Luego que en la anterior ocasión le fue rechazada la solicitud de juicio político contra el exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por llegar tres horas tarde a presentar la ratificación, hoy lunes se presentaron nuevamente ante el Congreso del Estado para hacer la petición.
La presentación y ratificación fue presentada hoy por lunes por parte de 10 organizaciones civiles de Mazatlán y respaldada por un paquete de 2 mil 500 firmas de ciudadanos.
Los solicitantes entre ellos Miguel Ángel Gutiérrez, Jorge Figueroa Cancino, representantes de las organizaciones civiles, declararon que la solicitud obedece a daños a la hacienda pública Municipal, mal desempeño de la gestión pública municipal y delitos graves contra los derechos humanos de los desplazados.
Miguel Ángel Gutiérrez detalló que el Congreso del Estado aprobó una ley de víctimas de desplazamiento que señala que es responsabilidad del gobierno estatal y los Ayuntamientos de proveerlos de atención, pero Luis Guillermo Benítez nunca les hizo caso como autoridad municipal.
A la falta de atención de los derechos humanos de los desplazados sumaron otra razones en la solicitud como la compra por vía de adjudicación directa por 400 millones de pesos en lámparas les, agresiones a medios de comunicación y la privatización del Parque Central.
Cuestionaron que la anterior solicitud les fue desechada por presentar la presentar la ratificación tres horas tarde, cuando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que el plazo de tres días hábiles no 72 horas, como lo declaró el presidente de la Junta de Coordinación Política Feliciano Castro Meléndrez.
Consideraron que el haber desechado la atención solicitud de juicio político fue para proteger a Benítez Torres. “Todo indica que hay protección al ‘Químico” de parte del Ejecutivo del Estado y del Congreso”, afirmaron.
Los denunciantes indicaron que fue una irregularidad se le permitiera renunciar cuando el cargo es irrenunciable, y que ademas que el gobernador le diera cabida en su gabinete. “Esa es una sobreprotección”, acusaron.
Respaldaron la solicitud los siguientes organizaciones civiles: Movimiento Amplio Social Sinaloense, Consejo Popular de Mazatlán, Tecnología Informática Móvil del Sur de Sinaloa, Todos Somos Sinaloa, Centro de Educación Agrícola y Ambiental, Asociación de Vecinos del Fraccionamiento Sábalo Country, Asociación de Jubilados de la UAS, Centro de Atención para la Alimentación de las Familias, Unión de Músicos, Artistas y Trabajadores del Entretenimiento de Mazatlán y Controlaría Ciudadana de Mazatlán.
Como representantes de las organizaciones firmaron la solicitud: Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez , Maribel Vargas Memije, Efraín Vargas Millán, Juan Mario Martini Rivera, Jorge Luis Figueroa, David Ocampo Peraza, Joel Cañedo Rodríguez, Tomas Valenzuela Ortega, María de Lourdes San Juan Gallardo, y Sergio Ávila del Real.
