El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, acusó al juez primero con sede en Culiacán de conducirse con ilegalidad y corromper la ley, al emitir una sentencia a favor de funcionarios y exfuncionarios de la UAS.

Es un ejemplo de que el poder Judicial requiere de una reforma, afirmó mediante un comunicado de prensa.

El diputado  manifestó que en apego a la institucionalidad, se acata esa sentencia temporal y dentro del mismo proceso constitucional se presentará un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito en donde se espera echar abajo dicha sentencia.

Consideró que el juez que emitió la sentencia se aparta de las disposiciones de la Ley General de Educación Superior, pues ni siquiera tuvo la idea de leer el artículo 51 que establece que los recursos federales deben ser entregados a la UAS a través del Gobierno del Estado.

Tampoco, agregó, leyó el artículo 2 de la Ley General de Educación del país, donde se dice con toda claridad que los estudiantes deberán ser consultados y que la Ley local dice exactamente lo mismo.

En el caso de Sinaloa los estudiantes deben ser consultados para poder realizar una reforma de la Ley Orgánica y es esa consulta a la que se niegan las autoridades universitarias, expuso.

Advirtió que se va a dar la batalla contra esa sentencia “y estamos claros que al final de la ruta se le otorgará la razón al Congreso del Estado de Sinaloa”.

Cuestionó los funcionarios y exfuncionarios de la UAS manipulan la información, y en el caso de dicha sentencia afirman que en ésta se declara inconstitucional la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que aprobó la 64 Legislatura.

En ninguna parte de la sentencia, precisó, se habla de inconstitucionalidad, sino que simplemente se emite un amparo con relación a cinco artículos de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.

Destacó que la Ley de Educación Superior de Sinaloa sigue vigente y por tanto la necesidad de la reforma a la Ley Orgánica de la UAS, lo cual implica que más temprano que tarde se le habrán de realizar modificaciones que los funcionarios actuales y exfuncionarios no quieren que haya porque les afectará a ellos y al Partido Sinaloense (PAS), que maneja a la UAS con fines partidarios.