“Dice el chavalo que si le hacemos el paro, que anda chambeando”, le dijo el policía municipal al comandante. “Pues tendrá quinientas ganas de irse”, le respondió este, mientras revisaba su celular, arriba de la patrulla. Habían detenido a un joven que trabaja en un negocio de alimentos con servicio a domicilio y su licencia de manejo estaba vencida. Lo amenazaban con llevarlo a la barandilla y asegurarle la motocicleta. Una forma ya no tan sutil de extorsión. El joven hizo una llamada a sus patrones y estos a los policías. Y solo así lo dejaron ir.

Esto fue por el rumbo de la prolongación Obregón, hacia el sur de Culiacán, pero es una escena que se repite todos los días en Culiacán, donde la instalación de retenes improvisados se ha vuelto parte de la cotidianidad. No hay formalidad en ellos, ni estructura que garantice el respeto a los derechos humanos y constitucionales de los automovilistas o motociclistas. Incluso en los últimos meses han podido observarse “retenes” de solo dos policías de motocicleta que se instalan donde les da la gana y empiezan a detener vehículos para revisarlos. Y con el menor pretexto extorsionan a los conductores. Y siempre son vehículos de trabajo, camionetitas y autos de modelos viejos (A los de vehículos de lujo o trocas, hasta los saludan, les dan la mano, se recargan, comentan cualquier cosa y los despiden: “que le vaya bien, viejón, aquí estamos a la orden”).

Pero a los que andan chambeando con cualquier pretexto les sacan una lana. Los presionan, les preguntan dónde está el perico, la mota, el cristal. Y si los ven flacos, peor. “Se nota que fumas mariguana y que foqueas, sácalo ya”. Les piden la cartera, la catean, les piden licencia, credencial de elector…
La contraparte de esto es que por toda la ciudad pululan los “punteros” detrás de convoyes de las fuerzas federales y en la inmensa mayoría de ellos se mueven en motocicletas sin placas. Y nunca son detenidos. Si la policía hiciera un operativo, podrían llenar camiones y camiones de motocicletas por el solo hecho de que circulan sin placas y son robadas. Hace días, en Mazatlán, uno de ellos fue detenido y pateado por elementos de la Marina. En Culiacán tienen el descaro de reunirse cinco o seis muy cerca de donde están elementos del Ejército, o de la Guardia Nacional o de la Marina y si de casualidad pasa una patrulla de la policía estatal o municipal y los mira, no hace nada, solo pasa.

Por los rumbos de la salida sur, por la carretera México 15, se instala un retén de la Policía de Investigación, paran conductores, checan la serie del vehículo por fuera y de vez en vez revisan cajuela e interiores. Basta con que el conductor o conductora les parezca sospechoso (a). Es ilegal que lo hagan, incluso inconstitucional, pues la policía solo puede retenerte si has cometido o estás cometiendo un delito.

El artículo 16 de la constitución dice que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Pero la gente no conoce sus derechos y si los conoce mejor accede a ser cateado porque oponerse es exponerse a lo peor.

Es común que en los retenes haya “agentes” clonados, miembros de la delincuencia que al final deciden a quién revisar y a quién no. Ocurría desde que predominaban Los Ántrax, incluso antes. Por eso Javier Torres, el JT, desfiló un 20 de noviembre junto a un grupo de policías motorizados. Pasó frente al entonces gobernador Juan Millán y nadie se percató de la burla.

Por eso muchos traen pasamontañas, que también son ilegales. Por ley, el agente debe identificarse primero, traer su nombre completo impreso en el uniforme y, si el conductor se lo requiere, demostrar con una credencial que pertenece a tal o cual corporación. Pero nadie protesta y nadie pone orden. La policía de Investigación depende de la fiscal Sara Bruna Quiñónez, pero es evidente que esto es solo en el papel. Ella conoce muy bien las leyes y deja criminalmente pasar esos abusos sobre la ciudadanía. Tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos interviene, es un cero a la izquierda, como la comisión nacional, una vergüenza.

Bola y cadena
ES URGENTE QUE EL GOBIERNO ESTATAL ponga orden aquí. Está en manos del gobernador Rubén Rocha y del secretario general de gobierno, Enrique Inzunza, hacer que las corporaciones policiacas de toda la entidad, las municipales y las estatales, se conduzcan con respeto hacia la ciudadanía; es su deber, su obligación. Si las policías tienen otros negocios con otros entes actuantes –y ya se sabe cuáles—esa es otra cosa si la quieren castigar o no, “en su salud lo hallarán”, como decía mi abuela. Pero que respeten a la gente, que no jodan al pueblo, y menos a los siempre marginados. Dicen que no son iguales, bueno, pues demuéstrenlo.

Sentido contrario
LO QUE HICIERON POLICÍAS municipales con el conductor de un camión urbano y una joven trabajadora de una cadena comercial, a la que detuvieron solo por estar grabando la acción de las y los policías, es otra muestra de la prepotencia y la impunidad con que se conducen las policías; grabar no es un delito si no obstruye el trabajo de las corporaciones. Lo que hicieron con la muchacha sí es un delito y la pregunta es ¿pagaron por ello?

Humo negro
Y COMO YA ESTAMOS dentro de los festejos navideños, les deseo a todos una Feliz Navidad y un año nuevo de muchos éxitos y satisfacciones. Abrazos para todos.

Artículo publicado el 17 de diciembre de 2023 en la edición 1090 del semanario Ríodoce.