El Alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro es el único en el estado que promovió una controversia constitucional contra la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Seguridad Pública

La ingresos que reciben las viudas de los policías es diversa a lo largo de todos los municipios, a pesar de que existe una Ley de Seguridad Pública de aplicación estatal que establece las condiciones y montos en que se deben pagar las pensiones por viudez.

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De acuerdo a las reformas, aprobadas en la Legislatura anterior, las viudas de policías debían recibir una pensión homologada al ingreso que percibe un agente activo de acuerdo a la plaza, grado o categoría.

La pensión más modesta se paga en el municipio de San Ignacio, y es de apenas 1 mil 920 pesos, en tanto que la más alta está registrada en Ahome con 35 mil 805 pesos, de acuerdo con datos obtenidos en solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En la diferenciación de la situación de la viudas de policías está también el hecho de que gobiernos municipales como Concordia considera como reservada la información sobre los montos máximos y mínimos que se paga por pensión de viudez, aunque afirma en su respuesta que paga de acuerdo con los artículos 46 y 47 de la Ley de Seguridad Pública vigente.

Dicha ley, aprobada en julio de 2021, señala que la pensión puede ser exigible al siguiente día del fallecimiento del agente.

Inicialmente las reformas a la Ley de Seguridad Pública habían contemplado que la homologación de la pensión de las viudas a los agentes activos sería retroactiva, pero el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel observó el decreto porque consideró que afectaba las finanzas estatales y municipales con montos que no eran viables. Tras una prolongada negociación, la viudas renunciaron al derecho retroactivo, bajo la condición que destrabaran los pagos de las pensiones a todas las beneficiarias.

Tampoco Mazatlán respondió a la solicitud de la información específica sobre montos mínimos y máximos que paga a viudas de policías por concepto de pensión, solo manifestó que el pago es de acuerdo a un dictamen aprobado por cabildo, según el sueldo base que percibe el trabajador al momento del fallecimiento.

En el caso del gobierno municipal de Badiraguato respondió que no existe ningún pago por concepto de pensión de viudas de policías.

En Choix, el gobierno municipal no paga las pensiones a la viudas de policías, sino que es el IMSS, de acuerdo a sus tabuladores.

Escuinapa tampoco especificó los montos máximos y mínimos, sino que los pagos son conforme al salario del agente.
El municipio de Navolato es el único que brinda un beneficio adicional a la familia de un policía fallecido al otorgar a los hijos en edad escolar el pago de una beca de 250 a 400 pesos, según el nivel académico que curse.

De acuerdo a la reforma, las viudas de los agentes tienen derecho a la pensión independientemente de la causa de la muerte, y de la antigüedad del fallecido.

Como alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, abrió la discusión sobre el pago a viudas de policías, al promover una controversia constitucional contra la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Seguridad Pública.

Abundó en los argumentos jurídicos de la controversia que el Congreso del Estado violentó con el decreto aprobado al gobierno municipal de Culiacán en el principio de reserva de fuentes de ingresos y la libre administración hacendaria.

En Culiacán, Andrea Félix, líder de las viudas de policías, ha estimado que son en total 176 beneficiarias de pensiones.

En busca de una solución a la situación de Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya, ofreció una contribución de 20 millones de pesos al gobierno municipal para que pudiera hacer los pagos a las viudas, pero Jesús Estrada Ferreiro no los aceptó. Posteriormente cambió el escenario, accedió, pero el mandatario estatal le señaló en un oficio que el monto ofrecido sería entregado a cambio de que retirara la controversia constitucional.

El juicio político en su contra y el procedimiento de desafuero tiene una de sus raíces en los desencuentros con el colectivo de familias de policías caídos.

Estrada Ferreiro fue el único alcalde que recurrió a un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para inconformarse sobre el pago de las pensiones en las condiciones que señalan las reformas, bajo el argumento que el Poder Legislativo vulnera la capacidad financiera del gobierno municipal, además que sobrepasa la esfera de competencias.

A la fecha la controversia constitucional promovida por el gobierno municipal de Culiacán, sobre las reformas a la Ley de Seguridad Pública que incluye el pago de pensiones a viudas de policías, no ha sido resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo publicado el 12 de junio de 2022 en la edición 1011 del semanario Ríodoce.