Las denuncias por dicho delito superan las de homicidios

Sinaloa está dentro de los cinco estados con las tasas más altas de personas desaparecidas, mantiene una impunidad muy cercana al 100 por ciento, carece de personal suficiente para investigar este delito, y es en Culiacán, Ahome y Mazatlán los municipios donde más denuncias se presentan por desaparición forzada y donde más fosas clandestinas se han localizado, reveló el diagnóstico sobre Desaparición Forzada de Personas 2023 de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El análisis reveló que las desapariciones se mantienen históricamente al alza en nuestro estado, “a partir del año 2019 el número de denuncias por desaparición forzada en Sinaloa supera el registro de homicidios dolosos”.

Indicó el documento que “del 2004 al 2022 existe una tendencia de incrementos en el número de denuncias por DFP (desaparición forzada de personas), reflejado en las tasas por cada 100 mil habitantes. De 2017 al 2022 la incidencia de este delito se encuentra en los rangos de alta y muy alta”.

En la revisión de cifras realizadas hasta el 31 de enero de 2024, los números que manejan autoridades federales y de Sinaloa sobre los casos vigentes no coinciden, pero en algo están de acuerdo, las cifras son altas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado en su página web oficial tiene un apartado de personas desaparecidas actualizado, en el que reconoce que existen hasta el momento 4 mil 148 casos, con nombre, apellido y fotografía de la víctima.

Por su parte el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) en su apartado sobre el estado tiene un registro de 3 mil 901 personas desaparecidas hasta este 2024. El RNPDNL registra que de todos los casos documentados: 3 mil 557 son hombres, de estos 152 menores de edad entre 1 y 17 años y 150 son hombres de la tercera edad de entre 60 y 97 años. Los casos de mujeres son 344, de estas 85 son menores de edad entre 2 y 17 años y nueve mujeres de la tercera edad, entre 60 y 91 años.

La versión pública de la base de datos del RNPDNO informa que entre 1963 y lo que va del 2024 (61 años) en Sinaloa se han reportado un total de 12 mil 503 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. Divididas en las siguientes categorías: 4 mil 665 personas, desaparecidas y no localizadas (88.12 por ciento), 629 personas no localizadas (11.88 por ciento), personas localizadas sin vida 1 mil 296 personas (17.98 por ciento), 5 mil 913 personas localizadas con vida (82.02 por ciento).

En busca de entender mejor los conceptos se establece que la categoría de “No localizados”, de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas se refiere a aquellas personas cuya ubicación es desconocida y que, de acuerdo con la información reportada a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.

Es necesario anotar que se contempló incluir información de la Comisión de Búsqueda de Personas en Sinaloa pero no se encontraron datos públicos, de manera directa se buscó a su titular, Karina Elizabeth Márquez Calderón, y hasta el cierre de la edición no se logró la entrevista.

Sinaloa entre los cinco estados con más desapariciones

El Consejo Estatal de Seguridad Pública, que coordina Miguel Calderón Quevedo, estableció que “de 1962 a julio de 2023, los cinco estados con las tasas más altas de personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes son Tamaulipas, Colima, Jalisco, Sinaloa y Sonora.”

En el caso de Sinaloa, la investigación confirmó que la tendencia en los últimos 14 años es al alza: en el 2009 se registraron 228 denuncias, para 2010 se presentó el primer incremento sustancial de 103 por ciento con 464 denuncias, vino un periodo entre 2011 y 2015 con “un comportamiento promedio superior a las 500 denuncias”.

El segundo salto más fuerte llegó en el 2016 cuando se observó un nuevo repunte “al superar las 700 denuncias, continuando la tendencia al alza en los años subsecuentes hasta 2019, cuando se contabilizaron mil 089 denuncias”.

El informe determinó que “los años con los registros anuales más altos son el 2019 con 1 mil 089; 2018 con 965; 2021 con 951; 2017 con 932; y 2022 con 898.”

Culiacán, Mazatlán y Ahome, con más desapariciones y fosas clandestinas

La investigación estableció que los últimos 17 años son los tres municipios de mayor población los que tienen más número de casos: “Culiacán, Mazatlán y Ahome, concentran el 74 por ciento” (de las desapariciones forzadas). Fue en el 2022 fue la única ocasión que Badiraguato superó a las principales ciudades del estado.

En cuanto a la localización de fosas clandestinas, también las ciudades grandes están en los primeros lugares, al representar con el 73 por ciento del total, “entre 2010 a 2022 se han localizado 435 fosas clandestinas, los municipios con el mayor número son: Ahome con 158, Mazatlán con 86 y Culiacán con 73”.

El monitoreo señaló que “los años en los que se han registrado el mayor número de hallazgos de fosas clandestinas fueron: 2019 con 139, 2020 con 62 y 2017 con 60. Resaltó que “los municipios de Ahome, Mazatlán, Culiacán, El Fuerte, Guasave y Navolato suman 400 fosas clandestinas localizadas y concentran el 92 por ciento del total de 2010 al 2022. “

El resto de las 35 fosas localizadas documentó, se ubicaron en: Rosario, ocho; Mocorito, seis; Elota, cinco; Angostura, tres; Sinaloa tres; con dos, Choix, Concordia y Salvador Alvarado. Badiraguato, Cosalá, Escuinapa y San Ignacio, todos con una.

Sobrecarga de trabajo fortalece la impunidad

El equipo de investigación informó que entre los años 2006 al 2022, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa registró 10 mil 570 denuncias por desaparición forzada de personas.

Expuso que, a partir del año 2014, es decir cuando da inicio la implementación del Sistema de Justicia Penal en el estado de Sinaloa, hasta el 2022, se presentaron 7 mil 546 denuncias, de las cuales 45 llegaron como causas penales ante el Supremo Tribunal de Justicia.

La evaluación reveló que “existe una impunidad del 98.93 por ciento, al considerar que de las 7 mil 546 denuncias se han dictado 81 sentencias: 68 sentencias en procedimiento abreviado, nueve sentencias condenatorias en juicio oral y cuatro sentencias absolutorias en juicio oral.

El porcentaje tan alto de impunidad se debe, según el dictamen, a las altas carga de trabajo que tiene el personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Sinaloa, que cuenta con 22 agentes del Ministerio Público (incluyendo al Fiscal Especializado y a los dos Vice Fiscales Regionales), “de las 7 mil 546 denuncias, les corresponderían un total de 343 carpetas de investigación a cada uno, sin considerar el rezago existente del Sistema Tradicional”.

Sobre las diferencias que existen con relación al número de denuncias reportadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y el número de carpetas de investigación, sé explicó que puede deberse a diversos factores, “en 2014 por ejemplo, es posible que un alto porcentaje corresponda a denuncias del sistema tradicional, debido que en ese periodo comenzó a implementarse el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.“

Agregó el documento que también se tiene que tomar en cuenta que “una carpeta de investigación puede contener a dos o más víctimas y denuncias.”

El texto destacó que “es notoria la diferencia en todos los años entre la respuesta otorgada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y la matriz proporcionada por la Fiscalía General del Estado a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En deuda el gobierno con las víctimas y los grupos de búsqueda

El reporte sobre las desapariciones forzadas se reconoció que “este delito históricamente se ha invisibilizado, por lo que el trabajo de las familias y colectivos no gubernamentales de protección a los derechos humanos y libertad de expresión ha sido fundamental en los avances legislativos y las acciones realizadas.”

Destacó que “los esfuerzos de los colectivos de búsqueda, entre los cuales los de Sinaloa realizan acciones permanentes que los han colocado como referente nacional e internacional, mismos que en ocasiones sustituyen las acciones que por ley deberían realizar las autoridades en el marco de sus atribuciones.”

Concluyó que “el diagnóstico de Desaparición Forzada de Personas elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa cumple con el compromiso ciudadano adoptado de forma especial con los grupos de búsqueda y las víctimas, en torno a un problema que en las últimas décadas se ha mantenido como una deuda por los gobiernos en turno y con una tendencia al alza.”

Artículo publicado el 04 de febrero de 2024 en la edición 1097 del semanario Ríodoce.