Jaime Rodríguez Calderón el “Bronco“, exgobernador de Nuevo León, obtuvo un amparo directo del Juzgado Primero de Distrito en Monterrey tras ser detenido el martes en el municipio de General Terán, por el presunto desvío de recursos públicos, humanos y materiales para la recolección de firmas que le ayudó a conseguir su candidatura presidencial independiente en 2018.

Según cita SinEmbargo, el listado publicado este miércoles, Rodríguez Calderón promovió este beneficio que quedó en el expediente 192/2022 contra el Juez de Control del Poder Judicial del Estado, aunque algunos medios locales mencionaron que esta medida solamente es para que no esté incomunicado mientras permanezca en prisión preventiva.

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“Se previene al promovente del amparo, notifíquese personalmente”, dictó el documento.

El amparo no lo libera de la audiencia virtual que tiene programada para hoy a las 16:00 horas locales, en donde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) del estado buscará vincular el caso a proceso.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Víctor Olea, abogado del exgobernador, informó que debido a que los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva, podría quedar en libertad luego de celebrarse la audiencia.

“El delito que se le atribuye a mi defendido, el exgobernador, no ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo cual deberá ser liberado después de la audiencia, ese es nuestro punto de vista”, explicó Olea.

Destacó además que ya se recibió la carpeta de investigación del caso, sin embargo, hasta el momento, señaló que es muy poco probable que otras acusaciones contra el “Bronco”.

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Posteriormente aseveró que no le corresponde a la Fiscalía del estado atraer el caso sino a la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de un presunto delito en el marco de las elecciones presidenciales de 2018.

En este caso es importante destacar que el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales define que “se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”.

La Fede en Nuevo León fue quien realizó la aprehensión del excandidato presidencial cuando salía de un rancho, como resultado de la denuncia que presentó Samuel García Sepúlveda, actual Gobernador de la entidad, cuando era Senador por el supuesto desvío de recursos para las llamadas “broncofirmas”.