Más quejas que contra las policías

En Sinaloa hay más denuncias contra maestros que contra policías por violaciones de derechos humanos. Durante el 2022 se dispararon las quejas contra la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

De acuerdo con el Informe Anual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el año pasado hubo más quejas contra SEPyC que contra corporaciones policiales, que suelen ser las más denunciadas.

Durante el 2021, contra la SEPyC la CEDH recibió 14 quejas y en 2022 aumentaron a 53.

En 2021 la SEPyC ocupó la quinta posición entre las autoridades con más quejas después de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud y la Secretaría General de Gobierno; y el año pasado fue la segunda, solo después de la FGE.

De las quejas contra SEPyC, en 19 señalan personal de la Secretaría, en 18 a directores y maestros de secundaria, en nueve a maestros de educación primaria, en cuatro a maestros de prescolar y el resto a personal de los Centros de Atención Múltiple.

Las quejas contra maestros superaron a las de los policías. Contra elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron 17 y contra agentes de la Policía de Investigación del Estado fueron ocho.

El informe señala que los hechos denunciados fueron impedir o restringir el acceso a servicios de educación, condicionar la inscripción, permanencia, realización de exámenes o entrega de documentos al pago de cuotas o aportaciones; omisión en garantizar una infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneas; acciones u omisiones contrarias a los principios básicos de la educación, la cual debe ser laica, gratuita, inclusiva y de calidad; negar el acceso a los servicios de educación por discriminación basada en alguna condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas; y negar el acceso a los servicios de educación por cuestiones estéticas.

Contrario a la SEPyC, en las áreas de seguridad y procuración de justicia, las quejas disminuyeron.

En 2021 la FGE tuvo 207 quejas y en 2022 fueron 168; mientras que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado bajaron de 48 a 37.

Durante 2022 en total fueron presentadas 2 mil 756 quejas, de las cuales 1 mil 981 fueron solucionadas de manera inmediata a través de gestiones ante la autoridad, asesoría jurídica, diversas diligencias o, en su caso, orientación y acompañamiento; y se solicitó la adopción de 51 medidas precautorias a diversas autoridades estales y municipales, entre ellas siete autoridades de SEPyC.

En atención a grupos vulnerables el documento indica que del sistema penitenciario atendieron 33 quejas por violaciones al derecho a la protección a la salud, derecho a la vida, integridad y seguridad personal y derecho a la reinserción social.

“La prisión debe garantizar en todo momento la guarda y seguridad de las personas privadas de la libertad, ya que dentro de los fines de la pena y de las medidas privativas de libertad se encuentra, además, la de proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Los centros penitenciarios tienen la obligación de garantizar a las personas privadas de la libertad, una estancia digna que conlleve a una sana reinserción a la sociedad, evitando con ello su reincidencia”, indica.

Por personas desaparecidas se iniciaron 18 expedientes por la desaparición de 17 hombres y 4 mujeres.

Señala que la CEDH “continúa de manera permanente con acompañamiento a los colectivos de familiares de las personas desaparecidas, para la revisión de avances en la integración de las averiguaciones previas o carpetas de investigación correspondientes y en las mesas de trabajo que se realizan con distintas autoridades para el otorgamiento de apoyos a que tienen derecho como víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos”.

De periodistas, la CEDH recibió seis quejas por violaciones a derechos humanos, por lo que “en reiteradas ocasiones hace un permanente llamado a todas las autoridades de Sinaloa para que cumplan con su obligación constitucional, convencional y legal de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de este grupo en situación de vulnerabilidad”.

En las quejas recibidas durante el 2022, los hechos violatorios identificados los de mayor incidencia fueron los relativos a la dilación o irregular integración de la carpeta de investigación, prestación indebida del servicio público, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza pública, así como los relativos al derecho a la protección a la salud.

Del total de autoridades señaladas presuntamente como responsables, el 63 por ciento corresponde al ámbito estatal, mientras que el 36.9 por ciento a dependencias municipales.

Los diversos hechos y acontecimientos ocurridos en el año que abarca este informe, nos permiten señalar que en Sinaloa se ha experimentado un cambio paulatino hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos, al mismo tiempo que representa un gran reto en esta materia, toda vez que se desarrollan en un contexto de inseguridad y violencia, generando vulnerabilidad en la garantía de los derechos fundamentales de las personas, señala el informe.

Artículo publicado el 16 de julio de 2023 en la edición 1068 del semanario Ríodoce.