La ASF también detectó pagos en exceso por más de 74 mdp en la obra de la presa Santa María

En el ejercicio de los recursos públicos de 2022, en los Servicios de Educación Pública Descentralizada de Sinaloa de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, hubo un probable daño a la Hacienda Pública por 166 millones 334 mil 719 pesos, por gastos sin comprobar y pagos a trabajadores muertos o con licencia sin goce de sueldo, reveló la Auditoría Superior de la Federación.

Lea: Detecta ASF contratos irregulares en Salud, IEES y Fiscalía

La ASF señala que, en el rubro de Participaciones Federales a Entidades Federativas, la Secretaría de Administración y Finanzas realizó transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas a 55 dependencias.

El informe indica que 51 reportaron en qué se ejercieron los recursos y durante la auditoría lo hicieron otras tres, sin embargo, los SEPDES aclararon el gasto de 438 millones 280 mil pesos, pero no comprobaron 164 millones 447 mil 862 pesos.

La ASF menciona que además pagaron 468 mil 509 pesos a ocho trabajadores de la Secretaría de Administración y Finanzas con permiso sin goce de sueldo y un millón 418 mil 348 pesos a 47 trabajadores de la SEPYC, por lo que presume un daño de un millón 886 mil 857 pesos.

Con recursos del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, realizaron pagos a personal con licencia sin goce de sueldo por 555 mil 500 pesos; a personal después de la fecha de baja definitiva de la dependencia por 214 mil pesos; a trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2022, por 136 mil pesos, lo que generó un probable daño por 906 mil 300 pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

“En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa infringió la normativa, principalmente en materia de los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, indica.

Del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, detalla que se realizaron pagos a trabajadores después de la fecha de baja definitiva de la dependencia por 256 mil pesos y a trabajadores identificados como decesos por 258 mil pesos y mediante la nómina estatal subsidiada, se realizaron pagos a trabajadores con licencia sin goce de sueldo por 281 mil pesos, lo que generó un probable daño a la hacienda pública federal por 796 mil pesos, que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

En los Servicios de Salud, la ASF revisó una muestra de 140 expedientes de servidores públicos pagados con recursos del FASSA y constató que los expedientes de tres trabajadores carecen de la documentación que acredite los requisitos académicos para el perfil de la plaza desempeñada, consistente en cédula y título profesional de especialidad en áreas básicas de la medicina, pero no se generó observación debido a que en el transcurso de la auditoría reintegraron a la federación 251 mil 816 pesos.

La ASF indicó que en todo el país la falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos ascendió a mil 237 millones de pesos, de los cuales 36 por ciento corresponden a Durango con 455 millones de pesos; 26 por ciento a Michoacán con 321 millones; 23 por ciento a Colima con 296 millones y el 13 por ciento a Sinaloa, con 164 millones.

Los pagos improcedentes fueron por 689 millones con pliegos de observaciones y los estados de Colima, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua concentraron el 15 por ciento.

Sobre costos en la presa Santa María

En la construcción de la presa Santa María hubo pagos por obras no concluidas y en exceso por 74 millones 849 mil 861 pesos, determinó la Auditoría Superior de la Federación.

La obra realizada por Conagua fue inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2023, en el municipio de Rosario.

En la cuenta pública de 2022, la ASF señala que hubo daño a la hacienda pública en el ejercicio de los recursos.

Detalla que en el proyecto “construcción de la presa de almacenamiento Santa María” y “rehabilitación del canal principal margen izquierda del proyecto Baluarte Presidio”, pagaron 62 millones 535 mil 983 pesos en exceso por “regalías por préstamo de banco grava-arena” y “regalías por préstamo de banco de roca”.

En el proyecto “rehabilitación del canal”, además, pagaron 10 millones 837 mil 214 pesos por la fabricación, transporte, instalación y prueba de compuerta radial, y no acreditaron que realizaron las pruebas, la presencia del inspector en sitio, ni la conclusión de los trabajos, por lo que no se debieron pagar.

En el mismo proyecto de “rehabilitación del canal principal” hicieron un pago de un millón 479 mil 664 pesos, por “suministro, instalación y configuración de medidor de flujo en canal incluye levantamiento topográfico, suministro de sensores de velocidad, nivel y presión, unidad electrónica y medios de almacenamiento de datos”, pero no se acreditó la conclusión de los trabajos, por lo que tampoco se debió pagar ese concepto, indica la ASF.

Pagos a personal sin perfil y compras no autorizadas en la UAS

La ASF detectó irregularidades por 117 millones de pesos gastados en 2022 en la UAS, por pagos a trabajadores que no cumplen con el perfil, gastos en conceptos no autorizados, falta de evidencia de entrega de los bienes adquiridos, pagos a proveedores que trabajan en la universidad y compras de combustible que no se pudo corroborar que fueron para el parque vehicular de la institución.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos por 91 millones 949 mil pesos a 236 trabajadores con puesto de profesor investigador de carrera de tiempo completo asociado sin acreditar el grado de maestría exigido; y a 248 profesores investigadores de carrera de tiempo completo titular, sin contar con el grado de doctorado.

Además, hubo un posible daño al erario por 535 mil 14 pesos por 65 pagos realizados por sueldos en exceso.

La ASF presume un probable daño en las Participaciones Federales por realizar pagos por concepto de fondo revolvente que no se encuentran autorizados.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Estatal por un monto de 15,969,048.61 pesos (quince millones novecientos sesenta y nueve mil cuarenta y ocho pesos 61/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las Participaciones Federales, por realizar pagos por concepto de fondo revolvente que no se encuentran autorizados dentro de las políticas específicas por concepto del gasto de la UAS”, indica.

Entre esos gastos se encuentran pagos con conceptos de Alimentos Chatarra, Alimentos Premium, Artículos de despensa, Uso personal, Festejos de Oficina, Vestimenta de Uso personal, Anticipos, Comisiones, Multas y Recargos, Arreglos florales, Botana, Restaurantes y Construcción y Mantenimiento que no están autorizados; y 7 mil 435 pagos por concepto de “Consumo”, sin que se especificara el detalle de ese gasto y en el transcurso de la auditoría proporcionaron la documentación justificativa y comprobatoria consistente en órdenes de compra, facturas, tickets de compra y listas de asistencia del personal que laboró durante los días en que fueron realizadas las erogaciones, pero solo justificaron 83 pagos.

La ASF también identificó irregularidades en 2 millones 747 mil 651 pesos por concepto de pagos de “Gasolina Premium” y “Diesel”, de los cuales no se pudo corroborar que las condiciones de los vehículos requirieran ese producto y que su carga correspondiera a unidades del parque vehicular de la UAS; y en “consumo de alimentos”, “papelería”, “renta de mobiliario”, “servicios de control y prevención”, “servicios de renta de sonido”, “asesorías a programas de posgrado”, entre otras, que los beneficiarios de los pagos fueran personas que trabajan dentro de la UAS.

De los “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”, la ASF presume un daño de 4 millones 618 mil 894 pesos por la falta de la documentación comprobatoria de la entrega de los bienes cuyos pagos por la adquisición de materiales para el mantenimiento de la infraestructura, útiles y enseres menores de tecnologías de la información y comunicación, material eléctrico y electrónico, materiales y útiles de impresión y reproducción y refacciones y accesorios menores de equipo instrumental médico y de laboratorio; adquisición de servicios de difusión institucional (spots y entrevistas), entre otros.

La ASF también señala un posible daño por un millón 208 mil 296 pesos por compras de un mismo producto con múltiples proveedores y a distintos precios.

Los auditores revisaron 17 expedientes de adquisiciones y obra pública por un monto de 43 millones 373 mil pesos, e identificaron que los proveedores y/o contratistas, tuvieron vínculos comerciales entre ellos, consistentes en compartir mismos socios, accionistas, representantes legales o administradores únicos.
En una de las empresas, un socio es también Coordinador “I” adscrito a la Dirección del Centro de Instrumentos de la Dirección de Control de Bienes e Inventarios de la UAS, señala la auditoría.

En los contratos asignados por invitación restringida o por adjudicación directa, detalla, el procedimiento de excepción a la licitación pública no se encuentra fundado y motivado, y no se hizo constar en el acta de adjudicación.

La ASF no estableció como daño al erario los montos de esos contratos, pero emitió la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que “la Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación realice las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, y en su caso, determine la presunta responsabilidad administrativa correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, adjudicaron los contratos bajo la modalidad de invitación restringida o adjudicación directa, los cuales no se encuentran debidamente fundados ni motivados”.

El informe concluye que “se determinó un monto por 117 millones 308 mil 789.38 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 243 mil 060.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF”.

Artículo publicado el 25 de febrero de 2024 en la edición 1100 del semanario Ríodoce.