Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, publicó la carta que envió al gobierno mexicano para manifestar su preocupación sobre el caso de la Jueza Angélica Sánchez de Veracruz.
Afirmó que los jueces no deben estar sujetos a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones.
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La comunicación oficial presenta una relatoría de hechos. El documento revela que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se habría molestado por no ser consultada por la jueza para tomar la decisión y la habría amenazado.
La información indica que la presidenta habría cuestionado a la Jueza sobre el sentido de su fallo y al recibir la repuesta, le habría llamado por misma aplicación y gritado “¿En qué momento me consultaste sobre lo que ibas a resolver, cuándo informaste?, si sabes que este es un asunto de Alto Impacto?” y ante la repuesta de la Jueza le había dicho: “Entonces atente a las consecuencias”.
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La jueza veracruzana fue detenida y procesada penalmente después de emitir una resolución, el gobernador Cuitláhuac Salinas dijo que su decisión fue ilegal, mientras que ella se defendió afirmando que únicamente atendió una sentencia de amparo.
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La juzgadora fue detenida en Ciudad de México mientras intentaba denunciar la persecución en su contra en la Suprema Corte.
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En particular, me preocupa dijo Margaret Satterthwaite, que la Jueza haya sido detenida sin orden de detención y que dicha detención podría constituir una desaparición forzada de corta duración.
