El gobierno de México se comprometió a implementar “de buena fe” las recomendaciones formuladas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas, dadas a conocer este martes como resultado de su visita al país llevada a cabo del 15 al 26 de noviembre del año pasado.
En un comunicado conjunto firmado por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, se informó que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quedará encargada de trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones hechas por el Comité.
La visita fue muestra del compromiso del @GobiernoMX con la promoción y protección de los derechos humanos, así como de la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) April 12, 2022
📑#Comunicado @SEGOB_mx @SRE_mx
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El documento resaltó que los integrantes del CED visitaron Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, donde tuvieron reuniones con familiares de víctimas y 88 autoridades, y que además participaron en labores de búsqueda de campo.
Las dependencias destacaron el reconocimiento del organismo internacional a la colaboración del Estado mexicano, porque “la visita fue muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, así como la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional”.
🇲🇽 #Mexico: Public agents & organised crime are responsible for soaring numbers of #EnforcedDisappearances, UN Committee finds.
— UN Treaty Bodies (@UNTreatyBodies) April 12, 2022
“Enforced disappearance in Mexico is a problem for everyone, the entire society & all humanity as a whole” – #CED.
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El informe del CED incluye 85 recomendaciones entre las que destaca“la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas al igual que las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que ésta sea eficaz y efectiva; de fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación, de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones; de remover obstáculos en la judicialización y crisis forense; de facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial, y reconocer el papel de las víctimas”.