Penales de Sinaloa mejoran calificación, pero persiste la corrupción y el autogobierno

PENAL DE AGUARUTO. Corrupción y autogobierno.

Los penales de Sinaloa aumentaron su calificación en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, pero permanece el autogobierno.

El estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela el estado en el que se encuentran los centros penitenciarios del país.

Los penales de Sinaloa subieron de calificación al pasar de 5.52 en 2021 a 6.17 en 2022, pero permanecen deficiencias.

La evaluación señala que en los penales de Aguaruto, en Culiacán; El Castillo, en Mazatlán; y Évora, en Guamúchil, existe el ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, conocidas como autogobierno o cogobierno. Solo en el penal de Goros II, en Los Mochis, no identificó que haya autogobierno.

El estudio, indica, revela la existencia de una de las problemáticas más complejas que se observaron en 42 de los 235 centros penitenciarios supervisados, donde las personas privadas de la libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad.

Es indispensable que las autoridades a cargo de los centros penitenciarios en conjunto con el personal de las áreas técnicas y personal de seguridad y custodia identifiquen, y en su caso, realicen acciones idóneas de acuerdo al Protocolo Interno en la materia para hacer cesar conductas que propician el autogobierno/cogobierno y denunciar las actividades ilícitas que se generan al interior de éstos, como lo son, extorsiones, cobros indebidos y/o sobornos, entre otras conductas indebidas.

Las autoridades, menciona, deben generar un plan de acción que les permita combatir, desmembrar y prevenir cualquier red de corrupción entre las personas internas, en agravio de sus visitas y/o entre el personal del centro hacia las personas privadas de la libertad.

Señala que es necesario realizar una investigación al interior del centro, en el que se recoja la experiencia de las personas privadas de la libertad y del personal, a efecto de identificar si las autoridades del centro penitenciario correspondiente, personal de seguridad y custodia o de alguna otra área están coludidos, participan o permiten que se ejerzan acciones de autogobierno o cogobierno al interior y/o cualquier actividad o conducta ilícita o irregular en agravio de las personas internas y/o sus visitas.

Detalla que es necesario identificar si tales conductas son constitutivas de algún delito para así realizar las denuncias correspondientes o solicitar el inicio de los procedimientos respectivos, e incluso, valorar por temas de seguridad institucional la reubicación o traslado de las personas que ejercen el autogobierno-cogobierno y/o actividades ilícitas, a efecto de disminuir los cotos de control o poder indebidos, consumación de actos delictivos y corrupción al interior.

El penal de Aguaruto es donde la CEDH identificó la mayor cantidad de deficiencias, además del autogobierno.

En el Centro Penitenciario Aguaruto, mención que falta prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violento, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores y en área médica.

También identificó la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, eficiente integración del expediente técnico-jurídico, deficiente separación entre procesados y sentenciados.

En los penales de Aguaruto y El Castillo la CNDH identificó presencia de actividades ilícitas.

Durante el 2022 en los penales de Sinaloa hubo tres homicidios, seis riñas, una fuga y cuatro suicidios, que, según las autoridades, las posibles causas son problemas familiares y o sentimentales.

La CEDL lamentó que pese a los resultados de los anteriores Diagnósticos no se hayan tomado las medidas para generar condiciones dignas y realizar acciones que permitan revertir las grandes problemáticas que se detectan e impactan en la situación de los penales, por lo que llamó a las autoridades responsables a efectuar un análisis crítico y detectar los obstáculos y limitaciones que impactan en las condiciones de gobernabilidad y seguridad, que además impiden lograr el objetivo primario que es la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

En los últimos dos años, desde que empezó el gobierno de Rubén Rocha Moya, el penal de Aguaruto ha tenido tres directores. Todos han sido removidos por presuntos actos de corrupción.

En febrero de 2022 fue destituida María Emma Alcaraz, después de que, en un operativo, dentro del penal, localizaron una celdas de lujo con muebles, aires acondicionado, gallos de pelea, armas, droga y un millón 250 mil pesos en efectivo.

Un mes después, en marzo, fue nombrado director José Ramón Ruiz Guevara, quien estuvo en el cargo hasta junio de este año.

Ruiz Guevara fue separado del cargo y se abrió una investigación en su contra después de que se descubrió que una persona que entraba como visitante usaba nombre falso y tenía orden de aprehensión.

El detenido resultó ser José Gonzalo “E”, quien está acusado de privar de la libertad y asesinar al director de la Policía Municipal de Elota, Ignacio Juárez Rojas y al armero de la corporación, Alfonso Beltrán Jiménez.

Supuestamente Gonzalo ingresaba al penal a visitar a un interno, en complicidad con el director.
Tras la salida de Ruiz Guevara, nombraron como director a Braulio Aguirre Herrán.

Artículo publicado el 03 de septiembre de 2023 en la edición 1075 del semanario Ríodoce.

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