Avala convenio amañado para agenciarse áreas comunes

En el fraccionamiento Álamos Country, enclavado en una zona habitacional, está un parque con tres columpios, una tranca palanca y una resbaladilla. Están bien conservados y no acusan deterioro. Un colono que pasa por el sitio explica ese buen estado: nadie los usa, porque el parque es infuncional, mal trazado, y mal equipado. A la redonda no hay nada, solo basura, polvo y calles desoladas.

A un lado, y en sitio de uso común, el ayuntamiento dispuso que se construyera un albergue para mujeres maltratadas, pero a ningún colono le pidió su aprobación. Ellos y el cabildo lo aprobaron desde el escritorio, quitándoles a los vecinos el derecho a tener áreas verdes y funcionales.

El viernes 29 de septiembre, en la última sesión de cabildo de Ahome, los regidores aprobaron discutir en la Comisión de Hacienda la solicitud que el particular José Alfredo Luque Beltrán presentó el 17 de agosto del 2023 para comprar una fracción de terreno “al parecer demasía” con superficie de 31.590 metros cuadrados, ubicada en el fraccionamiento Las Cerezas.

En esa misma sesión, Jaime Romero Barreras, secretario de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología del Ayuntamiento de Ahome, remitió al cabildo el oficio SOP/DU/1849-23 fechado el 18 de septiembre del 2023, pidiendo dictaminación el Convenio de Coordinación para el Apoyo a las Viviendas denominadas económicas, popular, tradicional y media del municipio de Ahome. Actualmente, este se encuentra en manos de los ediles.

Estas son acciones recientes que el cabildo aprobó para enajenar a título propio las zonas comunes de los ciudadanos que, de acuerdo con el Consejo Ciudadano Multidisciplinario del Municipio de Ahome, son ilegales.

Luis Alfonso Cota Sánchez, Cristóbal Soto Cota, Guillermo Padilla Montiel y Francisco Villegas Elizalde, miembros del organismo revisor, aseguraron que las acciones son encaminadas por una mafia inmobiliaria promovida por el alcalde Gerardo Octavio Vargas Landeros, la Comisión Nacional de Vivienda Canadevi capítulo Los Mochis, el cabildo y desarrolladores para apropiarse de más de 40 zonas públicas que se han declarado sin utilidad por ser dimensiones insuficientes para la creación de infraestructura como áreas verdes, escuelas, guarderías o mercados.

La Canadevi es un organismo intermedio con fines de lucro, la cual no debe de tener espacios en donde se toman decisiones de urbanismo porque afectan las zonas públicas, dijo, Cota Sánchez que denunció que el gobierno local y los empresarios amparan sus acuerdos en el convenio Canademi/Municipio/Japama firmado en octubre del 2022 y que se pretende ratificar en octubre del 2023 para que el ayuntamiento ceda a los socios inmobiliarios el 33 por ciento de las áreas de donación a cambio de equipamiento de parques y jardines, lo que afecta a los compradores de las viviendas porque se incumple lo que se pacta en el contrato sobre las áreas verdes y superficie de donación para equipamiento municipal.

“Resulta, por la experiencia y evaluaciones, que los desarrolladores gastan en un columpio, una resbaladera, y una tranca palanca, plantan pasto y árboles en lo que gastan miles de pesos y a cambio se les cede terrenos en donde pueden edificar más casas, obteniendo ingresos de hasta 6 millones de pesos.

Con el tiempo, los matrimonios se ven afectados, porque se tendrán que desplazar kilómetros para dejar a sus hijos en guarderías, jardín de niños, primarias y secundarias, y también para abastecerse de alimentos, y hasta para ejercitarse, todo porque entre el ayuntamiento y los inmobiliarios existe un acuerdo ilegal para la compra-venta de los espacios públicos”, denunció.

Hoy también disfrazan esas operaciones de donaciones de terrenos a policías, pero son quitadas de espacios públicos, en lugar de comprar terrenos y dárselos; incluso, están apareciendo propietarios de supuestas zonas de demasías que nadie sabe en dónde están porque lo ocultan.

Esa práctica de ocultar la información de las zonas de venta y de regalo a policías fue confirmada por los regidores de oposición, María de los Ángeles Heredia Zavala, Julio César Valdez Miguel y Jesús Ramón Salmerón Pérez. Estos aseguraron que la información se les remite incompleta por lo que no pueden emitir una aprobación de las mismas.

Cota Sánchez pidió a los regidores no comprometer la firma y ratificar el convenio atracador, y exhortó a la Canadevi a evolucionar ya que, en lugar de robarse el suelo patrimonial, mejor desarrollen fraccionamientos funcionales con equipamientos urbanos.

A los ciudadanos y nuevos colonos pidió que recurran al cabildo para que se vocacionen sus áreas verdes e impidan el robo de las mismas, y que también salgan a los parques a defenderlos, en caso de que ya esté la maquinaria.

“Las áreas comunes no son propiedad del alcalde ni de los regidores sino de toda la comunidad. Hay que defenderlas de la voracidad, avaricia, felonía y malversación de las autoridades municipales y de las inmobiliarias que se escudan en un convenio, muy, muy oscuro”, dijo.

Artículo publicado el 08 de octubre de 2023 en la edición 1080 del semanario Ríodoce.