Una lucha de casi siete años para encontrar justicia fue la que emprendieron madres y familiares de bebés neonatos fallecidos al interior del Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán, luego de que esta reconociera que las muertes se debieron a negligencia y omisiones por parte de la institución.

En rueda de prensa efectuada en la Secretaría de las Mujeres, madres afectadas en agosto de 2015 en que se registraron más de 20 decesos de bebés neonatos en los cuneros del HGR 1 dieron a conocer la noticia.

Una de las madres afectadas, Cecilia Rodríguez, habló sobre la denuncia colectiva integrada por 19 familias afectadas.

“Nos encontramos ya en la etapa final. El IMSS a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel nacional ha reconocido las negligencias y estamos en el proceso de reparación, y  es muy cercana de tener una conclusión favorable en nuestros casos”, explicó una de las afectadas.

Publicada el 21 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 61/2018 por la muerte de 14 recién nacidos debido a un brote de infección nosocomial no reportado, el cual fue negado en repetidas ocasiones.

“Presentamos nuestras historias solamente para que quede como precedente de que sí se puede obtener respuestas favorables, de que sí se puede luchar y obtener resultados. Nunca vamos a tener una reparación integral porque nunca habrá ningún valor monetario que pueda reparar una vida, es un dolor que cargaremos permanentemente pero nos queda la satisfacción del deber cumplido, que la lucha emprendida de haber alzado la voz y de haber logrado por primera vez en Sinaloa que el IMSS reconozca que la muerte de nuestros bebés se produjo por la negligencia y omisiones que hubo en el interior del instituto”, añadió.

En octubre de 2015 una investigación de este semanario evidenció que de enero a septiembre de 2015 hubo 52 decesos, 32 de ellos con una sepsis neonatal diagnosticada, y en cada uno de estos casos fue negado por la autoridad en turno.

El caso, según la CNDH, se remite a la violación de los derechos a la protección de la salud, a la vida, al principio de interés superior de la niñez y de acceso a la información en materia de salud. Luego de tres años de diligencias, ahora sólo queda que la Procuraduría General de la República deslinde responsabilidades del caso.