Bajo sospecha criminal el gobierno y GPO

CLAUDIA SANDOVAL. "Vienen a dañar un país que no es suyo".

Segob, CNDH, FGJES indagan origen de amenazas a lideresas de ¡Aquí No!

Mientras la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia del Estado indagan en el origen y autoría de las amenazas vertidas a lideresas del colectivo ¡Aquí No!, las ofendidas acusaron una nueva incursión de Gas y Petroquímica de Occidente -GPO- para reducir la negativa al proyecto de construir una planta de amoniaco en sus territorios.

En la asamblea del domingo 18 de septiembre en Paredones, con la que prácticamente concluía la etapa deliberativa de la Consulta Indígena ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de los amparos en revisión 497/2021 y 498/2021 en favor de Lázaro Cárdenas y Ohuira, respectivamente, Claudia Susana Sandoval denunció que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente —GPO— pretende inmiscuirse en las asambleas y con denuncias a modo influir en las políticas del Centro interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Innovador para la Regionalización —CIIDIR— del Instituto Politécnico Nacional (UPN) para anular la asesoría de la doctora en biología, Diana Cecilia Escobedo Urías, quien es la poseedora de una investigación de tres décadas del comportamiento del sistema lagunar Santa María-Ohuira-Topolobampo.

En su intervención a petición de la asamblea, la alférez del templo Virgen del Carmen en Ohuira, aseguró que la empresa continúa con su política de intromisión en los asuntos yoremes y persiste en su intención de pisotear a los indígenas al acusar falsamente a Escobedo Urías con la dirección del CIIDIR de intervenir en el rumbo de las asambleas.

“Nada de lo que denunció GPO en su carta es cierto. Todo es mentira. Es información tendenciosa para anular una representación que los yoremes pidieron por escrito y en la que se comisionó a Escobedo Urías. Ella, jamás ha intervenido en una asamblea. Ella ha estado presente, eso sí, pues fue autorizada por la propia asamblea para ello. Y por esa autorización que los yoremes le concedieron es como puede participar, si así lo solicitara, pero no ha sucedido”.

La carta, secundó, pretende eliminar a Escobedo Urías de una representación de la que goza, por su profesionalismo, y que suple a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que no solamente fue omisa sino que ocultó el proyecto de la planta de amoniaco para que los detalles del mismo no se informaran.

Con ello buscan dejar en estado de desinformación y de indefensión a los yoremes para manipularlos, como sucedió en 13 asambleas anteriores que no fueron previas, de buena fe ni informadas, denunció.
Con la intromisión de GPO en la vida de la académica, vulnera sus derechos y su profesionalismo, dijo Sandoval, ante una asamblea que respaldó cada palabra y refrendó a Escobedo Urías como su asesora.
Con esto, que quede bien claro y asentado en el acta —pidió— la Consulta Indígena no cumple el precepto de buena fe porque la empresa —GPO— sigue violentando los derechos colectivos con el amedrentamiento porque “Seguimos viendo la falta de respeto, la intromisión de los empresarios, al queremos pisotear cada vez que ellos abren la boca. La denuncia en contra de la doctora Diana resulta violatoria de derechos en este proceso consultivo.

“Con esa intromisión viola los principios de Interculturalidad y libre determinación, previstos en el protocolo pues les da el derecho a ser asesorados por científicos para poder rechazar o aceptar los proyectos presentados.

“Cualquier acto que vulnere a Diana Escobedo serán responsables los tres niveles de gobierno y la empresa que viene a despojar de todo a todos, solamente que no se dan cuenta. Es una empresa extranjera que no sólo divide a los yoremes, sino a los mexicanos, que busca dañar sus ecosistemas a cambio del dinero que le producirá el perjuicio irresistible. Los engaña a todos solo que no se dan cuenta.

¿Por qué debemos entregarle nuestra tierra, nuestro mar, nuestro aire, nuestra bahía al capital extranjero? ¿porqué pretenden instalarse aquí y no en su país o comunidad para darle a ellos la riqueza que pregonan?, se preguntó la dirigente.

Y ella se respondió: “porque vienen a dañar a un país que no es el suyo, porque llegan a depredar, porque GPO y Proman son empresas criminales”.

En la víspera de la asamblea, los funcionarios de Segob y de la Comisión nacional de Derechos Humanos informaron a los asistentes que las amenazas que recibieron Sandoval, melina Sandoval, Irene Díaz y Felipe Montaño ya son del conocimiento de ambas instancias y que estas acompañan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa en la indagatoria del caso.

Artículo publicado el 25 de septiembre de 2022 en la edición 1026 del semanario Ríodoce.

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