La CMIC considera que durante el gobierno de Rubén Rocha se ha reducido la inversión en el ramo y al adjudicarse más del 70% de los contratos, mantiene en crisis al sector privado de la construcción

En materia de obra pública, la política de Rubén Rocha Moya ha sido la de no realizar “obras faraónicas” y en cambio enfocarse en obras con sentido social. Para Emilio Contreras Mendoza, presidente de la CMIC en Sinaloa, la estrategia del primer gobernador de la Cuarta Transformación, en realidad ha llevado a una menor inversión y a una crisis en el sector privado de la construcción.

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El líder de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción señaló que, a dos años del actual gobierno, se han invertido apenas 3 mil 325 millones de pesos en obra pública, mientras que durante el gobierno de Quirino Ordaz la inversión anual promedió los 5 mil millones de pesos.

La cifra oficial del gobierno estatal, es que durante 2022 y 2023 se han invertido 6 mil 555 millones de pesos en el rubro, de los cuales 3 mil 840 fueron en el presente año, principalmente en caminos y carreteras, vialidades, agua potable, drenaje, represas, instalaciones deportivas, de salud, seguridad, equipamiento urbano y electrificación.

A la reducción en inversión, Contreras Mendoza dijo que se suma el hecho de que también han disminuido los contratos para el sector privado, ya que actualmente realizan apenas el 27 por ciento de la obra pública, cuando en el gobierno anterior realizaban el 45 por ciento, lo que significa una caída del 18 por ciento, complicando “la situación económica y la supervivencia de las empresas”, aun cuando no tiene reportes de cierre de constructoras, como ocurrió durante la pandemia.

El empresario constructor dijo esperar que la inversión aumente conforme se obtengan más recursos federales, por lo que se reunieron con el actual secretario de Obras Públicas, Joaquín Landeros Guicho, para definir proyectos para sus agremiados, pero hasta el momento no se ha concretado nada.

En la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2022, la Auditoría Superior del Estado encontró que el gobierno de Rocha Moya adjudicó directamente el 70.90 por ciento de los contratos, es decir que sólo el 29.1 por ciento se concursó.

El dirigente de los constructores manifestó su preocupación por la existencia de empresas estatales, como Precasin (Preeforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa), que compiten directamente con el sector privado, porque aún cuando son importantes para la conservación y mantenimiento, en ocasiones incursionan en obras nuevas que podrían ser realizadas por empresas privadas.

“Estoy de acuerdo en que exista Precasin, pero acotada en sus funciones. Está bien que le entre al bacheo; un ejemplo está un bache de medio metro cúbico, que cuesta 3 mil, 4 mil pesos. Está bien que el gobierno, con su infraestructura y su personal de planta pueda hacerlo, que sea una empresa con sentido social. Pero en la construcción de obra nueva, se convierte en una competencia desleal para los constructores privados”.

Destacó que muchas veces el gobierno del estado alega premura y la necesidad de atender las cosas rápidamente para realizar por cuenta propia las obras.

“Es cierto, tienen la facilidad, tienen la maquinaria, tienen los recursos. ¿Pero de qué calidad es el trabajo? ¿Qué tan eficiente? ¿Qué tan económico? No lo sé, no lo sabemos, no tenemos los números. Son cosas que maneja de manera interna la misma dependencia”.

El presidente de la CMIC destacó la importancia de apoyar a las empresas pequeñas y medianas del sector de la construcción para impulsar el desarrollo económico y social en Sinaloa.

Indicó que, de las 159 empresas afiliadas, el 70 por ciento son medianas y pequeñas empresas.

“Debemos aceptar que el mayor cliente de los constructores, el mayor generador de construcción, es el gobierno. Por eso es la necesidad de apoyo gubernamental para las empresas chicas”, aunque “sin descuidar las empresas grandes y consolidadas”.

“Estamos hablando de un poco más de 400 pequeñas obras (413) de máximo un millón 800 mil pesos. Al brindarles la oportunidad a las MIPYMES, también se apoya a jóvenes y mujeres que están haciendo un gran esfuerzo de trabajo, y además se fortalece la economía local”.

Resaltó la importancia de que reciban obras por adjudicación, porque al sector de pequeños y medianos empresarios les resulta complicado participar en licitaciones por la falta de relaciones, infraestructura y capacidad económica.

“Es cierto que no tienen la infraestructura ni el dinero para participar en licitaciones, pero cuentan con la capacidad técnica y profesional para desarrollar una obra de agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles. Esas obras sí las sacan con toda la confianza del mundo”.

Convocó al gobierno estatal a mejorar la relación de trabajo con los constructores organizados y a establecer “una relación de ganar-ganar, las dos partes. Nosotros hacer la mejor oferta, el mejor costo para el gobierno, y ellos que nos den obra pública”.

“Reconozco que está haciendo mucha obra en partes donde nunca había llegado el agua potable, la electricidad. Los constructores organizados queremos ser parte de ese desarrollo. Tenemos la capacidad técnica, humana y económica para poder hacerlo junto al gobierno del Estado”, concluyó.

Obras adjudicadas representan el 18% de la inversión

El secretario de Obras Públicas, Joaquín Landeros Guicho, reconoció que el gobierno estatal adjudicó directamente el 70.9 por ciento de la obra pública en 2022, como lo observó la ASE, pero la inversión ejercida representa el 18 por ciento del gasto total.

Explicó que en el 2022 se invirtieron más de 1 mil 500 millones de pesos, distribuidos entre contratos estatales y federales, de esa cantidad se licitaron un total de 1 mil 281 millones 425 mil pesos distribuidos en 104 contratos.

Agregó que también se realizaron obras por invitación de cuando menos tres personas por 16 mil 695 millones de pesos, que representa el 1.07 por ciento.

“La mayor cantidad del presupuesto se licitó, la inversión representa el 81.77 de todo el costo de la obra pública de ese año”, indicó.

“Además (las obras adjudicadas) representaron una inversión de 285 millones 265 mil 620 pesos, el 18.21 por ciento del total de la inversión anual”.

Landeros Guicho defendió que el criterio para adjudicar obras ha sido priorizar la resolución inmediata.

“Este enfoque es crucial para abordar emergencias y problemas menores que afectan a la sociedad, aun así, se hace un proceso de selección cuidadoso, se piden cotizaciones y tiempo de entrega de la obra, y se escoge la mejor propuesta”, explicó.

“Por ponerte un ejemplo, el día de ayer entregamos dos obras aquí en Culiacán y estando ahí, nos dice un vecino que quedó un socavón, es una obra que a lo mejor nos va a costar 150 mil pesos, y se concluye en una semana, para nosotros la adjudicación es una forma en la que atendemos emergencias, si seguimos el proceso de licitación este podría durar mínimo 45 días”.

El responsable de obras públicas en el estado dijo que una de las políticas destacadas fue la eliminación de cargos a la población por pavimentación y otros servicios. Afirmó que el gobierno de Rubén Rocha Moya no cobra por este servicio, eliminando prácticas anteriores donde los residentes pagaban por anticipado.

“Encontramos mucho rezago, en muchas colonias, en muchas comunidades, desgraciadamente son prácticas que venían sucediendo, el gobernador siempre les dice a ustedes no les cuesta, esa es obligación del gobierno, no es dinero mío, dice, no es dinero del alcalde, es dinero del pueblo el que se va ha ejercer y ustedes no tienen por qué pagar por sus servicios”.

En cuanto a la relación con los constructores organizados, respondió que aún no le ha tocado licitar tanta obra “por lo que no conozco aún su postura de manera personal, sólo lo que he leído a través de algunos medios”.

“Al menos en esta administración se ha sido muy claro con ellos y decimos, oye, pues participa para que puedas tener la posibilidad de ganar”.

El secretario subrayó que están enfocados en cumplir con la ley y que el gobierno no favorece a ningún contratista. “no tenemos la intención de beneficiar a nadie, realmente el que se meta y el que cumpla aplicando los criterios de la ley, puede ganar”.

En cuanto a la calidad de las obras afirmó que se destaca la supervisión, y en caso de requerir reparaciones, estas no generan costos adicionales para el gobierno debido a garantías y fianzas establecidas en los contratos.

En el caso de Precasin, defendió que atiende la reparación de caminos y carreteras. “la utilizamos básicamente cuando suceden temas urgentes, por ejemplo: cuando fuimos a Costa Rica, nos reportaron que se había socavado el puente del Alhuate, es un tema prioritario porque está muy peligroso, había que intervenir de inmediato”.

Afirmó que el enfoque del gobernador es llevar a cabo obras, incluso de menor escala, pero que beneficien a una gran cantidad de gente.

“Se está priorizando la realización de obras que beneficien a la mayoría de las personas, evitando proyectos faraónicos y costosos como parques de 400 millones o auditorios de 600 millones”.

Artículo publicado el 19 de noviembre de 2023 en la edición 1068 del semanario Ríodoce.