José Carlos González Alarcón, exdirector de Vivienda y Tenencia de la Tierra del gobierno municipal de Mazatlán, en una entrevista que concedió a principios de marzo a Los Noticieristas a través de la periodista Cecilia Barrón y después de cuando había presentado cuatro denuncias en diciembre pasado, tres de ellas ante la Fiscalía local y una más en la federal, contra lo que denomina cártel inmobiliario y esa acción le costó el puesto de esta área tan sensible socialmente.

Y es que, estimado lector, esta dirección en cualquier municipio tiene como principal tarea la administración de la ley en materia de vivienda y tenencia de la propiedad, es decir, está vinculado directamente con el desarrollo ordenado de la ciudad de manera que haya un equilibrio entre su crecimiento y la dotación de servicios públicos.

Esto, en una ciudad que está viviendo el más extraordinario boom inmobiliario de su historia, tiene una enorme significación, lo que obliga a que los responsables institucionales sean no sólo conocedores de la ciudad sino técnicamente capaces y honestos, porque están al día de los cañonazos para desviar la ley en beneficio de particulares y, peor, como veremos, de quienes con poder logran obtener beneficios.

Por eso la entrevista de marras es importante, pues revela la existencia de un cártel que ha operado en el ayuntamiento seguramente desde antes de las administraciones morenistas y se conserva gracias a un sistema de complicidades entre funcionarios, lideres de colonias y empresarios.

El modus operandi de este cártel atípico, aunque normalizado, se manifiesta según González Alarcón por dos vías de corrupción: Uno, por medio de la regularización de predios urbanos a precaristas y, otro, mediante autorizaciones ilegales a cambio de aportaciones en especie al gobierno municipal y, seguramente, a funcionarios corruptos.

González Alarcón describe de la siguiente manera la regularización de predios en posesión de precaristas o, simplemente, ciudadanos que no cuentan con papeles que acrediten la propiedad que han ocupado por décadas como sucede en el Fraccionamiento Buganvilias al norte de la ciudad:

“Establecen relación con algunos líderes de colonia, dice, para meter agua primero, grupal, cobrarles cuotas, ahí va y algunos terrenos para ellos con prestanombres (sic). El cártel está fuerte, está bajo denuncia y se lo dijeron al gobernador dos veces… Tonatiuh [Guerra], agrega González Alarcón, nos dijo que nos fuéramos a invadir Urías, que Buganvilias no y lo están hablando en Cabildo abierto y nadie dice de los regidores nada (sic). Van a invadir y les dice el gobernador, si invades, te echo a la policía, pero realmente, ¿Quién está gestionando que invadas?, se pregunta, y, ¿A qué se debe?, porque después viene el negocio”.

Aseguró, el ex titular de Vivienda y Tenencia de la Tierra, estos temas “llegaron a él de parte de la propia ciudadanía que encontraban cuestiones sospechosas en el trámite de su apoyo y que en el caso de precaristas hasta eran aconsejados de en qué lugares invadir, en donde el Gobierno Municipal se comprometía a dotarles de servicio, pese a ser predios irregulares con propietarios de antigüedad, haciendo alianzas con líderes de asentamientos, donde también los servidores públicos obtenían lotes que acreditaban con supuestos ‘prestanombres’”.

En cuanto a la segunda vía, la de las autorizaciones ilegales que están haciendo de Mazatlán una suerte de Frankenstein por la cantidad de áreas verdes construidas, las banquetas que son apropiadas por negocios de particulares y los permisos para construir más y más altos, sin que haya soporte en servicios públicos o, peor, que estos servicios, se los quiten a otras zonas de la ciudad cuando si no es que estallan con las inundaciones o el desborde de aguas negras por el exceso de demanda como sucede, frecuentemente, en la llamada Zona Dorada.

Este tipo de anomalías, según el entrevistado, se negocian a cambio de que los particulares entreguen insumos para la misma ciudad, pero, seguramente, con un costo por debajo de lo que significarían las multas o en su caso, la destrucción de aquellas construcciones, que rebasan sus límites e invaden el espacio público.

Hace poco se conoció que una buena cantidad de grandes y medianos empresarios porteños entregaron “generosamente” cientos de lámparas Led para ser instaladas en colonias populares y muchos nos preguntamos: ¿a cambio de que esa generosidad empresarial? Pronto lo sabríamos. Nuestro colega Alejandro Sicairos, erróneamente, salió a hablar de la buena gestión de Edgar González con los empresarios y ahora, más recientemente, ha escrito que en Mazatlán no hay un cártel inmobiliario sino una mala reglamentación urbanística. O sea, darle la vuelta al tema de fondo.

En definitiva, las denuncias de González Alarcón están esperando ser resueltas y será, entonces, siendo optimistas, que sabremos la dimensión de este nuevo cártel en tiempos de la 4T; por lo pronto las inundaciones, el desborde de aguas negras y los reclamos de colonos abusados, nos dan la nota de los daños que se están ocasionando y que deberían alertar a los gobiernos, pero sobre todo, a los compradores que podrían estarse comprando un problema.

Artículo publicado el 23 de julio de 2023 en la edición 1069 del semanario Ríodoce.