El ex alcalde Jesús Estrada Ferreiro y su Comité de Adquisiciones están acusados de contratar ilegalmente la renta de camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos a una empresa que no tenía capacidad para prestar el servicio y ésta rentó los vehículos a otra en 41 millones de pesos menos.

Durante la audiencia inicial la FGE señaló que además hubo irregularidades en el estudio de mercado en el que presentaron documentos aparentemente falsos para simularlo.

En una audiencia de 10 horas la Fiscalía presentó los datos de prueba que repitió varias veces a pesar de que la defensa y el juez le pidió en reiteradas ocasiones que no repitiera y que dejara de leer.

Junto con el ex alcalde están involucrados la ex tesorera Issel Guillermina Soto; el ex secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo; el ex oficial mayor, Alejandro Amézquita; el ex director de Egresos y Presupuesto, Raúl Alcántar Kondo; y las ex regidoras de Morena, Angelina Gutiérrez y María Antonia Sarabia.

La Fiscalía aseguró que debía licitarse la renta de los vehículos ya que no se justificó la excepción de la licitación.

Señalaron que el 8 de junio Estrada Ferreiro giró un oficio a la entonces Tesorera para que hiciera la contratación exceptuando la licitación.

El 17 de junio se reunió el Comité de Adquisiciones y decidieron adjudicar el contrato a la empresa Ketzer con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En la sesión presentaron un estudio de mercado para el que invitaron a seis empresas a enviar propuestas y según la Fiscalía el estudio fue simulado.

Solo la empresa Ketzer y Rino enviaron propuestas y el resto supuestamente manifestaron estar imposibilitados para prestar el servicio.

De acuerdo con la FGE los oficios de invitación fueron enviados el 25 de junio, nueve días después de que se adjudicó el contrato.

Los oficios tienen fecha de recibido por las empresas el día 26, sin embargo las respuestas están fechadas el 25.

Además, detallaron, en la respuesta de las empresas el número de oficio al que señalan dan contestación está mal y todas tienen el mismo error.

Debido a que el contrato era por 30 meses y continuaría vigente en la siguiente administración tuvo que ser sometido a votación del Cabildo y el 11 de septiembre fue aprobado por los regidores.

El 12 de octubre el contrato fue firmado por Mauricio Otero Moguel por parte de la empresa y del Ayuntamiento Issel Guillermina Soto y Othon Herrera por 30 meses y pagos mensuales de 3 millones 920 mil pesos.

La FGE señaló que hubo varias irregularidades.

El primer pago mensual por el arrendamiento por 3 millones 920 mil pesos lo recibió Ketzer y la empresa cedió los derechos a la empresa Grin Leasing que siguió cobrando las mensualidades.

En las investigaciones la FGE encontró que ni Ketzer ni Grin Leasing tienen camiones ni capacidad económica y los vehículos son propiedad de la empresa Casanova Vallejo con sede en la Ciudad de México.

Grin Leasing renta los camiones a Casanova en 2 millones 551 mil pesos mensuales.

De acuerdo con la FGE si el Ayuntamiento hubiera rentado directamente a Casanova se hubiera ahorrado 41 millones 440 mil 320 pesos.

Los camiones fueron comprados por Casanova entre el 16 y el 24 de octubre con un costo de 2 millones 169 mil 829 pesos cada uno.

Además, según la FGE, el acta de entrega de los camiones al Ayuntamiento está fechada el 11 de septiembre, es decir, un mes antes de que se adjudicara el contrato y la empresa propietaria los comprara.

Se trató de un contrato regalado, dijo la Fiscal Nereida Avilés.

Aseguró que provocaron la adjudicación sin licitación y simularon el estudio de mercado.

La empresa Grin es la beneficiada sin participar en el proceso y sin tener experiencia pues fue creada en abril de 2020, indicó.

Manifestó que el primer mes que cobró Ketzer presumiblemente fue el pago de comisión.

Los abogados de los imputados pidieron al juez un plazo de 144 horas por lo que el próximo lunes se resolverá su situación jurídica.

El juez no dictó ninguna medida cautelar debido a que la Fiscalía no la justificó.

Al salir, Estrada Ferreiro dijo confiar en el Poder Judicial y en que no será vinculado a proceso.

Manifestó que la FGE no tiene ningún argumento válido para imputar algún delito.

Esta cosa es muy personal y veo una conducta dolosa y abusiva en este caso, dijo.

Los fiscales, indicó, se hacen bolas y no saben ni qué decir porque van por encargo encontra suya y de su equipo.

Aseguró que está sufriendo violencia moral y terrorismo porque hay actos de intimidación y amenazas veladas hacia sus amigos, familiares y colaboradores.