La Covaj presenta el segundo informe en el que confirma que autoridades de todos los niveles, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto estuvieron involucrados en la llamada ‘Verdad Histórica’; los padres de los estudiantes piden procesar a los responsables

Entre reuniones, marchas y protestas, la presentación de dos informes que se oponen: el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), se cumplieron nueve años de la desaparición de los 43 normalistas.

Los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, realizaron un plantón del 21 al 29 de septiembre frente al Campo Militar 1-A, se reunieron el lunes 25 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 26 marcharon en la CdMx, y el viernes pasado anunciaron que continuarán el diálogo con el gobierno federal, al que exigen entregue la presunta información que tiene el Ejército sobre los sucesos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, durante la llamada “Noche de Iguala”.

Los padres demandaron también una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto y los funcionarios que integraron la junta de autoridades en la que, de acuerdo con el segundo informe de la Covaj, presentado el 27 de septiembre, se fabricó la llamada “verdad histórica”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el martes 26, que la investigación del caso es “a fondo” y “seria”, y rechazó que la Sedena haya negado información, como aseguran los padres y el propio GIEI.

“Tenemos diferencias (con los padres de los normalistas), ellos insisten que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos; yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer estos casos, el lamentable caso de Ayotzinapa”.

“El abogado (Vidulfo Rosales) salió a decir, desde luego, respeto su punto de vista, no lo comparto, de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada ‘verdad histórica’. Creo que exageró o se confundió, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad.”

Segundo informe del Covaj; Peña y la ‘junta de autoridades’, artífices de la ‘Verdad Histórica’

El informe de 143 páginas y ocho anexos, de la Covaj, presentado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, establece que a partir de entrevistas a 80 participantes en la desaparición de los normalistas, intervenciones de comunicaciones, reconstrucción de los hechos, se logró determinar que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un “crimen de Estado”, en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de instituciones de los tres niveles de gobierno, así como elementos del Ejército.

El texto añade que, por primera vez, afirma que la “Verdad histórica” se construyó desde la “junta de autoridades”, presidida por el entonces presidente de la República Enrique Peña Nieto, junto con funcionarios del más alto nivel del Gobierno, para “legitimar socialmente la verdad de los hechos”.

“La ‘verdad histórica’ constituye una segunda desaparición de los estudiantes por las omisiones de las autoridades, que en todo momento estuvieron informadas; que permitieron la violencia y la desaparición de los normalistas; participaron con el grupo delictivo en la desaparición; manipularon y ocultaron evidencias y pruebas; crearon escenas del crimen; obtuvieron declaraciones bajo tortura; protegieron a los servidores públicos que participaron en los hechos, y mintieron a los familiares de las víctimas y a la sociedad”, señala.

La Covaj indica que la “verdad histórica” tenía como finalidad acreditar la versión de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso.

En el documento figuran 434 personas, de las cuales 109 pertenecen a grupos delictivos, 35 al gobierno estatal, 12 al gobierno Municipal, 125 policías municipales, 39 elementos de las Fuerzas Armadas y 36 del gobierno federal, y 78 más que no cometieron algún delito, pero colaboraron en su calidad de sobrevivientes o víctimas, para la reconstrucción de los hechos.

“En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.”

El texto detalla en 10 puntos, el soporte de la investigación, contexto de la desaparición de los estudiantes, reconstrucción de los hechos, los causales de la desaparición, judicialización de los presuntos implicados, la búsqueda de los cuerpos, los hallazgos e identificación genética, la “Verdad histórica”, el balance de la Covaj y las conclusiones a las que llega.

Encinas mencionó que el informe se soporta en más de 9 mil 752 archivos digitalizados de 15 instituciones públicas como el Centro Nacional de Inteligencia, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Sedena, Semar, Guardia Nacional, entre informes, comunicaciones obtenidas por EU, radiogramas, mensajes, llamadas telefónicas, cartografía, videos, fotografías, informes de operaciones, minutas de trabajo y bitácoras de búsquedas en campo, que se suman a la información obtenida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organismos internacionales, de la sociedad civil y particulares.

La Covaj aclaró en el informe, que las capturas de pantalla de mensajes de Whatsapp de intervención de comunicaciones que se tomaron en cuenta para la reconstrucción de los hechos, y que antes fueron desestimados por el GIEI, tampoco fueron validadas por la compañía Meta Platforms lnc., que desarrolló las aplicaciones de WhatsApp y de Facebook.

“Es decir, no se puede asegurar que los mensajes capturados sean ciertos o falsos. Si bien esto no permite su judicialización, su cruce y validación con información de distintas fuentes permitió abrir nuevas líneas de investigación”.

Con la información obtenida, continúa el texto, se concluyó que las autoridades locales y federales dieron seguimiento a los estudiantes antes de los hechos, y que mandos del Ejército tenían vínculos con Guerreros Unidos, y no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio “N”, quien se encontraba infiltrado entre los normalistas y es uno de los 43 desaparecidos.

Contrario a lo que señalaba la “Verdad Histórica”, agrega, en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF, sino que se dirigían a la Ciudad de México y que tampoco existió ninguna comunicación entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.

Tampoco los normalistas estuvieron juntos tras la salida de la Terminal de Autobuses de Iguala, sino que fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a distintos lugares.

“Las autoridades federales, estatales y municipales del más alto nivel fueron omisas y negligentes. Existen elementos suficientes para presumir que se alteraron hechos, evidencias y circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad”, indica.

“Existía vínculo y contubernio entre Guerreros Unidos y las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco; la policía estatal; la Policía Ministerial Estatal; la policía federal; así como con elementos del ejército”.

La Covaj considera tres posibles causas del móvil de la desaparición de los estudiantes: Confusión en Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración del grupo antagónico de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de Iguala, la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por el alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y quema del palacio municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de dirigentes sociales y el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados.

Encinas aseguró que la Sedena entregó la información que tenía en su poder sobre el caso y que no hay información oculta, como aseguró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el sexto y último informe, presentado en julio pasado.

Ángela María Buitrago y Carlos Beristáin, integrantes del GIEI, acusaron entonces que el Ejército ocultó información y la existencia del Centro de Fusión de Inteligencia (CFDI), del cual se han localizado 16 documentos y de otras unidades que contienen la información en tiempo real de lo que ocurrió en Iguala del 26 de septiembre hasta octubre del mismo año, además de que en la desaparición de los estudiantes también participó personal de la Marina.

“Los mandos del 27 Batallón y del 42 Batallón tenían una colusión con el narcotráfico. Lo sabemos por las escuchas de Chicago y por informaciones que unos miembros de la delincuencia organizada han proporcionado. Sin embargo, Sedena niega tener información sobre lo sucedido en monitoreos y seguimientos telefónicos de investigaciones que sí llevaron a cabo, interceptaciones, monitoreo de comunicaciones, transcripción de comunicaciones que hablan sobre los hechos, pero que también hablan del posible destino de los jóvenes”, comentó Carlos Beristain.

En el marco del noveno aniversario de la desaparición de los normalistas, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), y quien presentó su renuncia en septiembre de 2022, declaró a Proceso que desde el gobierno de López Obrador también se protegió a elementos del Ejército.

Artículo publicado el 01 de octubre de 2023 en la edición 1079 del semanario Ríodoce.