La Comisión de Fiscalización reprobó por mayoría la cuenta pública de la UAS de 2022, en una prolongada sesión de más de tres horas, en la que también rechazó realizar una auditoría específica al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
La mayoría de los integrantes criticaron la falta de rendición de cuentas de la UAS, al no poder aclarar las compras millonarias de tortillas, pollos y pantalones de mezclilla en un año de pandemia.
El líder del Grupo Plural, Adolfo Corrales Beltrán, criticó la manifestación a la convocó la UAS para defender a Jesús Madueña, quien fue retirado del cargo.
Negó que el Congreso estuviese violentando a la UAS, mientras que sí lo ha hecho el PAS.
El diputado de Morena, César Ismael Guerrero lamentó que la movilización provocó que los estudiantes perdieran clases, además de cuestionar la falta de rendición de cuentas de la universidad sobre los recursos propios y el funcionamiento irregular de la Contraloría Social, la cual no es tomada en cuenta.
En su participación el diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta, llamó “presunto ratero” a Jesús Madueña que no quiere aclarar 466 millones del ejercicio 2022 y deseó que pronto los Tribunales den una solución para que se aclare la confusión que se pretende crear de que el Congreso está violando la autonomía de la universidad por buscar la rendición de cuentas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario Arredondo, consideró que la rendición de cuentas siempre va a fortalecer a las instituciones, entre ellas a las universidades.
La coordinadora del PAS, Alba Virgen Montes, fue la única que votó a favor de aprobar la cuenta pública de la UAS, quien expuso que la universidad no se expone a la fiscalización ni la rendición de cuentas, porque siempre lo ha hecho ante la Auditoría Superior de la Federación por los recursos que recibe.
Durante la discusión de la cuenta pública del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, la diputada del PAS solicitó una realización de una auditoría específica por la existencia de irregularidades entre los ejercicios fiscales de 2019 al 2023, en los cuales hubo adjudicaciones directas por 20 millones de pesos por pagos de materiales y suministros.
Las compras, dijo, fueron realizadas sin hacer los procedimientos requeridos, además de superar los montos aprobados por el Comité de Adquisiciones para realizar adquisiciones directas.
En la misma sesión fueron rechazadas las cuentas públicas correspondientes al año fiscal del 2022 de los municipios de Cosalá, El Fuerte, y la de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito
En contraste fueron aprobadas las cuentas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Fideicomiso Bis Autopista Benito Juárez, y la del municipio de Elota.
