Altos funcionarios crean red de protección a subordinados

La Fiscalía General de Justicia del Estado continuó en el descrédito en la zona norte de la entidad al sumar una nueva acusación por omisiones intencionales al ocultar denuncias de hechos turbios de su personal investigador para evitar pesquisas en las que presuntamente manipularon indagatorias para meter a prisión a inocentes.

En el nuevo caso se involucra al vicefiscal general, Dámaso Castro Saavedra, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, actual vicefiscal zona sur y ex vicefiscal zona norte, la directora adscrita a la unidad de Carpetas de Investigación Región Norte, Carla Patricia Favela Galaviz, a la titular de la Unidad de lo Penal Especializado en Tramitación Común Región Norte, Yesenia Lizeth Leyva Tortoledo, y los investigadores a su cargo, Cinthia Zuleyra Sandoval Félix, Cinthia Karely Domínguez Cota y los hermanos, Aarón Fernando, y Francisco Alfredo Apodaca Nolazco, el primero esposo de Leyva Tortoledo y el segundo, su cuñado.

Todos ellos se aliaron para frenar la denuncia que interpuso Nicolás Molina López el 27 de enero del 2022 en Oficialía de Partes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, Vicefiscalía General de Justicia Zona Norte y en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en representación de los afectados, Jaime G. V. y Laidi C.C., quienes desde el 2018 enfrentan cargos de violación equiparada agravada, pornografía infantil y corrupción de menores en agravio de una sobrina, y quienes desde el 2018 han intentado que la dependencia indague en sus entrañas las actuaciones sesgadas y parciales de su personal en la integración de la carpeta AHOME/UEAMV/3074/2018/Cl que dio origen a la causa penal 771/2018.

En esta se denunció a Leyva Tortoledo y a los policías asignados a su unidad por los delitos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, delitos cometidos en ejercicio de la profesión, responsabilidad profesional, coalición de servidores públicos, abuso de autoridad, delitos cometidos por servidores públicos, intimidación y lo que resulte.

Y es que estos manipularon a la menor que denunció el hecho en ausencia de su madre, padre o tutor, sin que la asistiera sicólogo o persona de su confianza, generaron actas de entrevista con información alterada o falsa, usaron indebidamente certificados médicos y psicológicos no aprobados por los tutores para inventar a un culpable.

Tras interponerse la denuncia en la Unidad de lo Penal Especializado en Tramitación Común de la Región Norte en el 2018, el freno al avance comenzó a sucederse de manera continua, pues en el mismo momento no se le asignó folio, pese a que la acusación fue ratificada, siendo concentrada en la oficina de Favela Galaviz y en la que las actuaciones debían ser aprobadas por el vicefiscal de entonces, Serrano Castelo.

Incluso, la institución no separó del caso inicial a los funcionarios acusados de malas prácticas, por lo que el asunto viciado persiste hasta ahora sin que se avance de la audiencia intermedia, cuatro años después de iniciado.

“Con esas actitudes, violaron el derecho de procuración de justicia pronta y expedita, esclarecer los hechos, proteger al inocente y evitar la impunidad del culpable, obstaculizaron el Código Procesal y violaron los derechos humanos de una familia, que ha perdido desde la libertad hasta el trabajo honesto y afectado el desarrollo sano de infantes”, consideró Molina López. Este afirmó que hasta ahora, nadie ha actuado contra los malos elementos de la FGJES que en lugar de sobreseer una actuación amañada, la sostienen contra todo acto combativo, manteniendo a inocentes en prisión violentando los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y debida diligencia”.

Peor aún, la denuncia contra la fiscal le fue asignada a ella misma para su investigación, y posteriormente fue extraviada intencionalmente y mantenida en secreto, incluso para los propios ofendidos, sin que se efectuasen actos de investigación solicitados por los quejosos.

Ante el tortuguismo, la familia denunció el caso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos iniciándose la queja 61/2020, lo que forzó el registro bajo el folio AHOME/UETC/3524/2020/Cl, y que la acusada se excusara de integrarla, sin embargo, al 10 de febrero del 2022, los ofendidos no conocen al fiscal asignado y si los medios de prueba solicitados ya fueron desahogados. Nadie en la FGJES les da razón del caso, precisó Molina.

En medio de la constante exigencia de investigación, el 21 de octubre del 2020, la casa familiar de Leidi fue apedreada y en una roca dejado un papel en la que se podía leer una amenaza: “No te dio miedo la vez pasada verdad no sé cómo consiguieron esas actas, pero si siguen metiéndose con mi familia ahora si van pal hoyo con todo y plebe el que avisa no es cobarde”. (sic).

Tras denunciarse los actos ilegales recurrentes y años de litigio, Serrano Castelo ejecutó un enroque de fiscal, pero hasta este viernes no se conoce avance en las denuncias contra los funcionarios.

“Peor aún, por los hechos indebidos, un inocente está en prisión, porque la FGJE sostiene los hechos falsos, en lugar de aceptar que sus funcionarios actuaron en contra de procedimiento, debiendo sancionarlos y anular los cargos. En tanto no rectifique la FGJES y se empecine en sostener la ilegales, el combate a los actos irregulares continuará”, sostuvo Molina.

Ríodoce solicitó entrevistas a varios de los involucrados, pero no hubo respuesta.

Artículo publicado el 27 de febrero de 2022 en la edición 996 del semanario Ríodoce.