La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que el Plan B en materia Electoral aprobado por el Senado de la República no es una modificación a la Ley que “quite” autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE).

La Comisión señaló que la existencia de organismos como árbitros electorales imparciales, austerios, transparentes, eficaz y honestos, es una “deuda histórica” en México, por lo que consideró que la modificación a leyes secundarias en dicha materia puede ser “una oportunidad para que el Pueblo de México recupere la confianza en las instituciones que hacen posible la democracia”.

Por lo anterior señaló que el Plan B propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no disminuye, reduce o priva de las funciones constitucionales que le competen al INE, al contrario: la CNDH argumentó que dicho organismo cuenta con las mismas funciones, únicamente variando el reparto de responsabilidades ante la modificación de diversos órganos del Instituto.

“La reestructura orgánica de este tipo de organismos no influye o impacta en su autonomía e independencia, pues el INE seguirá tomando sus determinaciones según su ámbito de competencia, sin la injerencia de ningún otro poder u organismo; lo que por lo demás, es responsabilidad de sus integrantes garantizar”.

Con respecto al corte presupuestal al INE debido a dicha modificación estructural, la comisión consideró que este no es indispensable para que el instituto cumpla sus funciones.

“Teniendo en claro que los gastos que efectúa el INE son pretexto de su función y autonomía no son indispensables para el cumplimiento de su función, o al menos no están relacionados con ella, es urgente crear el cambio que verdaderamente garantice procesos electorales auténticos en México, en observancia del principio de austeridad; lo que podría conseguirse con la aprobación del Proyecto de Decreto”, argumenta la CNDH en su análisis.

Ante todo lo anterior, la Comisión concluyó que el Plan B Electoral no plantea cambios irracionales que atenten contra la Constitución o de los derechos políticos de la ciudadanía; además de que no advierte alguna situación derivada del contenido de las normas modificadas a través de la iniciativa.

“El INE inobserva esos principios de rango constitucional, al ser una institución que se ha caracterizado por los abusos en el uso de gasto público, constituyéndose como uno de los organismos de esa naturaleza más costosos del mundo, y a pesar de ello su desempeño ha obstaculizado la garantía del derecho a la democracia, sobre todo la participativa”, sentenció al señalar que el Instituto no se rige por los principios de austeridad.

El Plan B Electoral fue aprobado el miércoles por la mayoría oficialista del Senado de la República, con el apoyo de fuerzas aliadas, con 72 votos a favor y 50 en contra.