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Policías de Ahome cesados acusan venganzas políticas

POLICÍAS DE AHOME. Acusan componendas en sus ceses.

La Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome es señalada de operar bajo la consigna de desgraciar carreras de policías falseando hechos con dolo, falsificando firmas y generando informes apócrifos.

Dos de los casos denunciados tienen un par de características, por un lado los perversos: el propio presidente del organismo, Francisco Arias Ruano, y el otro, el regidor Carlos Valle Saracho, y el segundo, las víctimas, policías preventivos.

En ambos casos, la baja de la corporación es la sentencia.

En el primero se vio involucrada la policía Dignora Valdez López, una activista feminista con 15 años en las filas y quien ha sufrido el escarnio de las últimas dos administraciones municipales, la de Manuel Guillermo Chapman Moreno, alias el “Billy” Chapman, (2018-2021) y la de Gerardo Octavio Vargas Landeros (2021-2024).

De no ser por organismos feministas que respaldaron a la agente, ella ya estuviera desempleada.
“Me siento con justicia a medias, mis derechos fueron violados por un cese que no se acogió a los procedimientos formales, que fueron manipulados para joder, me negaron el derecho a la defensa, inventaron pruebas y hasta una declaración. Fui objeto de una venganza de los mandos, de un regidor, de una comisión que responde a consignas”, dijo la agente cuando festejaba el Día del Policía.

Momentos antes, la agente había saludado de mano a todos los mandos que la sentaron en el banquillo de los acusados y luego se lavaron las manos cuando les llegó la avalancha de críticas por el proceder calificado de arbitrario, incluyendo la del gobernador, Rubén Rocha Moya.

Entre ellos estaba el propio alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros y el jefe de la policía, Julio César Romanillo, quienes operaron para que la síndica procuradora, Cecilia Hernández, propusiera revocar el cese al cabildo “por errores de forma”, autorizando la reinstalación de Dignora, más no sanciones a quienes faltaron al procedimiento.

Por eso, la policía afirma: “Me siento con justicia a medias”.

Su caso comenzó meses atrás, cuando denunció a tres mandos de la corporación por hostigamiento laboral, y el de tres compañeras por hostigamiento sexual. Estos fueron ignorados por los mandos superiores, y desechados de plano en la Comisión de Honor y Justicia.

Luego, otras policías acusaron a Dignora de maltrato e insultos, procediendo el caso hasta el cese.
Allí, la agente presentó sus pruebas de inocencia, pero no fueron admitidas, así como tampoco sus argumentos, consumándose su cese.

En el segundo caso, fue el del oficial, Rodolfo Valenzuela Lora y el del agente Víctor Manuel Espinoza Valenzuela, actualmente separados de sus funciones y asignados a puntos por un caso de supuesta extorsión de 2 mil 800 pesos a un civil en estado de ebriedad, a quien le encontraron drogas en un cacheo ocurrido el 22 de mayo a las 01:00 horas, a las afueras de un bar.

El caso fue iniciado con el folio CHYJ 25/2022 bajo consigna e instrucción del regidor, Carlos Valle Saracho, que resultó amigo del supuesto ofendido y su familia, con base al informe policial homologado 2062/2022.

El informe policial que según las actuaciones fue elaborado a las 3:00 horas del mismo domingo 22 de mayo y firmado por el oficial y el policía, fue impugnado por estos por falso al no haber sido “dictado, elaborado ni participado en el en forma alguna, ni tampoco estampado nuestras firmas”.

Acreditaron su dicho mostrando sus credenciales de elector, cuyas firmas autógrafas no coinciden.
Valenzuela Lora dijo que el responsable del ardid es el regidor Carlos Valle Saracho, porque se asume como funcionario de la corporación y jefe de los policías ofreciendo un trato prepotente y déspota a las filas, queriendo imponer órdenes.

Atribuyeron la fabricación de pruebas al regidor.

En un escrito demandaron pruebas de grafoscopía y caligrafía a las firmas.

Ambos policías aseguraron que no se les permite tener acceso a la carpeta ni observar contenidos en otras pruebas, pero aseguraron que todo es un caso fabricado.

Francisco Arias Ruano, de la CHYJ, negó los hechos y se reservó responder a las acusaciones.

“El caso de Dignora ya es asunto resuelto. No voy a comentar más. Actuamos y se resolvió, la síndica procuradora y el cabildo, revocaron. Es todo. Y en el segundo asunto, se está integrando. No es cierto lo que dicen los policías. Es un caso mediático. Lo importante, es lo que obra aquí”, dijo.

Valle Saracho, por su parte, en sus redes sociales se deslindó de las acusaciones, y consideró que en procesos posteriores se sabrá la verdad.

Artículo publicado el 24 de julio de 2022 en la edición 1017 del semanario Ríodoce.

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