Sedena, todo el poder

GUARDIA NACIONAL. La polémica. Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.com

Patrullar las calles, vigilar los puestos fronterizos, construir las obras emblemáticas de la 4T y controlar a la Guardia Nacional, las megafacultades que dio AMLO al Ejército

La madrugada del pasado viernes, con mayoría de votos de Morena y aliados, el Senado aprobó reformas en materia de seguridad para que la Guardia Nacional esté bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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Las nuevas disposiciones, cuestionadas por especialistas y legisladores de oposición, quienes las ven como otro paso hacia la “militarización del país” y que llevarán a un aumento de las violaciones de derechos humanos, es la última de las facultades que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha otorgado al Ejército Mexicano.

Las fuerzas castrenses que salieron a las calles desde 2006 en la llamada “Guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón y que desde entonces ha dejado más de 200 mil muertos, no sólo no han regresado a los cuarteles, como prometió López Obrador en campaña, sino que ahora gozan de mayores facultades y responsabilidades.

En el gobierno morenista de la 4T, las Fuerzas Armadas están a cargo de la seguridad pública, construcción de obras emblemáticas, de las aduanas y ahora de la Guardia Nacional, una institución creada mediante una reforma Constitucional bajo la tutela de un mando civil adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

“El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país, la Guardia Nacional, como está en Italia, como está en Francia, como está en España”, expresó el presidente el 5 de agosto.

“… el único afán (es que la Guardia Nacional) se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo, y sobre todo que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal”.

La Sedena, bajo el mando del general Luis Cresencio Sandoval, tuvo a su cargo la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en la Base Aérea No. 1 de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, y el Tren Maya, dos de los proyectos emblemáticos de la actual administración. En ambos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha justificado su participación como una necesidad de seguridad nacional.

La participación del Ejército en ambos proyectos incluye su administración, en el caso de aeropuerto de Santa Lucía a través de la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A. de C.V., donde la Sedena y Banjército tienen la totalidad de las acciones, mientras que el Tren Maya a través de Grupo Aeroportuario, Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca, Maya, Mexica, que también controlará los aeródromos de Tulum, Palenque y Chetumal.

López Obrador señaló que dar el control de dichos complejos a los militares es para garantizar que no serán privatizados por otros gobiernos y, en reconocimiento, las ganancias que se obtengan de su administración serán destinadas a pagar las pensiones del personal castrense.

El Ejército también participa en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar y cuarteles de la Guardia Nacional, entre otras obras que se realizan en diferentes estados.

“Las acusaciones de que estamos militarizando el país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades; ni mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos”, destacó López Obrador el pasado 19 de febrero durante el Día del Ejército.

“Por el contrario, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles”.

Megapresupuesto también para la Sedena

Además de las megafacultades otorgadas por López Obrador al Ejército, en 2023, la Sedena tendrá un presupuesto de 111 mil 911 millones 638 mil pesos, 7 mil 800 millones más que en 2022. Al que se sumarán 34 mil millones 525 mil 322 pesos etiquetados para la Guardia Nacional y 41 mil 878 millones 142 mil 593 pesos asignados a la Secretaría de Marina (Semar).

Al sumar el presupuesto asignado a la Semar, que en el gobierno actual recibió la administración de puertos y aduanas, y a la Guardia Nacional, que dependen de la Sedena, da un total de ‭188 mil 315 millones 103 mil 078‬ pesos. La cantidad es la cuarta más alta que se asignará a una secretaría del gobierno federal el próximo año, sólo superada por la Secretaría del Bienestar (408 mil 290 millones 210 mil 746 pesos), Educación (402 mil 276 millones 748 mil 788 pesos) y Salud (209 mil 616 millones 460 mil 086 pesos).‬‬

La Sedena administrará una parte de los 143 mil millones de pesos que se destinarán en la inversión de los tramos cinco, seis y siete del Tren Maya, 81 mil millones de pesos del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, y 836 millones de pesos para la administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Lo que se aprobó

El último premio otorgado por López Obrador a la Sedena fue aprobado la madrugada del pasado viernes por el Senado, y fue darle el control de la Guardia Nacional, institución que se creó el 27 de mayo de 2019 a partir de la extinta Policía Federal, y desde su conformación mediante una reforma Constitucional, se integró con ex elementos de la corporación anterior, pero principalmente de soldados y marinos.

Con las reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado, la GN en adelante estará bajo el control operativo y administrativo de la Sedena, y la estructura de mando estará liderada por el general secretario de la Defensa.

El titular de la Sedena, que actualmente es Luis Cresencio Sandoval, tendrá facultades para organizar la distribución territorial, plantear adecuaciones a la estructura orgánica de la GN y proponer al titular de la comandancia, al presidente de la República.

La Secretaría de la Densa Nacional además expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional y sus programas operativos y de estrategia.

El personal militar que sea asignado a la GN “continuará sujeto a la jurisdicción militar respecto de los delitos especificados en el libro segundo del código de justicia militar que atenten contra la jerarquía y autoridad”, es decir que los elementos de la Guardia Nacional que infrinjan la ley serán juzgados bajo leyes militares y no civiles.

Los artículos transitorios aprobados por los legisladores y propuestos por López Obrador señalan que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberá transferir a la Sedena en un plazo de 70 días naturales, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional.

GN rebasa a Sedena en quejas por violaciones de derechos humanos

Y mientras el presidente de la república dota de mayores facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional, esta institución y la Guardia Nacional se ubican entre las 10 dependencias con mayores quejas por violación a los derechos humanos en el país, e incluso la Guardia Nacional ya rebasó a la Sedena.

De acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, a tres años de su creación, la Guardia Nacional suma 1 mil 130 quejas, mientras que la Sedena cuenta con 1 mil 036.

El número de quejas presentadas contra elementos de la Guardia Nacional también ha ido en aumento. En 2020 se registraron 350; en 2021, 504, es decir 44 por ciento más que el año previo. Y de enero a julio de este año van 276.

En el último semestre, a diferencia de 2020 y 2021, las quejas por violación de derechos humanos contra la Guardia Nacional son mayores a las presentadas en contra de la Sedena. La primera registró 276 y la segunda 241.

Las quejas se refieren a crímenes de derecho internacional, incluidas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos y tortura, entre otras.

Amnistía Internacional advirtió el pasado viernes, que la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército representa una militarización de la seguridad pública, que “generará más violaciones de derechos humanos y perpetuará la impunidad”.

“Miembros de las corporaciones militares mexicanas han cometido con frecuencia crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos con impunidad. De 2014 a la fecha, la CNDH ha recibido al menos 6 mil 661 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional. En todos esos años la Sedena se ubica entre las diez instituciones con más quejas y ese listado incluye a la Guardia Nacional”, destaca.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, llamó al Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las calles, priorizando en el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendientes a garantizar la seguridad pública.

En su informe de abril de 2022 sobre México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU también instó al Estado mexicano a “abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública”, ya que ha sido insuficiente e inadecuado para proteger los derechos humanos y recomendó fortalecer a las fuerzas civiles y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.

MARIO ZAMORA. Reformas implican militarización de la GN.

PRI impugnará reforma; Morena la defiende

La aprobación de la reforma que traslada la operación y administración de la Guardia Nacional a la Sedena, para el senador del PRI, Mario Zamora, representa la “militarización” de la institución, por lo que será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que para la legisladora morenista Imelda Castro sólo pretende profesionalizar a la corporación, evitar la corrupción, pero con respeto a los derechos humanos.

“Es un tema de inconstitucionalidad, cuando hicimos la Guardia Nacional, que me tocó a mí participar de manera directa, porque formaba parte de esa comisión, en el texto literalmente quedó escrito que la GN tendrá que ser civil… y estas leyes secundarias que quieren sacarle la vuelta, no podrán por encima de la Constitución”, consideró.

“Nosotros como oposición, vamos a estar como senadores del PRI y seguramente nuestros compañeros del bloque firmando esta acción de inconstitucionalidad y tenemos plena confianza que la Corte resolverá en consecuencia”.

—El presidente asegura que no se está militarizando a la GN…
—Es nomás cuestión de leer el texto, no hay que ser genio, ni es la fórmula de la Coca Cola, está pasando una instancia que en la Constitución dice claramente y con todas sus letras, que deber ser de orden civil y que debe depender de la Secretaría de Seguridad Pública, que también es civil, a que la pasen depender de la Sedena, eso es militarizar aquí y en China.

“La Guardia Civil española, los carabineros civiles en Italia, en Francia, la Gendarmería, prácticamente todas las que en algún momento tuvieron un origen militar, casi todas han migrado a pasar al Ministro del interior, al Ministerio de seguridad pública, es decir a la parte civil, lo que no vemos en el mundo es que las que estaban de origen en lo civil pasen a lo militar, vamos en contra de lo que está pasando en todo el mundo”.

IMELDA CASTRO. Profesionalizar y evitar la corrupción, la finalidad.

La senadora sinaloense de Morena, Imelda Castro, opinó que las reformas, no significan la militarización de la Guardia Nacional, porque el jefe supremo de las fuerzas armadas es el presidente, quien es un civil, y que lo que se busca es profesionalizar y evitar la corrupción.

“Este tema de la militarización es un discurso que nada tiene que ver con la visión tradicional que vivimos en nuestro país cuando Calderón o cuando otro tipo de situaciones en donde efectivamente las decisiones que tomó un mando civil, que fue Calderón como presidente de la República pues fueron decisiones que no tuvieron que ver con que tuviera mando militar o no una institución, en este caso el Ejército, porque teníamos la Policía Federal, y tampoco impidió que la Policía Federal fuera una institución que se corrompió, incluso los altos mandos también de la policía”, manifestó.

—¿Qué cambiará el hecho de que la GN esté bajo el mando de la Sedena?
—Desde nuestro punto de vista implica completar las disposiciones que se dieron en 2019, que la GN sea una policía distinta, que sea más profesional, que tenga una capacitación total, mejor que las que ha tenido históricamente todas las instituciones policiales de nuestro país, la no corrupción, porque justamente el hecho de que sea una institución nueva implica el compromiso y responsabilidad de cuidar a la GN para que no pase lo que ha pasado en este caso con la Policía Federal, pero por supuesto eso no significa que no haya pleno respeto a los derechos humanos, que no haya transparencia y rendición de cuentas, y creo que el tener disciplina, el entrar a todo el régimen disciplinario de las fuerzas armadas por parte de la GN pues no significan que no se atiendan estos temas.

“En el 2019 el presidente ya traía la idea de mando militar en la GN, incluso lo comentó en un evento con los legisladores, pero en la medida que se fue discutiendo el tema en las cámaras, en aras de concederle a la oposición, en aras de sacar por una gran mayoría, por unanimidad las reformas se dejó de lado ese tema, pero por algo se dejó incluso en la reforma constitucional, en donde se dijo que en el 2024 iba a el Ejército a salir de las calles e irse a sus cuarteles; sin embargo ahora en 2022, queda claro que no será suficiente esa medida, y que no está el país preparado para que el Ejército se vaya de las calles.”

Artículo publicado el 11 de septiembre de 2022 en la edición 1024 del semanario Ríodoce.

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