El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, buscará llegar a un acuerdo económico con los familiares de las 40 víctimas del incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, y evitar así ir a juicio.

Rodolfo Pérez, el abogado del funcionario federal quien fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones ayer domingo, dijo que “pagar lo que se tenga que pagar, (porque) este es un delito que si se repara el daño, ya no sigue el juicio”, publicaron medios nacionales.

La petición para que Garduño fuera separado del cargo, fue rechazada por el Juez, quien sólo decretó como medida cautelar que acuda periódicamente a los juzgados a firmar.

“Seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración, mientras no se ordene lo contrario, y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”, dijo a la prensa el propio Garduño a su salida de la audiencia en Ciudad Juárez, en la que se reservó su derecho a declarar.

La Fiscalía presentó numerosos documentos que acreditaban que una de las funciones de Garduño era salvaguardar y proteger a los migrantes y las instalaciones del Instituto sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados.

Dijeron que había documentos que demostraban que desde el año pasado estaba al tanto de las malas condiciones del centro de detención siniestrado, sin protocolos de emergencia contra incendios y donde los migrantes estaban hacinados, sin ventilación y encerrados en una celda cuyas llaves nunca se localizaron en el momento del fuego.

Cuarenta migrantes, la mayoría centroamericanos y venezolanos, murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio del pasado 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua.