El alcalde de Culiacán está en la picota. Las solicitudes de juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro se acumulan en el Congreso del Estado. En las últimas dos semanas se sumaron tres de diferentes grupos de ciudadanos que por separado presentaron formalmente las denuncias

La primera denuncia fue presentada el pasado 14 de marzo por la asociación ciudadana autodenominada “Pueblo Unido por Culiacán”, encabezada por la activista Yesenia Rojo Carrizoza.

La recepción del documento fue realizada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Feliciano Castro Meléndrez.

La agrupación aseguró que son ciudadanos libres y que no existe ningún diputado o funcionario detrás de la agrupación. “Al alcalde le cuesta mucho aceptar que las personas tenemos criterio propio, que no todos somos manejables”, afirmó Rojo Carrizoza, al negar que esté detrás el diputado Feliciano Castro, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

“Somos un grupos de ciudadanos hartos”, manifestó en una transmisión en vivo realizada en redes sociales para explicar los motivos de la presentación de la denuncia de juicio político contra el alcalde de Culiacán.

El documento presentado está firmado por ocho ciudadanos, pero respaldado con 10 mil firmas, porque en la Cuarta Transformación “el pueblo manda”, pero en realidad para el inicio de un juicio político no se requiere reunir determinado número de firmas.

La firmas fueron recabadas en las mesas que la agrupación instaló en días anteriores en la plazuela Álvaro Obregón, como parte de una convocatoria abierta a la ciudadanía general que está inconforme con el desempeño del alcalde de Culiacán.

La solicitud está basada en violaciones graves a la Constitución federal y local, leyes federales y locales por el manejo indebido de fondos de recursos federales, estatales y especialmente los de la Hacienda Pública del Municipio de Culiacán, la no atención a recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en general por la forma de gobernar.

La agrupación parte del hecho de que el alcalde ha recurrido a la controversia constitucional, como si ello le diera el derecho a no aplicar la ley, como es el caso de las reformas recientemente aprobadas a la Ley de Agua Potable del Estado de Sinaloa que incluye descuentos del 50 por ciento en los consumos de pensionados, jubilados, personas adultas mayores o con discapacidad.

“Le estamos demostrando al alcalde de Culiacán que no es un capricho, que es la ciudad de Culiacán la que no quiere seguir siendo gobernada por una persona que cada vez que habla ofende y humilla a los ciudadanos”.

La única manera que el alcalde Estrada Ferreiro continúe en el cargo es que esté políticamente protegido, porque tienen las pruebas de la actuación del funcionario, asegura la agrupación.

La segunda estocada

El grupo de viudas de policías entregaron la segunda denuncia de juicio político contra el alcalde Estrada Ferreiro el pasado 24 de marzo.

Andrea Félix López, una de las líderes del grupo denunciante, explicó que sus razones son el abuso de autoridad que ha ejercido en contra de las viudas de policías al negarse a pagar la homologación que fue aprobada en la Legislatura pasada al reformarse la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

A pesar de que el gobierno estatal le aportaba recursos para que hiciera los pagos, el alcalde de Culiacán se negó a recibirlo.

Las viudas de policías renunciaron el año pasado al pago retroactivo de sus derechos para que se aceptara el pago a la homologación a los ingresos de un agente activo, precisamente porque el alcalde argumentó que no tenía recursos.

El acuerdo derivó en el decreto que se realizó cuando el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel vetó la reforma debido al impacto que tendría en las finanzas públicas el pago retroactivo de la prestación de las viudas.

En lugar de realizar los pagos a las viudas, el alcalde presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación alegando que los términos de homologación aprobados, contenidos en el sistema de pensiones del decreto violentan los principios de reserva de fuentes de ingresos municipales y la libre administración hacendaria.

En su denuncia las viudas señalaron el desacato a un decreto que entró en vigor al publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, y además la discriminación de la que han sido objeto al ser incluso “corridas” con el uso de la fuerza pública.

“Hay videos en donde señala que todos los perros tienen dueño y que nosotros somos perros”, manifiesta la líder de las viudas de policías, al calificar tales adjetivos como un acto discriminatorio.

Las viudas de policías presentaron en forma paralela una denuncia penal al día siguiente ante la Fiscalía General del Estado por abuso de autoridad y discriminación.

La agrupación confía en que el Legislativo las apoyará para que se respeten sus derechos y se destituya a Estrada Ferreiro.

Dicho grupo considera que el alcalde debería de reconocer que no está trabajando a favor de los grupos vulnerables. Comparan que otros presidentes municipales no se han rehusado a pagar la homologación, con la excepción de Navolato.

La negativa del alcalde a pagar la homologación afecta a 178 viudas y huérfanos. “El presidente municipal siempre ha hecho su propia ley”, cuestionan.

“Él se dice muy conocedor de las leyes, pero no las respeta”, aseguró la dirigente de las viudas al lamentar que el alcalde les ha dicho que se administren con la pensión que actualmente reciben de 9 mil pesos.

Hasta el momento el gobierno municipal tiene ocho meses de deuda con las viudas de policías, quienes de acuerdo con el decreto tienen derecho al pago de una pensión equivalente al ingreso que recibe un agente activo.

La tercera estocada

Una tercera denuncia de Juicio Político contra Jesús Estrada Ferreiro fue presentada el 29 de marzo por la Federación de Abogados de Sinaloa. El expediente al igual que los otros dos están actualmente en análisis de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.Julio Sergio A

lvarado Andrade explicó que la denuncia hace referencia al gasto que hizo el gobierno municipal en servidores públicos y que no fueron justificados en el reporte de la Auditoría Superior del Estado. En paralelo denunciaron a Jesús Estrada Ferreiro ante la Fiscalía por desempeño irregular de la función pública.

En la documentación presentada los abogados denunciantes señalaron también el abuso de autoridad.

Al presentar la denuncia, la agrupación manifestó que depositaban su confianza en la autonomía e independencia del Congreso del Estado.

¿Cómo procede el juicio político?

Para presentar una denuncia de juicio político contra un servidor público no se requiere reunir un número determinado de firmas, sino que cualquier ciudadano puede presentarla ante el Poder Legislativo.

El procedimiento está contemplado en el marco legal vigente, especificado en los capítulos I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos del Estado de Sinaloa.

Tras la presentación de la denuncia se debe ratificar a los tres días siguientes.

Una vez ratificada la denuncia, el secretario general del Congreso del Estado lo envía al presidente de la Mesa Directiva, quien a su vez lo debe turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para analizar si la conducta atribuida al alcalde encuadra dentro de las causales establecidas dentro del Juicio Político, y así dictaminar si amerita el inicio del procedimiento.

La ley no señala un plazo para que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación emita su dictamen.

Si procede, se envía al Pleno del Congreso, en cuya sesión se turnará a la Comisión Instructora, a la cual le corresponderá practicar, con audiencia del denunciado, las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta y establecer las circunstancias del caso.

La Comisión Instructora recibirá alegatos y desahogará pruebas, para posteriormente proponer sus conclusiones al presidente del Congreso, para que a su vez convoque a sesión para resolver sobre las imputaciones.

El procedimiento en total deberá agotarse por parte de la Comisión Instructora en un máximo de 60 días hábiles contados a partir de la recepción de la denuncia a esa comisión.

Recibido el dictamen de la Comisión Instructora, el Congreso del Estado se erigiría en Jurado de Acusación en una sesión en la que se concedería la palabra al alcalde o su defensor, y al denunciante.

Por mayoría de los diputados presentes, se podría resolver si se considera procede la acusación para separarlo del cargo, en caso contrario, continuará en el ejercicio de las funciones que esté desempeñando y el expediente se archivará como asunto concluido.

¿Cuáles son las causas para que proceda un Juicio Político?

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de, las causas para que proceda son las siguientes:

-Violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales.

-La usurpación de atribuciones.

-Cualquier infracción a la Constitución federal, estatal, a las leyes federales o locales, o cuando cause perjuicios graves a la Federación, el Estado, a los municipios, a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

-Violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal, estatal o municipal, y a las leyes que determinen el manejo de sus recursos económicos.

El artículo 11 establece que no procederá Juicio Político por la sola expresión de las ideas.

Artículo publicado el 03 de abril de 2022 en la edición 1001 del semanario Ríodoce.