y no a la Fiscalía ni al juez.
Consideró que esta acción se deriva al no haber accedido a secundar los argumentos de los fiscales, así como no haber sido comparsa de la Fiscalía, pues éstos acusaron a los asesores jurídicos de la institución de haber un conflicto de interés, ya que en reiteradas audiencias indicaron que los directivos de la Universidad no eran servidores públicos; se opusieron a la separación del poder del Rector bajo el argumento de uno de los artículos de la Ley Orgánica, que señala que el Consejo Universitario es la autoridad competente para remover y nombrar Rector.
“Los representantes legales de la Universidad y un servidor sabíamos que íbamos al matadero, sabíamos que no nos iban a dar la razón, sabíamos que tenían ellos forzosamente qué quitarnos, por qué, porque somos un estorbo para la Fiscalía, porque nosotros no somos comparsa y porque nosotros exponemos la realidad”, externó.
Asimismo, manifestó que los fiscales le reprocharon a los representantes legales y asesor victimal el haber hecho del conocimiento que el subsidio estatal se cubría con participaciones federales y quien debería de investigar era la Fiscalía General de la República, y que un juez de control a nivel federal era el que debería de conocer el asunto, así como haber invocado la propia Ley Orgánica para decir que le correspondía denunciar a la propia Universidad.
“Los argumentos que daba el juez para pedir el reemplazo es que hemos violado los principios del procedimiento penal que te habla sobre el esclarecimiento de los hechos; lo que les molesta a estos genios es que uno les haya dicho cómo funciona la Universidad, cuál es el subsidio estatal, el federal, las aportaciones federales con las que cubre el Gobierno del Estado mayoritariamente el subsidio estatal, que los ingresos propios no son recursos públicos, y eso dicho por tribunales colegiados”, expuso.
Consideró que estos argumentos legales sustentados en distintas leyes federales, locales y reglamentos ocasionaron la ira de la Fiscalía, la cual arguyó que existía un conflicto de intereses y que ponía en riesgo la reparación del daño para la Universidad, lo cual acusó no tiene coherencia, ya que fueron los propios fiscales, quienes en audiencia dijeron que los delitos que se imputan no son delitos que impliquen que se haya dañado al patrimonio o haya un daño a la función pública.
“Lo irónico del asunto, y se lo argumenté al juez, al igual que el licenciado Yamir Valdez, era que la propia contadora de la Fiscalía, cuando compareció a las audiencias y se le preguntó, se lo preguntamos nosotros, se lo preguntaron tanto los fiscales como los defensores, si había un daño patrimonial a la universidad, palabras textuales de la contadora de Fiscalía que ellos utilizaron como peritos contables, dijo que no había daño patrimonial”, comunicó.
Bonilla Rojas, reiteró que están en la posibilidad de acudir ante un juez federal para promover un amparo en contra de la decisión tomada por el juez Adán Alberto Salazar Gastélum y enfatizó que, en Sinaloa no existe la división de poderes y que los procesos donde se ve involucrada a la Universidad, son procesos jurídicos viciados y contaminados por una intencionalidad política que sólo refleja el interés por parte de fiscalía y del Gobierno del Estado.
“Estamos es un estado de terror y de miedo, donde desde la gubernatura, el Poder Ejecutivo se orquestan carpetas de investigación para callar a los disidentes, para callar a las personas que no están de acuerdo y, sobre todo, para querer colonizar a las instituciones, que no quepa duda el problema con la Universidad es que el Gobernador la quiere colonizar y no ha podido”, concluyó.
