Desfasado y con déficit nacerá el fondo para la universidad gratuita en Sinaloa, advierte Ana Luz Ruelas; la UAS ya no debe crecer más; se requieren cuatro nuevas universidades pero también gobernantes que lo entiendan, sostiene
A la profesora emérita de la UAS, Ana Luz Ruelas Monjardín, no le motivó presentar su propuesta ante el Parlamento Abierto que convocó el Congreso del Estado para elaborar la Ley de Educación Superior en Sinaloa, porque está convencida que los diputados locales no cambiarán nada que venga desde la “línea” del gobierno federal.
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“No tienen la disposición ni la fortaleza nuestros gobernantes, ni diputados para revertirla o hacer algo diferente”, manifiesta y se dice muy escéptica de los resultados que tendrían los foros, sobre todo en términos del financiamiento que soportará los discursos “que se escuchan muy bonitos”.
Para la académica, la actual legislatura empezó tarde, con casi un año de retraso para los nuevos tiempos que la Ley General de Educación Superior plantea en los términos de gratuidad universal y gradual, que debió iniciar con el ciclo escolar 2022-2023. La Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2022 de Sinaloa, debió contemplar para ese objetivo la designación de una partida.
La Ley General de Educación Superior, que entró en vigor el 21 de abril de 2021, estableció en uno de sus artículos transitorios que en un plazo de 180 días debían las entidades federativas armonizar el marco jurídico con la participación de las instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en política educativa.
Con base en el mandato de la Ley General de Educación Superior, la armonización debiese haber entrado en vigor en Sinaloa para octubre de 2021, a fin de que impactara en el presupuesto que fuese aprobado para el año 2022.
El Congreso del Estado de Sinaloa todavía no expide una nueva Ley de Educación Superior, y apenas concluyó —la semana pasada— los foros dentro del ejercicio Parlamento Abierto para recoger propuestas para armonizar el nuevo marco jurídico en la entidad.
El planteamiento de la investigadora contempla, más que una armonización al marco legal en Sinaloa, una reestructuración integral de la educación superior para las décadas venideras.
Para la integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 3, es preocupante el desfasamiento que existe entre el crecimiento de la matrícula de la educación superior pública que ha aumentado en 62 por ciento de 2009 a 2021, mientras que el presupuesto federal solo se ha incrementado en 10 por ciento.
Esto, enfatiza, mete en un problema que se tiene que tomar en cuenta para expedir una Ley de Educación Superior en Sinaloa y ver la situación de las universidades, los tecnológicos y normales.
Explica que a partir de la reforma al artículo tercero constitucional, que se le ha llamado contrarreforma educativa de Enrique Peña Nieto, se incluyó a la educación superior con gratuidad, universalidad y la obligatoriedad como principios rectores, pero eso metió en un problema al presupuesto de las instituciones.
Pone como ejemplo a la UAS, que acepta a todos los que soliciten ingresar a sus aulas, con lo que absorbe aproximadamente el 60 por ciento de la matricula en educación superior de Sinaloa.
Los documentos que están tomando los diputados como base, contemplan que para el 2030 se debe llegar con una aportación paritaria del 50 por ciento de la federación y el otro 50 por ciento del gobierno estatal.
Detalla que actualmente la UAS tiene un presupuesto que se compone de 65 por ciento de la federación, 35 por ciento del gobierno estatal y por ingresos propios un 5 por ciento. Lo que conlleva al gobierno estatal a un escenario no halagüeño.
La aportación del incremento del 20 por ciento que ahora deberá entregar al gobierno estatal no les tocará a las actuales autoridades, pero sí a la actual administración crear un fondo para la gratuidad de la educación superior que debió haber empezado en el presupuesto de egresos del 2022.
“Me temo que no lo hicieron, ya están desfasados, ya se les colgó un año”, expresa.
En el presupuesto de 2022 debió haberse contemplado un fondo estatal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos suficientes para la obligatoriedad gradual de la educación superior, así como la pluralidad, en términos de las reformas vigentes al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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La profesora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS advierte que el fondo empezará con un déficit en Sinaloa porque no ha iniciado.
Aunque se están planteado que realicen reformas estructurales para sanear las finanzas de las instituciones para adecuar los sistemas de pensiones, como el problema mayúsculo que tiene la UAS con 3 mil 300 jubilados de tiempo completo contra 790 que están activos.
A Ruelas Monjardín le preocupa que en el artículo 62 de la iniciativa de la Ley de Educación Superior para cumplir con el principio de gratuidad y obligatoriedad, se condiciona a una disponibilidad presupuestaria, en lugar que los presupuestos sean en función de una garantía de recursos.
Llama la atención a los diputados que no toman las providencias en el presupuesto con pesos y centavos para garantizar la gratuidad, la universalidad y obligatoriedad de la educación superior.
Los principios que se manejan son bonitos, expresa, pero no serán viables si no se toman las previsiones en términos presupuestales.
La estudiosa expone que los legisladores solo están tratando de armonizar la Ley de Educación Superior en Sinaloa, sin ir más allá de lo que a nivel federal se tiene establecido. “No pueden venir a recitarnos que va a venir una gran transformación del sistema de educación superior del estado”.
Enfatiza que no se puede realizar una gran transformación si no se pone un acento en los recursos en educación superior.
“Deberían ir más allá de recitar los cánones que les dicta el presidente de la República en materia de educación y de gran transformación”.
Advierte del problema de masificación que vive la UAS, que se está convirtiendo como el área de urgencia del IMSS, pero dejando pasar la actualización programática de otras carreras, de atender el problema de fugas de maestros de tiempos completo, de actualizar los programas, entre otros temas.
Entre las soluciones de la educación superior en Sinaloa, plantea que la UAS ya no crezca y que el gobierno estatal funde cuatro nuevas universidades estatales para descentralizar en las cuatro ciudades importantes con nuevas carreras, pero para ello, advierte, requiere un gobernador dispuesto a una gran transformación —que no se le ha visto a Rubén Rocha Moya— que implicaría desfogar a la UAS.
Propone apoyar a las universidades e institutos que fueron creados recientemente, los cuales nacieron con debilidades y se han dejado a la inercia; en cambio la UAS es un monstro que crece y es más difícil de transformar, y atender en mejores condiciones a los estudiantes, que en ocasiones tienen que madrugar para poder alcanzar una silla, como sucede en la carrera de Medicina y otras carreras tradicionales.
Opina que la UAS no es recomendable ya que crezca más porque está demeritando su calidad, para dar paso a nuevas universidades, con nuevas estrategias, utilizando las tecnologías y empleando a los nuevos doctores que no encuentran dónde desplegar su formación.
Hay que fortalecer también pequeñas universidades. Señala que mientras se tienen alrededor 80 mil alumnos en la matrícula de las UAS, en la UADEO apenas tiene 16 mil, al crecer con mucha parsimonia.
Y sentencia que, pese a que no había existido un nivel tan alto en los directivos de las instituciones de educación superior como es hoy, casi la mayoría con doctorados, incluyendo el propio gobernador, se tendría que exigirles que, así como fueron radicales revolucionarios en su época de oro de la UAS, de las luchas por el presupuesto, por cambiar a la universidad, hoy no fueran tan conservadores.
Artículo publicado el 11 de septiembre de 2022 en la edición 1024 del semanario Ríodoce.
