La matanza de 43 estudiantes de Ayotzinapa muestra que el ejército no es capaz de corregir y compensar la existencia de policías municipales corruptas. Muestra, incluso, que se corrompe también.

El sistema que nos debe dar seguridad a los mexicanos está roto, le hace falta una pieza insustituible: las policías locales civiles.

No hay casos exitosos de seguridad pública en el mundo que no tenga a las policías municipales y estatales como base.

Son necesarios los cuerpos policiales capacitados para investigar, lo que no tiene el ejército.

La buena investigación policiaca sirve para prevenir que ocurran los delitos y para aportar pruebas para juzgar a los presuntos delincuentes.

Las policías deben saber dialogar con el ciudadano común, lo que no se enseña a los militares.

Los policías deben ser capaces de controlar un conflicto entre civiles en vía pública mediante la persuasión y armamento menor, como un tolete. Los militares, en cambio, entran a un forcejeo armados de metralletas y granadas, por eso tienen tantas denuncias de violación de derechos humanos.

Los policías pueden, acatando límites y regulaciones, entrar a nuestros teléfonos, oficinas y casas buscando información sobre delitos. Los militares no entienden de límites porque están entrenados para avasallar al enemigo.

Los militares y las policías deben combinarse.

Con base en la investigación policiaca el ejército debe enfrentar a la delincuencia que cuenta con armamento mayor.

El militar debe aparecer cuando ya el policía investigó, cuando ya se trata de combatir.

Los militares no pueden sustituir a los policías.

Las policías civiles y el ejército no son piezas iguales, son piezas diferentes.

No son piezas sustituibles, son piezas complementarias.

Las malas policías no se compensan con el ejército, su función es diferente.

Si tenemos malas policías el problema no se arregla sacando al ejército para hacer una función que no saben hacer.

El presupuesto del gobierno federal muestra un abandono de las policías locales y de la construcción de capacidades civiles.

En 2022 el presupuesto federal de las fuerzas militares de seguridad es de 204 mil millones de pesos mientras que el de las fuerzas de seguridad civiles es de solo 55 mil millones.

En 2013, las transferencias del gobierno federal para los ayuntamientos fueron de 21 mil 600 millones de pesos, mientras que en 2022 fueron de solo 8 mil millones.

Policías locales débiles son fácil sujeto de corrupción e ineficiencia.

Llevamos 16 años sustituyendo a las policías con el ejército y en ese lapso no hemos tenido ni seguridad ni paz.

Desde que se les asignaron labores de seguridad pública a los militares, han sido asesinados dolosamente 366 mil mexicanos y desaparecido cien mil, según datos del propio gobierno.

En el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal se registra que, en 2020, la Guardia Nacional militarizada puso a disposición del Ministerio Público a seis personas por el delito de homicidio doloso. En ese año hubieron más de 36 mil asesinatos.

Esa es la efectividad de la militarización, seis de 36 mil.

El gobierno federal quiere mantener la militarización, esta mala sustitución de policías por el ejército, hasta el año 2028 y no cumplir el plazo establecido en la Constitución que señalaba como límite el 2024.

Es continuar rodando con un parche mal pegado que no ha dado resultados.

Quiere prorrogar la militarización fingiendo cambios, poniendo adornos inútiles.

Pretende justificar la militarización de la seguridad pública adicionando a la constitución una intrascendente observación de una comisión bicameral sin dientes que no puede incidir en nada más que solo hacer llamadas a misa.

Se propone aparentar un cambio añadiendo métricas de evaluación y semáforos que, si son violados, no sucederá nada, no se fija un castigo.

Para mantener la fallida estrategia arroja un poco más de dinero a los ayuntamientos pero ninguna cifra que reduzca realmente la brecha de 150 mil millones.

La obligación de informar al senado y apoyar a los gobiernos locales ya está en la Constitución y no la respetó el gobierno ¿Por qué ahora sí lo hará?

Existe una propuesta de solución definitiva, una alternativa a la militarización.

Es necesario que el senado convoque a un parlamento abierto, una convención nacional de seguridad la han llamado algunos.

Expertos, autoridades, ciudadanos y legisladores construirían conjuntamente un proceso de edificación de policías locales eficaces y eficientes, en cantidad y calidad suficiente, y establecerían las etapas de desmilitarización adecuadas a cada región.

Hay tiempo para un trabajo serio y una deliberación profunda para llegar al 2024 con una ruta bien fincada.

Es la alternativa a una prórroga apresurada de unas semanas con cantidades y fechas surgidas de la ocurrencia y el tanteo.

Si se prorroga el plazo, como quiere el gobierno, sucederán una cadena de más prórrogas y cientos de miles de asesinatos, desapariciones y delitos.

Si se da la prórroga, continuaremos como estamos ahora, sin paz ni seguridad.

Artículo publicado el 02 de octubre de 2022 en la edición 1027 del semanario Ríodoce.