Indígenas revientan imposición en INPI

felipe montaño

Reeditan la división de pueblos originarios

Funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) manipularon una convocatoria para imponer a un consejero mayo-yoreme a modo, ardid que fue detectado por la disidencia y reventada la asamblea de unción.

Con la fallida pretensión, el INPI acentuó la división étnica entre gobernadores tradicionales sin cofradía y servidumbre del Gobierno y cobanaros con pueblo que luchan por la emancipación y exigen respeto a la autonomía de las comunidades originarias para acabar con la manipulación y usufructo de derechos por terceros, opinó Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, líder étnico de Ohuira y a quien se le intimidó para que acudiera solo, sin autoridades cuaresmales, fiesteros ni consejo de ancianos, a la asamblea.

Juana Rivas Moroyoqui, lideresa en la concentración Lázaro Cárdenas y asistente a la asamblea convocada el 5 de febrero en la sede del INPI en el municipio de El Fuerte, recordó que la convocatoria lanzada por Mireya Espinoza Imperial llevaba engaño pues establecía que la elección del consejero indígena la realizarían las autoridades tradicionales, sin precisar a quienes consideraba como tales.

El engaño, consideró Rivas cuya versión fue coincidente con la de Montaño Valenzuela y de Cricelia Sánchez Luque, era para beneficiar a la asociación civil Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Mayos que desde hace 40 años regentea Librado Bacasegua Elenes y sus gobernadores tradicionales y quienes llevaban ya designada a Virgen de Rita Aguilar Cebejeca para que el resto la aprobara.

Sin embargo, al leerse la convocatoria para iniciar la asamblea, los disidentes pusieron en claro que los presentes estaban impedidos para tal determinación pues se trataba de gobernadores tradicionales y no de autoridades tradicionales, lo que fue impugnado por Héctor Combera, asesor jurídico del Consejo que anteponía que estos eran quienes ostentaban la representación jurídica de los pueblos ante el Gobierno, lo que se rebatió como inexacto pues la autoridad se ejerce ante la comunidad y no ante el Estado pues los pueblos originarios ostentes su propia forma de regularse.

La discusión desencadenó dos bandos, por un lado, los oficialistas, los que viven de las dádivas gubernamentales y los elegidos por cada comunidad, alegó Rivas Moroyoqui.

Finalmente, dijo, tras alegatos, discusiones, gritos e insultos, la asamblea se quebró y suspendió, acordándose la publicación de una nueva convocatoria. Sin embargo, al pasar los días, el documento no se ha elaborado, y la fecha de vencimiento está próxima.

Tras el zipi-zape, la lideresa comentó que directivos del INPI trataron de amedrentar a los disidentes e Iván Ramos, asesor jurídico del INPI llamó a Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, en una clara represalia. “Lo que trataron no lo sé, aunque estuve cerca de ellos, no era mi incumbencia”.

Montaño aceptó haber recibido la llamada de Ramos, con quien acordó una nueva convocatoria con bases precisas que no violen la autonomía de los pueblos originarios, sin embargo, el documento no se ha elaborado.

Y es que resulta, aclaró el cobanaro de Ohuira, que las autoridades tradicionales son los consejos de ancianos, cuaresmales y fiesteros y no el Gobernador Tradicional o cobanaro que es el representante elegido por la comunidad y que acata o ejecuta la decisión de la asamblea que se realizaba bajo la enramada del Centro Ceremonial, y por tanto, no es mandante, sino mandatario de lo que la comunidad ordena.

En todo caso, para apegarse a la convocatoria, serían los consejos de ancianos los que deliberarían la representación, y no los cobanaros, que como ya se sabe, muchos de ellos no tienen comunidad, pueblo, iglesia ni centro ceremonial, y otros fueron designados por líderes oportunistas con la sola pretensión de continuar viviendo del gobierno, quedándose con los apoyos, ayudas o subsidios que deben llegar a los habitantes originarios.

Cricelia Sánchez Luque, que también estuvo en la asamblea reventada, sostuvo que pese a que se dice y pregona que se respetan los derechos de los pueblos originarios, la realidad es que desde el Gobierno se pretende continuar con la manipulación, utilizando a personajes ya conocidos por todos como convenencieros, traidores a la etnia y sin escrúpulos para vender a su propia raza.

La asamblea del INPI es la prueba de que nada ha cambiado, que el Gobierno usa sus redes para imponer a uno afectando a muchos. “Eso ya no más, ahora, el mayo yoreme se defiende y hemos aprendido en décadas de abuso la forma de defender la autonomía, de usar los apartados legales, pero, sobre todo, la organización de los pueblos mayos-yoremes”.

Artículo publicado el 11 de febrero de 2024 en la edición 1098 del semanario Ríodoce.

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