Pausa en el Congreso del Estado: los diputados se van de vacaciones
Al iniciar el periodo vacacional del personal del Poder Legislativo, el Congreso del Estado hizo así una pausa en los desencuentros y controversias que marcaron el trabajo parlamentario en los últimos meses.
En apego al marco legal, el Congreso del Estado clausuró el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año constitucional de la actual Legislatura, e instaló la Diputación Permanente que dará continuación a los trabajos parlamentarios.
En la estadística del balance legislativo comprendido de octubre de 2022 a julio de 2023 se incluyeron los números positivos del trabajo parlamentario, pero se omitieron los desencuentros que se intensificaron en los últimos meses.
De existir solo un diputado sin partido, sumaron cuatro en total. Al inicio del segundo año Legislativo el primero en renunciar al Grupo Parlamentario del PRI, fue el diputado Feliciano Valle Sandoval, por desacuerdos en la elección del coordinador de la bancada. Para finales de mayo, el PRI pierde otra diputada al renunciar Deisy Judith Ayala Valenzuela. En junio se desprendió del mismo grupo parlamentario Gloria Himelda Félix Niebla.
El terreno de los desencuentros más hondos durante la presente Legislatura inició en enero del presente año, cuando la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado incluyó en la agenda la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ante la oposición del PAS que señaló que era inviable ya que no se había presentado en ese momento iniciativas en ese sentido.
El enfrentamiento de Morena con el PAS en el Congreso del Estado detonó con la expedición de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, aprobada con el respaldo de los diputados del PRI, PAN, PT, Movimiento Ciudadano y sin partido.
El desencuentro con la bancada del PAS se concentró en un artículo de la Ley de Educación que incluyó que toda consulta para modificar las leyes orgánicas de las universidades autónomas, deberá ser convocada y organizada por el Congreso del Estado conforme a los parámetros, lineamientos y metodología que éste considere pertinente.
Mientras que el PAS concentró sus posicionamientos en que la nueva ley era violatoria de la autonomía universitaria, los funcionarios de la UAS llevaron la controversia los tribunales, en donde actualmente se encuentra, junto con la defensa del Poder Legislativo que ha argumentado que se ha legislado conforme al marco legal vigente.
En paralelo, la ASE incluyó a la UAS en el Programa Anual de Auditorías para fiscalizar los recursos propios por 466 millones de pesos del año fiscal 2022. Los funcionarios de la UAS impidieron que fueran auditados y rechazaron entregar la documentación solicitada por la ASE para comprobar el uso y destino de los recursos captados. El informe de la auditoría, que fue entregado a la Comisión de Fiscalización, señala un presunto daño patrimonial a la UAS por los 466 millones, en tanto que la ASE analiza el expediente que pudiese derivar en nuevas denuncias ante la Fiscalía General o ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
En la controversia con el PAS, arrancó la búsqueda de la protección del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa para obligar al Congreso del Estado a dictaminar iniciativas del Partido Sinaloense, las cuales tenían más de tres meses en haber sido turnadas para su análisis.
El balance legislativo destaca la inclusión por vez primera de los dictámenes e iniciativas rechazadas por el Pleno, una situación inédita en la vida parlamentaria. De los dictámenes negativos aprobados por el Pleno, seis fueron del PAS, y tres más del PRI y ciudadanos. En este mismo renglón se incluyeron iniciativas no consideradas por el Pleno, un total de 23, que fueron presentadas por el PAS (17), ciudadanos (4), PRI (1) y Morena (1).
En el último día del periodo ordinario de sesiones, el Pleno del Congreso del Estado realizó reformas a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a las cuales se opuso el PAS, por considerar que se hicieron fast track, en medio de un proceso legislativo que consideró como una democracia disfrazada, cuando en realidad era una oposición al mayoriteo.
Entre otras reformas, se incluyó la eliminación de los seis meses de plazo para dictaminar una iniciativa, situación que hará inviable más recursos, como los que el PAS había ganado en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.
Una reforma más fue la otorgación de facultades a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico para desechar iniciativas por razones de forma, sino también de fondo, como el que no corresponda a facultades del Congreso del Estado, contravenga disposiciones legales o tratados internacionales, o antecedentes de jurisprudencia.
Así se evitarían controversias como la que el PAS llevó al Tribunal Electoral por el desechamiento de una iniciativa en la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico por razones más allá de los requisitos de forma que debe reunir una propuesta legislativa.
Los últimos meses estuvieron también aderezados por otros hechos controvertidos, como la denuncia del PAS por el presunto robo de cheques en el área de Administración del Congreso del Estado, situación que se encuentra actualmente en los tribunales.
Otro caso fue el protagonizado por la diputada de Morena, Almendra Negrete, presidenta de la entonces comisión de Equidad, Género y Familia, cuando un conversatorio que organizó, perdió el control de sus emociones y agredió verbalmente a representantes que exponían su desacuerdo en legislar para penalizar las terapias de conversión de género. Un par de asistentes de organizaciones civiles prefirieron abandonar el foro. El presidente de la Jucopo, Feliciano Castro Meléndrez, debió salir días más tarde al auxilio y personalmente presidir los foros, para escuchar las voces de diversas agrupaciones, suavizar así las discrepancias para empujar las reformas legislativas, que incluyeron algunos elementos planteados por los asistentes.
La nueva controversia en el corto plazo, entre Morena y sus partidos aliados, podría ser el nombramiento de la presidencia de la Mesa Directiva para el siguiente año Legislativo, bajo nuevas reglas que no requieren una votación calificada y puede presentar un diputado que no pertenezca a un grupo parlamentario.
El balance legislativo oficial
En el documento de la estadística legislativa no se incluyó solamente el último periodo ordinario, sino que se consignó desde desde octubre de 2022, cuando inició el segundo año hasta julio de 2023.
Aquí algunos datos relevantes:
La estadística oficial registró las 1 mil 383 iniciativas turnadas a comisiones, las aprobadas (656), las que están en proceso (731), las pensiones (449), las no consideradas por el Pleno (23), las retiradas por sus iniciadores (24) y los dictámenes negativos aprobados por el Pleno (9).
En los números oficiales están también las reformas aprobadas a la Constitución (28), la creación de nuevas leyes (17), las reformas a leyes vigentes (129) y leyes de ingresos (38).
Fueron realizadas un total de 85 sesiones, de las cuales 57 fueron ordinarias, 15 extraordinarias y 13 solemnes.
Entre los programas más sobresalientes está la puesta en marcha de un abatimiento legislativo.
Se tomaron protesta a los comités fundacionales que dará la estructura y organización a los nuevos municipios de El Dorado y Juan José Ríos.
La promoción de la llamada “Agenda Púrpura” incluyó reformas legales que establece como falta administrativa a quien no respete la paridad de género en la asignación de puestos de mando; el establecimiento de 3 X3 como requisitos para una candidatura, es decir, no deberán aparecer como deudores alimentarios, no tener condenas por delitos contra la familia, la libertad sexual o violencia política en razón de género; la ley Monzón que estableció la pérdida de la patria protestad a padres que sean procesados por delitos de feminicidio.
En el sector productivo, se estableció el delito de fraude específico en el Código Penal a quienes no paguen en los plazos convenidos a los productores agrícolas, fruticultores, ganaderos apícolas y pescadores.
En materia de derechos humanos se eliminó la prohibición de contraer matrimonio a personas con VIH-Sida u otra enfermedades crónicas e incurables, contagiosas o hereditarias.
En materia de transparencia y combate a la corrupción, se aprobó una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas en materia de retenciones de cuotas del IPES para combatir la añeja corrupción de no pago de aportaciones.
Aprobación de la diminución de edad de 21 a 18 años para ser diputado local; así como de 30 a 25 años para gobernador, aunque en esta reforma sobre el requisito para ser mandatario estatal no fue incluida en el balance oficial legislativo. El decreto tampoco ha sido promulgado hasta el momento por el gobernador.
Artículo publicado el 06 de agosto de 2023 en la edición 1071 del semanario Ríodoce.
