De la noche a la mañana, el gremio de taxistas pasó de la indignación, movilización y confrontación por la muerte accidental de una de sus radioperadoras y la sospecha de libertad del protagonista, a la pasividad. Ellos, como encendieron su furia… también se apagaron.
Y hasta ahora no hay explicación de ello.
Ocho horas antes de la protesta para exigir el esclarecimiento de la muerte de Ana María Moreno Ávila, una chihuahuense de 29 años de edad que desde niña se refugió en Los Mochis para escapar con su familia de la miseria que le anticipaba la sierra en Chihuahua, la dirigencia de la Unión de Trabajadores del Volante del Norte de Sinaloa le había prometido respaldo total a su demanda de justicia y de que sumarían a cuanta marcha realizarían en ello.
Pero aquella promesa se quebró inesperadamente, y de la noche a la mañana, los deudos, sus compañeras de trabajo y amigos, se quedaron solos, colgados de los cartelones.
“La noche anterior nos habían ofrecido acompañamiento, que estarían con nosotras, pero esta mañana, un taxista me llamó y comentó que no tenían indicaciones de los directivos para sumarse a la marcha, nos abandonaron, nos olvidaron, nos dejaron solas. Ellos sabrán por qué. Nosotras no los podemos obligar. Mi hermana, sólo era una trabajadora, una más de ellos”, expuso Esthela Elizeth Ávila Moreno, una de las dos hijas que le quedan a doña Hermila Moreno Ramos.
Su madre, ella y otras muchachas, apenas una treintena, se habían armado de valor, enfundado en camisetas blancas con la leyenda en negro de “Justicia para Ana María” y marchado desde la plazuela 27 de septiembre hasta el palacio municipal de Ahome, en donde el alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros, las ignoró. Frente al balcón principal, las mujeres gritaron consigna y sacaron su molestia contra el gobierno que las ignoró. Pero no se amilanaron y pusieron rumbo a la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte, en donde se apostaron.
Minutos después, Manuel Meza, el jefe de carpetas de investigación las recibió. Y allí este y otros fiscales les explicaron que este viernes a las 12:00 horas sería la audiencia inicial de la carpeta de investigación 1898/2023 que se inició el 24 de marzo por el accidente en donde murió Ana María, resultó lesionada Verónica Ruiz Guerrero, otra radioperadora y Carlos Ramón Rodríguez Olguín sufrió la pérdida total de su taxi, un Volkswaguen, color gris.
Y este viernes, en la audiencia inicial, se forjó el caso 237/2023, en la que Joel Fernando A. L., de 34 años de edad y residente de la colonia Adolfo López Mateos fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y daños por culpa, así como contra la seguridad del tránsito, pero se le otorgó el derecho a llevar el juicio en libertad siempre y cuando deposite una garantía de 15 mil pesos, sujetándose a la obligación de presentarse a firmar cada mes, y estar impedido para salir del municipio, acercarse a deudos, lesionados y testigos, y fijó tres meses para la investigación complementaria.
Doña Hermila y Esthela Elizebeth escucharon las resoluciones del juez desde sus asientos, y no mostraron emoción alguna. El duelo aún les pesa.
La contraparte, por su lado, Joel Fernando reflejó también pesar, pues en las casi dos horas de la audiencia, aceptó todo lo que el juez y la fiscalía manifestaron. Se mantuvo en silencio y se reservó el derecho a declarar. Los casi 120 minutos que estuvo frente al juez, los padeció sentado, en ocasiones clavó su mirada al vacío y nunca volteó hacia donde estaba la madre y la hermana clamando por justicia.
Ese clamor inició el 25 de marzo, un día después del accidente cuando se conoció que Joel Fernando no había llegado a la Vicefiscalía después de haber sido entregado al grupo ministerial Perseo 5, compuesto por Miguel Ángel Soto Duarte y de la perito Elena Ibarra, según las notas complementarias del parte de accidente 143/2023 levantado el 24 de abril a las 05:00 horas, en el cruce de Ángel Flores y Benito Juárez. El que daba cuenta del choque entre un auto Honda, línea Civic, color arena, modelo 2008 y el taxi.
La indignación creció después de que se filtró de que el chofer responsable conducía en tercer grado de ebriedad, y después del percance, este y un acompañante pretendieron golpear a otros taxistas que llegaron al sitio para auxiliar a su compañero.
La indignación provocó la movilización de taxistas que exigieron certeza en el asunto y el fin de la ola de corrupción en Vialidad. En la protesta, los taxistas pusieron en jaque y bajo asedio a la policía municipal, atraparon al jefe de Vialidad, José Alfredo Gutiérrez, que fue liberado por sus subordinados en un zipizape, pero después de aquello, la fuerza de desmoronó.
El lunes, la familia de deudos quedó sola, sin respaldo. Ellas se manifestaron en el palacio y el alcalde, Gerardo Vargas Landeros les dio apenas unos minutos de atención, ofreciéndoles respaldo. Pero el respaldo nunca llegó.
Artículo publicado el 07 de mayo de 2023 en la edición 1058 del semanario Ríodoce.
