Luis Guillermo Benítez salta de la protección del fuero municipal al estatal

Las cuentas públicas del gobierno municipal de Mazatlán, encabezado por Luis Guillermo Benítez, tiene un oscuro historial en la fiscalización por parte del Congreso del Estado y su brazo técnico, la Auditoría Superior del Estado.

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Las cuentas públicas de 2019 y 2020 fueron reprobadas consecutivamente por el Pleno del Congreso del Estado, la última por el excesivo crecimiento del 746 por ciento de los pasivos sin fuente de pago, que significó un gasto de 160.9 millones de pesos.

Durante la pasada y reciente votación de la cuenta pública 2020 de Mazatlán, la única diputada de Morena que subió a tribuna a defender la gestión del entonces alcalde, fue Victoria Sánchez Peña, madre de la actual dirigente estatal de Morena, Merary Sánchez.

Para la cuenta pública del 2021, la ASE detectó una disminución de los pasivos sin fuente de pago de un 15.43 por ciento, pero subsiste un adeudo de 136 millones de pesos. A ello se suma que la Auditoría Superior del Estado estimó en la muestra auditada recuperaciones probables de 20 millones de pesos por pago de remuneración que superaron el monto establecido en el tabulador de sueldos, gastos realizados sin contar con la documentación comprobatoria; permuta de terrenos sin contar con la documentación justificativa, deudores diversos los cuales no se han recuperado ni comprobado, entre otras observaciones.

Un expediente adicional es el resultado de la auditoría específica que realizó la ASE por la compra sin licitación de luminarias a la empresa Azteca Lighting, SA de CV derivada de denuncias públicas realizadas en medios de comunicación y presentadas directamente ante la ASE.

Tras realizar la fiscalización, la ASE dictaminó que existían probables daños o perjuicios, o ambos, a la hacienda pública por 60.8 millones de pesos que se pagaron a la citada empresa en calidad de anticipo de una compra de 2 mil 132 lámparas por adjudicación directa, contrato que debió haberse licitado por el monto comprometido.

El dictamen fue firmado por la titular de la auditoría el 28 de septiembre, y a partir de la notificación al municipio de Mazatlán, éste tiene un plazo de 30 días para reintegrar los 60.8 millones de pesos.

Antes que feneciera el plazo de 30 días, la ASE decidió presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado contra Luis Guillermo Benítez, el pasado 19 de octubre, a partir de los resultados de la auditoría por el contrato sin licitación con Azteca Lighting.

Con la investigación en curso y también antes de que concluyera el plazo de los 30 días fijado por la ASE para el reintegro de los 60.8 millones de pesos, el gobernador Rubén Rocha Moya le ofreció

al todavía alcalde el nombramiento de secretario de Turismo y, acto seguido Luis Guillermo Benítez Torres renunció a la alcaldía para convertirse en miembro del gabinete estatal.

Aunque Luis Guillermo Benítez haya renunciado al cargo de alcalde, la Fiscalía General del Estado tiene la facultad de solicitar al Congreso del Estado su desafuero en caso de que así lo considere necesario, precisó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez.

El artículo 135 de la Constitución local en el capítulo sobre la procedencia por la comisión de delitos, señala se requiere declaratoria previa del Congreso del Estado erigido en Jurado de Acusación para considerar si ha lugar de proceder penalmente por delitos atribuidos, entre otras autoridades, a presidente municipales y secretarios del Despacho de Poder Ejecutivo.

La otra vía para desaforar al ex alcalde, vía exprés, sería que el gobernador Rubén Rocha Moya, le retire el nombramiento como secretario de Turismo y no le asigne ningún otra titularidad en su gabinete.

En los expedientes pendientes de Luis Guillermo Benítez en el Congreso del Estado se suman dos solicitudes de juicio político, ambas ratificadas, presentadas formalmente ante la Oficialía de Partes.

Serían tres solicitudes de juicio político, pero una primera se desechó desde su recepción porque no llenaba los requisitos mínimos de formato documental, al ser un oficio simple.

Así, el ex alcalde tendría ante el Congreso seis expedientes abiertos. Dos cuentas públicas rechazadas, una auditoría específica sin solventar por el contrato con Azteca Lighting, una investigación ante la Fiscalía del estado por una denuncia de la ASE que pudiese derivar en una solicitud de desafuero, y dos solicitudes de juicio político en trámite.

Artículo publicado el 30 de octubre de 2022 en la edición 1031 del semanario Ríodoce.