Nunca estuve de acuerdo en que, creando un instituto, comisión, secretaría, subsecretaría –o como se le quiera llamar– para proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, los problemas se resolverían. Ya hay experiencias en otros estados donde han hecho algo similar y los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos no paran. Y estos organismos no han hecho nada para prevenir ataques ni para que se haga justicia.
Pero el gobierno queda bien. El Congreso queda bien y los periodistas y defensores de los derechos humanos, se sienten apapachados. Ahora el gobierno podrá decir que está preocupado por atender el tema de la violencia contra periodistas, aunque ésta no pueda evitarse. Si de eso se trata, el gobierno no tenía porqué gastar un solo cinco más. Solo era cuestión, con los instrumentos que ya cuenta, de tomar medidas preventivas para evitar ataques a estos dos activos sociales y castigar ejemplarmente a los autores materiales e intelectuales cuando estos ocurran. Es decir, abatir la impunidad. Prevenir es una de las claves. La otra, castigar.
Debido a los ataques que ha sufrido el gremio periodístico en las dos últimas décadas –y también los defensores de derechos humanos y activistas comunitarios—la atención se ha centrado en el tema de la violencia. Está bien, pero hay otros problemas que tienen los periodistas y que el Instituto recién creado no toca para nada. Uno de ellos es el laboral. No solo es un oficio muy mal pagado, sino que, en muchos, muchísimos casos, los periodistas no cuentan con seguridad social, no tienen prestaciones y, lo peor, el trato que reciben en muchos de sus centros de trabajo es deleznable.
La protección de los periodistas debe empezar en la empresa que laboran. La naturaleza del oficio debiera implicar también un comportamiento ejemplar de los dueños de un medio y jefaturas, empezando con que tienen que ver al medio como algo distinto a una planta donde se producen salchichas. Aquí la ganancia es lo más importante. Satisfacer el paladar no es un fin en sí mismo, sino una condición para que el producto sea buscado y adquirido. En un medio periodístico, cumplir con el deber de informar profesionalmente a los ciudadanos debe ser lo más importante. No ganar, aunque esto es una condición para la subsistencia del medio. Informar: dar a los lectores, radioescuchas, televidentes, seguidores en plataformas digitales, elementos para que puedan razonar sobre su propia realidad y contextos con más elementos de juicio. Si el medio logra eso estará cumpliendo con su papel, un papel envidiable si lo comparamos con el que juega la fábrica de salchichas. Y que implica, además, una amplia y profunda responsabilidad social.
De ahí el compromiso implícito que tiene un medio con la sociedad. Y por esa razón los periodistas, fotógrafos, diseñadores, todos los que hacen posible la existencia de un medio, son el capital más importante que tiene. Son su esencia y por ello deben ocupar una atención dedicada de los dueños y directivos del medio. Así, la protección de los periodistas debe iniciar en su propio medio cuando se le crean condiciones para que lleve a cabo su trabajo con dignidad, solvencia económica, seguridad social…
Estas preocupaciones no aparecen en el instituto porque su creación se basó en otros considerandos. Cuando mataron a Javier Valdez dijimos que no sería el último periodista asesinado en México porque el contexto de violencia en que ocurrió el crimen no cambiaría de la noche a la mañana. Después de ese mayo aciago de 2017, han asesinado a decenas de periodistas más. El gobierno no ha podido contener los ataques y pasará lo mismo en Sinaloa porque las causas que los originan siguen allí, en el entramado cómplice entre autoridades y criminales, en la impunidad con que se cometen las agresiones, que rebasa el 95 por ciento. Se oye muy bonito, “el Instituto…”. Pero la responsabilidad de proteger a los periodistas, como a cualquier ciudadano de a pie, es del Estado, del gobierno, de las autoridades. No de un instituto.
Bola y cadena
EL VIERNES PASADO PASÓ a declarar una mujer relacionada con el crimen del periodista Luis Enrique Ramírez, acusada de encubrimiento por favorecimiento, pero la audiencia se suspendió porque la defensa de Brisia Carolina no recibió copia del expediente. Así, por algo meramente burocrático, el crimen sigue sin ser siquiera aclarado y por lo tanto impune. La Fiscal, Sara Bruna Quiñonez sabía de antemano, porque fue Juez toda su vida, que la audiencia no se llevaría a cabo por esta razón. ¿Fue premeditada la negativa? ¿Está ganando tiempo para algo? ¿No es tiempo ya de que se sepa quién y porqué asesinó al periodista?
Sentido contrario
“CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO, SANCHO” dice un polémico pasaje de Don Quijote de la Mancha que medio mundo refiere de mil formas. Pero debido al poder que tiene –sobre todo la iglesia católica–, los hombres del poder debieran pensarlo dos veces antes de pelearse con ella. Aunque se tenga la razón, frente a ella nunca sobrarán pequeñas dosis de prudencia. ¿Qué han sido cómplices? Sí. ¿Qué han comido de la mano del poder, de los grandes empresarios y hasta de los narcos? También. Pero en medio de la tragedia que significa el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, un pleito con la iglesia católica no es una buena idea.
Humo negro
¿HAY UN LÍMITE EN LA ANDANADA de carpetas y juicios armados contra Jesús Estrada Ferreiro? Ya le quitaron la alcaldía, que era el propósito central de quienes urdieron el plan para defenestrarlo, pero ¿de verdad piensan meterlo a la cárcel? ¿dónde nació tanto encono? ¿por qué?
Artículo publicado el 03 de julio de 2022 en la edición 1014 del semanario Ríodoce.
