Que el gobierno y el Congreso no sean un botín

Que el gobierno y el Congreso no sean un botín

Sí, los niños jornaleros siguen muriendo año con año y nada pasa en el gobierno, ni cambian los programas ni despiden a los funcionarios ineficientes.

Sí, el secretario responsable de la educación de tus hijos o de promover el crecimiento de tu negocio es nombrado por su lealtad al partido o por ser amigo del poderoso y no por sus conocimientos.

Sí, las notarías se reparten por acuerdos electorales.

Sí, la secretaria responsable de combatir la pobreza ve esa dependencia como trampolín para conseguir votos porque lo que de verdad le interesa es ser diputada.

Sí, la senaduría se entrega a alguien que no conoce el estado porque es incondicional del presidente del partido.

Sí, la presidencia municipal se otorga en razón de vínculos familiares, a hijos y ahijados.

Sí, en las diputaciones se siguen reeligiendo los mismos que nunca han presentado iniciativas de ley.

Sí, eso sucede en su sociedad, usted vive gobernado por instituciones capturadas por castas que las ven como un botín.

Sabemos que, las más de las veces, para recibir un buen servicio del gobierno, sea de salud, educación, trámite, contrato de obra, etcétera, se necesitan influencias o pago de soborno. Que frecuentemente detrás hay un funcionario que maneja su puesto como un patrimonio propio.

Esta concepción de lo gubernamental como botín genera el fenómeno que conocemos como corrupción.

Ante la fractura del monopolio priista y el surgimiento de la competencia electoral, se generó la expectativa de que habría incentivos para que el gobierno dejara de funcionar como botín.

No fue así, con ningún partido se ha detenido la captura de parcelas de poder público para repartirlo entre los seguidores y los leales.

La administración pública profesional de carrera en México no ha terminado de desarrollarse. Una tarea pendiente de la reforma del Estado mexicano ha sido la consolidación de una burocracia permanente, profesional y neutral.

Como lo señala el especialista Jorge Javier Romero, el patrimonialismo y la corrupción solo se acotarán esencialmente cuando se desarticule su causa primordial: la existencia de un estado clientelar que funciona como sistema de botín en el cual el empleo público se reparte discrecionalmente.

No se premia el mérito ni el buen desempeño sino la disciplina y la lealtad. Esto propicia la avidez por la explotación del cargo mientras dure.

La profesionalización de la administración pública requiere que el acceso al empleo público se despolitice.

Un rasgo de países más desarrollados es su servicio profesional de carrera, su forma regulada de asignar puestos con base en el mérito.

Por otra parte, la representatividad de las legislaturas requiere que el sistema de partidos deje de ser un monopolio cerrado con partidos donde solo manda una persona.

El sistema de partidos está restringido para exclusividad de quienes cuentan con redes clientelares. Para los que puedan pagar decenas de asambleas corporativas de miles de personas.

En 1996 los partidos eliminaron el registro condicionado y con ello se bloqueó la formación de nuevas organizaciones que reflejaran la pluralidad de causas y de intereses del México actual.

No hay espacio para el crecimiento de organizaciones ciudadanas, dice Jorge Javier, que se desarrollen poco a poco, que puedan ir ganando apoyo electoral en elecciones sucesivas.

Los partidos actuales en los que, por estatutos o por dominación, solo manda un grupo muy pequeño, no tienen competencia, esto es, no tienen incentivos a cambiar.

Más partidos no significa más gasto en ellos, sino que el mismo presupuesto se divide entre más organismos.

El sistema político mexicano produce una mala clase política.

Evidentemente hay grados diferentes, casos exitosos y personas excepcionales pero la normalidad es muy insatisfactoria.

El obradorismo no transformó esta situación.

El orden antiguo que considera puestos públicos, diputaciones y senadurías como botín, está intacto.

Más bien, el obradorismo continuó el mismo orden y se instaló en él.

Todavía más, entregó parcelas de la obra pública a un puñado de generales para que, amparados en la menor transparencia que da el pretexto de la seguridad nacional, los usufructuaran como negocios.

Creó una casta militar.

Es muy difícil que una sociedad avance si los servicios de salud, educación, seguridad, etc. del gobierno, no los prestan las personas más eficientes; si los negocios que prosperan no son los más productivos sino los de los amigos del poder; si las leyes no regulan acertadamente el comportamiento de los ciudadanos; si los legisladores no funcionan como contrapeso y no le cambian ni una coma a las disposiciones del ejecutivo y si pervive el flagelo de la corrupción.

Esta disfuncionalidad política es un gran obstáculo para el desarrollo.

No es genético ni irremediable.

Es posible la reconstrucción democrática del Estado mexicano.

Es un sueño, sí.

Un sueño fundado en dos razones muy prácticas: los resultados de este sistema político son mucho más lentos que las expectativas de la sociedad y la descomposición de las formas políticas presentan ridículos episodios de grotesca tragicomedia a los ojos de todos.

Es esperanzador que Xóchitl diga públicamente que se encabronó por los acuerdos de Marko Cortes.

Ojalá la Dra. Sheinbaum, a su vez, condenara públicamente los casos de corrupción que han sucedido en Morena. Sería una forma clara de establecer que no continuarán.

Es posible que al gobierno y el congreso no los controlen un grupo que solo vea por sus intereses con el objetivo de obtener ganancias personales.

Es necesario que el Estado no sea dominado por una casta.

Es el verdadero cambio, no sustituir una casta por otra.

Artículo publicado el 21 de enero de 2024 en la edición 1095 del semanario Ríodoce.

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