Operaciones de la empresa alemana reavivan llama étnica de rechazo a la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo

La empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) filial del grupo suizo-alemán Proman que pretende construir una planta de amoniaco con empleos temporales reinició este lunes (11) operaciones rellenando un polígono, sin que aún concluya el juicio de amparo que ha paralizado a la empresa durante 10 años.

Ambientalista y defensores de la bahía de Ohuira-Santa María-Topolobampo consideraron la acción como una provocación para generar una respuesta violenta, pero contestaron con dos denuncias ante Profepa por daño al medio ambiente.

Las denuncias fueron presentadas este jueves en la sede de Los Mochis de la Procuraduría de la Defensa del Medio Ambiente (Profepa) por Enrique Ayala y José Luis Luna, miembros del colectivo ¡Aquí No! que se opone a la instalación de la industria petroquímica en la bahía por considerarla nociva para la salud de los nativos por su alta emisión de contaminantes al aire, tierra y mar, además de que alteraría el ecosistema que le da ocupación y sustento a cuando menos 5 mil familias durante años, no así la fábrica, que serán trabajos temporales, de dos años de duración, como máximo.

De acuerdo con Ayala y Luna en la víspera de interponer las denuncias, las plantas petroquímicas como GPO, Mexinol, y Productos Pesqueros de Topolobampo solo pretenden contaminar el medio ambiente de la bahía, saquearla durante 40 años y abandonar el sitio ya impactado severamente y sin posibilidades de regeneración, forzar la emigración de los nativos y sus familias a cambio de hacer millonarios a los capitalistas extranjeros.

“Quieren tronar nuestra bahía como los han hecho en Pajaritos y recientemente en Guaymas, en donde ya no se pesca nada, y en donde una bahía productiva la convirtieron en zona de desastre, pero los dueños terminaron siendo más millonarios”, dijo Ayala.

La defensa de la bahía es con todo y hasta donde termine, opinó Luna.

Antes, el sábado 9 de septiembre, los nativos de Paredones, el domingo 10 de septiembre, los de Ohuira, y el martes 12, los de Lázaro Cárdenas, refrendaron la oposición a las plantas petroquímicas que el gobierno federal, estatal y municipal empujan pese al rechazo social. Estos también se pronunciaron por la movilización en contra del gobierno.

En los encuentros, Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira, recibió el respaldo total, pleno y llano de sus seguidores para mantenerse férreo en la oposición, y prestos para el llamado a la movilización conjunta.

En tanto que Luna, también fue testigo de los trabajos que la empresa GPO reinició fuera del recinto que rellenó años atrás para, según ellos, iniciar en forma acelerada los trabajos de construcción de la planta de amoniaco; sin embargo, los habitantes mayo-yoreme de las comunidades Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones se movilizaron y lograron la protección de la justicia federal al comprobar que los empresarios obtuvieron de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) truqueando los requisitos. La falta de consulta indígena obligada fue la causa de la anulación.

Las comunidades comprobaron ante jueces de distrito que sus derechos humanos los vulneró Semarnat para beneficiar a la empresa GPO, lo que concluyó con la cancelación de la MIA.

Aunque esa cancelación está vigente aún, GPO reinició el martes los trabajos de relleno de un nuevo polígono, pero fuera del predio anulado.

En este nuevo sitio, en donde según el proyecto se pretende colocar las llenaderas de autotanques de amoniaco, fue excavado un predio, colocado en el subsuelo una malla de color negro y rellenado con balastre sacado de un banco del ejido Topo Viejo.

En el lugar se concentraron al menos 8 dompes, un bulldozer, tres excavadoras y cuadrillas de trabajadores, hombres y mujeres.

Al menos tres de los trabajadores, desde el interior del polígono lanzaron consignas a activistas que documentaban los hechos. Estos no se encendieron, sino que continuaron con lo suyo, documentando los hechos.

Incluso, vigilantes privados contratados y achuchados por GPO usurparon funciones de policías y pretendieron correr a los activistas de un lugar público, sin embargo, estos se impusieron y forzaron a los falsos gendarmes a refugiarse en el recinto, so acción de denuncia por asumir acciones impropias.

Al verse descubiertos, los trabajadores pararon operaciones. Ordenaron el retiro de dompes, maquinarias y personal. Tras unos minutos, los activistas simularon también una retirada, solo para volver a sorprender a los trabajadores rellenando de nuevo. Con la carga de evidencia, este jueves, los activistas denunciaron ante Profepa los hechos.

El alcalde, Gerardo Octavo Vargas Landeros, un promotor a ultranza de la empresa que truquea requisitos, no comentó el reinicio de operaciones de GPO, mientras que el secretario de Obras Públicas, Jaime Romero se encerró en sus oficinas y argumentando carga laboral, su secretaria, justificó la no atención a reporteros.

Artículo publicado el 17 de septiembre de 2023 en la edición 1077 del semanario Ríodoce.