La frase “Primeros los pobres” encabeza uno de los primeros apartados del eje Bienestar Social Sostenible.
Ahí presume la administración estatal los resultados dados a conocer este año por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sobre la reducción de pobreza en Sinaloa. Al pasar de 28 al 21.6 por ciento. Los números a primera vista presentan un importante avance, pero no corresponden al periodo que se informa. Ya que se refieren de 2020 al 2022.
El documento del Informe de Gobierno 2023 en ese terreno no hace ninguna referencia a las cifras que citó el CONEVAL que incluyó en el Plan Estatal de Desarrollo en donde indicó que la pobreza moderada afecta al 25.6 por ciento de la población, y la pobreza extrema al 2.4, principalmente en los municipios de Badiraguato, Choix, Cosalá, San Ignacio, Sinaloa, El Fuerte y Escuinapa.
Las cifras fueron así incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo de la administración de Rubén Rocha Moya en abril de 2022.
Los logros en materia de reducción de pobreza están concentrados en el contraste de cifras de 2020 a 2022 en carencias y tipos de pobreza.
A diferencia de los porcentajes que fueron citados en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Informe se indican las cifras en número de personas o de sinaloenses. Por ejemplo, se refiere a que 167 mil 500 personas han abandonado su condición de pobreza extrema y 42 mil personas ya no forman parte de la población vulnerable por ingresos.
En materia de población víctima de desplazamiento forzado interno, los números muestran un incremento de la problemática. En 2022, el Plan Estatal de Desarrollo señaló que, de acuerdo a un censo realizado por el Gobierno del Estado en convenio con la Universidad Autónoma de Occidente, existía un registro de un total de 2 mil 509 familias desplazadas; el Informe refiere la existencia de 3 mil 048 familias.
El documento enfatiza que Sinaloa destaca a nivel nacional en atención a familias desplazadas.
Uno de los puntos estratégicos marcados era actualizar los números de familias desplazadas, así lejos de disminuir, se incrementó en más de 500 familias.
Uno de los programas estrella del gobierno estatal ha sido el contar con un presupuesto de 297.5 millones de pesos para el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, el cual beneficia a más de 50 mil personas. De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2022, en Sinaloa 147 mil 958 personas padecen algún tipo de discapacidad.
El Plan Estatal de Desarrollo tiene como meta mínima para el 2027 entregar al menos 95 mil apoyos, pero la meta óptima está colocada en 147 mil 978.
En el informe el documento tiene miedo a las palabras; en lugar de referirse al operativo de fuerzas federales de seguridad que derivaron en la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, usan el eufemismo que por una “situación especial”, llevaron apoyos a los afectados de la comunidad de Jesús María. Dan cuenta que llevaron 586 apoyos como alimentos, muebles, enseres domésticos de reposición por los daños sufrimos a su patrimonio.
“Otra situación” especial se refiere a los apoyos entregaros por la condición de jornaleros agrícolas en una sindicatura de Juan José Ríos, en donde fue público que los trabajadores era sometidos prácticamente a situaciones de esclavitud, al vivir en condiciones deplorables de hacinamiento, falta de higiene y presencia de enfermedades.
Una de las acciones estratégicas que se habían marcado por el gobierno estatal había sido coordinar acciones para intergubernamentales y con organizaciones agrícolas, enfocadas a mejorar las condiciones de los alojamientos temporales. La línea de acción prevista era promover con las asociaciones agrícolas un programa de construcción y mejoramiento de alojamientos temporales con servicios básicos.
De esa línea de acción no hay ninguna referencia, lo más cercano son guarderías o centro de cuidados de primera infancia impulsadas por DIF Sinaloa y supervisadas por Protección Civil, o un encuentro deportivo que promovió la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC) con hijos de trabajadores agrícolas.
La política de remozamiento de planteles escolares quedó a deber. Los números hasta agosto de 2023 reportaron una inversión de 317.8 millones de pesos para la intervención en 315 planteles, trabajos que consistieron en construcción, estudios de proyectos, mobiliario y equipo, pagos y trámites, rehabilitación, entre otros.
Adicionalmente con recursos propios fueron atendidos hasta octubre a 1 mil 151 planteles escolares con mobiliario, pintura, paquetes de limpieza y la entrega de 4 mil 500 cubetas de impermeabilizantes, para sumar un total de 14.2 millones de pesos.
Con recursos se puso en marcha un programa para dotar mil aires acondicionados para aulas de 319 planteles escolares de todos los municipios de Sinaloa.
Los números aparecen como optimistas, siempre y cuando no se tome en cuenta que en Sinaloa existen un total de 6 mil escuelas de educación públicas en los niveles preescolares, primaria, y secundaria. La situación es más caótica si se toma en cuenta que un gran número de planteles en abril de 2022, tenía afectaciones o daños por efectos del clima, vandalismo y por el cierre a consecuencia de la pandemia, entre otros, como así lo reconoció el propio gobierno estatal en el documento del Plan de Desarrollo.
En el programa La Escuela es Nuestra del gobierno federal, el gobierno estatal había hecho suyo el compromiso de ampliar la cobertura de este programa en el mediano plazo con la incorporación de 3 mil planteles con participación presupuestal para la mejora y remozamiento de las escuelas públicas.
Números todavía muy lejanos a los reportados en el Informe de Gobierno de 2023.
Artículo publicado el 26 de noviembre de 2023 en la edición 1087 del semanario Ríodoce.
