Óscar Loza Ochoa, de la Coordinadora Estatal por una Vivienda Digna y Reservas Territoriales, aseguró que tan solo en Mazatlán hay 72 invasiones y en Culiacán, más de 20
La falta de vivienda y las invasiones son un problema que crece día con día en Sinaloa.
De acuerdo con datos estadísticos del Inegi, en la entidad hay un déficit de 432 casas, y según el miembro de la Coordinadora Estatal por una Vivienda Digna y Reservas Territoriales, Óscar Loza Ochoa, tan solo en Mazatlán se tienen 72 invasiones y en Culiacán, más de 20.
En la capital de Sinaloa al menos nueve integrantes de esta agrupación son imputados por el delito de despojo agravado, y el 5 de diciembre mantuvieron una huelga de hambre de 24 horas en la plazuela Álvaro Obregón, en Culiacán, en demanda de un espacio digno para vivir.
Valle del Agua
Sergio Daniel Hernández, vecino precario del fraccionamiento Valle del Agua, al oriente de la ciudad, considera que las denuncias son una “táctica intimidatoria” del gobierno para que abandonen la lucha por una vivienda.
“A mí me tienen denunciado por despojo agravado. El 20 de diciembre tenemos audiencia intermedia, y ahí es muy probable que nos manden a juicio ya sin posibilidad de ningún tipo de arreglo. A mí me quieren achacar 15 años, cuando a una persona que acusan por despojo normalmente le dan seis años”, explica.
Mediante “tácticas intimidatorias”, agrega, las autoridades han logrado que gran parte de los precaristas entregaran viviendas o terrenos de ese fraccionamiento, propiedad de una de las tantas inmobiliarias que “quebraron” en 2012.
“Ya han estado desalojándonos con lujo de violencia. De hecho, un sector que nos desalojaron teníamos medidores de la Japac ya. Teníamos carta de residencia del ayuntamiento y aun así sacaron a la gente con trascavo y con policías comprados”, sostiene.
Santa Rocío
Alberto (nombre ficticio), es un precarista que ocupa una vivienda del fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de Culiacán, que, al igual que Valle del Agua, la constructora “quebró” y las viviendas quedaron inconclusas y en litigio hace más de una década.
El precarista pide la entrevista en un lugar distante del fraccionamiento y con la condición de no revelar su nombre porque se dice amenazado y perseguido por quienes pelean las viviendas de ese asentamiento.
“El problema ahí es que siempre han querido sacarnos de la invasión. Han llegado de diferentes maneras. Ya tienen como unos dos meses amenazando gente. Llegan golpeando gente en unas camionetas armadas (sic)”, comenta.
En Santa Rocío, asegura, un fraccionamiento de alrededor de 144 casas, mediante intimidaciones y amenazas han logrado desalojar la mayoría de las viviendas.
Quienes se dicen dueños llegan y ofrecen dinero porque se salgan, continúa, si la persona no acepta la golpean y amenazan.
Cuando ocurre esta situación algunos hablan al 911, afima, pero hacen caso omiso.
“Necesitamos ayuda. Necesitamos ver esto. No sé con quién, no sé con quién exactamente qué es lo que se tenga que hacer. Lo que sí es que tenemos un amparo ahí (en el cuarto distrito). Ese amparo está vigente… y también vamos por la prescripción”, da a conocer.
Un problema añejo
Antonio Castañeda Verduzco, director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (Cvive), comenta que el de Santa Rocío es un conflicto que tiene “muchos años” entre un grupo de personas que se metieron a algunas casas y los que dicen ser los dueños de esas viviendas, y quienes han presentado denuncias por despojo.
“Es un tema que tiene varios años en las negociaciones, pero no se ven avances, que se pongan de acuerdo los dueños con las personas que están habitando las viviendas”, reconoce.
Tanto Cvive como la Secretaría del Bienestar han tenido reuniones con los precaristas para buscar una conciliación entre las partes, dice, pero no se ha avanzado mucho.
Huelga de hambre
Óscar Loza Ochoa, integrante de la Coordinadora Estatal por una Vivienda Digna y Reservas Territoriales, informa que la huelga de hambre en la plazuela Álvaro Obregón tiene tres objetivos: la adquisición de reservas territoriales, que se incluya en el presupuesto 2024 un recurso para vivienda popular y que quienes luchan por una vivienda no vayan a la cárcel.
“Se nos acerca el 20 de diciembre que hay una audiencia intermedia para ocho compañeros… Pueden ir a la cárcel si así lo decide el juez, pero nos interesa llegar a un arreglo antes para evitar que por luchar por una vivienda para su familia, vayan a la cárcel”, expresa.
Los imputados, asegura, han comprobado hasta la “saciedad” que cuando entró el grupo a los terrenos o a algunas viviendas que hay ahí (Valle del Agua) fue de manera pacífica.
El también defensor de los derechos humanos señala que no ha habido avances en la promesa del gobernador Rubén Rocha Moya, en el sentido de comprar 20 hectáreas de reservas territoriales en cada uno de los principales municipios de Sinaloa: Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán.
En Mazatlán, da a conocer, el alcalde ofrece un terreno que se compró para un panteón pero que no resultó apto para ese fin por lo pedregoso, pero sí para un asentamiento humano.
“Ese es el más avanzado porque el ayuntamiento dijo el jueves de la semana pasada (30 de noviembre) que lo da, pero que el gobierno ayude con los servicios de drenaje, agua y luz. Son 15 hectáreas, pero se van a trabajar siete”, explica.
Y en Guasave están 15 hectáreas, pero sin la certeza de compra por parte de gobierno del estado.
Artículo publicado el 10 de diciembre de 2023 en la edición 1089 del semanario Ríodoce.
