El ex alcalde de Mazatlán es vinculado a proceso por compras irregulares

El ex alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres; y el ex tesorero, Jesús Javier Alarcón Lizárraga, intentaron usar la misma estrategia con la que el ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, obtuvo un amparo, pero no les funcionó y acusaron a la síndica procuradora.

La semana pasada los dos ex funcionarios fueron vinculados a proceso penal por el delito de desempeño irregular de la función pública en la compra presuntamente ilegal de siete vehículos que fueron regalados en un festejo del Día de las Madres.

Los abogados de los ex funcionarios mazatlecos usaron los mismos argumentos con los que Estrada Ferreiro logró un amparo con el que anuló el auto de vinculación en su proceso penal por el arrendamiento sin licitación de 40 camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos.

En el proceso de Estrada Ferreiro, también por el delito de desempeño irregular de la función pública, el juez debe dictar una nueva resolución.

En el caso de Estrada Ferreiro el juez de distrito anuló el auto de vinculación porque el juez de control calificó la ilegalidad de la contratación basándose en el reglamento municipal, no en una Ley formal.

Los defensores de los ex funcionarios mazatlecos incluso retomaron partes de la sentencia de amparo de Estrada Ferreiro, sin mencionar a quien le habían concedido ese amparo.

El abogado del Químico, Cristóbal Gabriel González Jiménez, retomó la sentencia y señaló que la compra de vehículos fue ilegal y para sustentar la ilegalidad se apegó al reglamento de adjudicaciones del Ayuntamiento de Mazatlán.

El reglamento, indicó, no es una Ley formal ni material por lo que no puede ser complementaria del Código Penal.

Acusó que la síndica procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, tenía la obligación de prevenir los actos que según la Fiscalía son ilegales.

La funcionaria, mencionó, estuvo presente en todo el proceso y fue omisa, pues es ella quien legalmente representa los intereses del municipio.

Manifestó que, además, el Químico consultó con funcionarios si había algún problema con la compra de los vehículos y le dijeron que no.

Adrián Galán Guerrero, abogado del ex tesorero, también mencionó la sentencia de Estrada Ferreiro.
Manifestó que el Código Penal no establece qué debe entenderse por ilegalidad ni tampoco remite al reglamento municipal.

Señaló que, además, el reglamento es inconstitucional porque la Constitución no faculta a los regidores a emitir reglamentos, sino que debe ser el Congreso.

Comentó que para el delito que están acusando, los servidores públicos deben obtener un beneficio económico y en este caso no lo hubo, porque los vehículos fueron regalados a personas totalmente desconocidas para ellos.

La Vicefiscal Anticorrupción, Nereida Avilés Aceves, manifestó que el Código Penal no remite expresamente al reglamento municipal, pero sí tácitamente.

La ilegalidad de la compra, detalló, no solo está sustentada en el reglamento, también en otros ordenamientos legales, entre ellos la Ley de Adquisiciones y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Comentó que la Constitución sí faculta a los Ayuntamientos para emitir reglamentos para regular sus operaciones administrativas, lo que no puede hacer es abordar funciones exclusivas de los legisladores como tipificar delitos.

Respondió que para el delito de desempeño irregular de la función pública no es necesario que los servidores públicos hayan obtenido un beneficio económico.

Si hubieran obtenido un beneficio económico sería otro delito como peculado, expresó.

Manifestó que “nunca está permitido comprar vehículos para regalar ni para promocionar a una figura pública”.

Aseguró que la compra directa no era opción y la única persona que pudo detener el pago era el tesorero.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum señaló que la imputación de la Fiscalía reunía todos los requisitos y dictó auto de vinculación a proceso.

Señaló que hay un entramado legislativo que sustenta la ilegalidad de la compra, no solo el reglamento municipal.

Una de las demandas de la ciudadanía es el uso correcto de los recursos públicos, que no se utilicen de una manera que no se deben utilizar, expresó.

Tras dictar el auto de vinculación, el juez preguntó a la fiscalía por la prórroga para cerrar la investigación, y la vicefiscal respondió que no necesitaban más tiempo porque “estamos listos para el juicio”.

Los abogados del ex alcalde y ex tesorero pidieron al juez un plazo de dos meses, el cual fue concedido por lo que volverán a la sala de audiencias en agosto.

El ex alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que en Sinaloa hay justicia a medias.

“No hubo fines de lucro ni mucho menos, únicamente que no cumplieron, los responsables de haberlo hecho, que no era el alcalde, no cumplieron con los protocolos que debieron haber seguido, de tal manera que significa que la justicia en Sinaloa es a medias”, señaló.

Manifestó que se sabrá si en Sinaloa hay justicia o solo es una ilusión.

“Somos gente de bien, siempre lo hemos sido, porque si fuéramos de mal lo hubiéramos resuelto de otra manera, somos gente de bien no vamos a querer huir, nosotros somos arraigados yo en Mazatlán soy feliz porque Mazatlán es casi el paraíso”, expresó.

Sobre la participación de Loar Susek López Delgado, quien firmó las requisitorias de pago y sigue en investigación, se rehusó a hacer cometarios.

“Él estuvo conmigo siendo yo alcalde y el hecho de que se exprese como se expresa es una persona que no vale la pena”, manifestó.

Artículo publicado el 11 de junio de 2023 en la edición 1063 del semanario Ríodoce.