La Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado, que preside el senador Rafael Espino de la Peña, aprobó con siete votos a favor de Morena, tres en contra y una abstención, el Plan B en materia electoral, con modificaciones.

El dictamen aprobado reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral,

De igual forma, con siete votos a favor, tres en contra y una abstención, fue aprobado el dictamen que modifica la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La tarde de ayer miércoles, la Comisión de Gobernación, que preside Mónica Fernández Balboa, aprobó los dos dictámenes, por lo que ahora el proyecto de reforma electoral pasará al Pleno para su discusión y debate.

Espino de la Peña dijo que, entre las propuestas de modificaciones y adiciones, al Instituto se le otorga la facultad de ordenar la suspensión de la entrega de bienes o beneficios directos, indirectos, mediatos o inmediatos, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que realicen candidatos, partidos políticos o cualquier persona, para promover el voto de una candidatura determinada.

También se restringe la facultad de sanción del Instituto sobre conductas que correspondan a otras autoridades, fiscales, administrativas y la posibilidad de vincularlas con conductas electorales.

La propuesta elimina la rama profesional administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional; además obliga a los órganos electorales a cumplir el mandato del artículo 127 constitucional, que ordena que las percepciones salariales de las personas consejeras electorales, de los magistrados electorales y de la totalidad de los servidores públicos del INE, sean siempre inferiores al salario del Presidente de la República.

El senador agregó que el calendario electoral se modifica, a efecto de compactar procesos y racionalizar los recursos disponibles para el proceso electoral y lograr ahorros importantes.

En materia de justicia electoral, dijo, se crea el Procedimiento Único de Queja en Materia Electoral, mediante el cual se sustancian y resuelven los asuntos relacionados con la fiscalización y la remoción de consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales y se deja íntegramente el procedimiento especial sancionador.

También se establece la figura de la suplencia de la eficiencia de la queja para todos los medios de impugnación; se eliminan dos Salas Regionales que nunca entraron en funciones y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, cuyas atribuciones y competencia, serán absorbidas por la Sección Resolutora de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Espino de la Peña destacó que se propone crear el Sistema Nacional Electoral, integrado por las facultades concurrentes del Instituto Nacional Electoral como autoridad rectora y los organismos públicos locales.

Además, se compacta la estructura orgánica del INE y de los organismos públicos locales; los órganos distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante etapas no electorales.

En la discusión de los dictámenes, Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, destacó que este proyecto busca un órgano electoral verdaderamente imparcial, honesto al servicio de la ciudadanía y de las leyes; se busca, enfatizó, una democracia participativa, pero también tener una democracia barata, para que ya no haya derroche en el país.

Por su parte, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, aseguró que lo único que generará “la aprobación arbitraria” de estas reformas, es un retroceso en la vida electoral del país. Preocupa, dijo, que en 2024 se registre una elección de Estado, en la que se observará el despilfarro.

La senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI, consideró que estos dictámenes debieron discutirse y votarse en comisiones unidas, y ante la falta de los requisitos legales, la Comisión de Gobernación violó el Reglamento, ya que legislaron unilateralmente, sin la presencia de la oposición ni el quórum, por lo que en el bloque de contención “rechazamos la ilegalidad que hoy quieren formalizar y convertir en ley”.

Tras anunciar su voto en contra, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, dijo que no se debe afectar al 80 por ciento de la plantilla de profesionalización y estructuras que le dan certeza jurídica al Instituto, así como transparencia y eficiencia a las votaciones, además destacó que el proyecto tiene inconsistencias y violaciones a la Constitución.

Del Grupo Plural de senadores, Germán Martínez Cázares, con relación al tema del control del dinero en efectivo, dijo que, “si vemos voluntad en eso, está la voluntad del Grupo Plural apoyar una reforma en ese sentido”.