Las dudas y coincidencias sobre la casa de Houston, Baker Hughes y Pemex, mientras el presidente López Obrador acusa campaña de desprestigio y despotrica contra periodistas

El tema de la residencia en Texas que rentaron el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams a un ejecutivo de Baker Hughes, empresa proveedora de Pemex, más que la vida de opulencia del primogénito del presidente, planteó dudas sobre la asignación de contratos millonarios a la empresa petrolera durante el gobierno de la Cuarta Transformación.

El reportaje fue publicado el 28 de enero por el periodista Carlos Loret de Mola y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCO). Y señala que la pareja habitó una mansión ubicada en Conroe, Texas, valuada en 20 millones de pesos entre 2019 y 2020, y que Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, recibió entre 2018 y agosto de 2019, ampliaciones de contratos por más de 85 millones de dólares por parte de Pemex.

Keith L. Schilling, quien arrendó la mansión a la pareja, de acuerdo a la investigación y a información confirmada por la propia Baker Hughes, fue director comercial y de ventas globales de la empresa de julio de 2017 a noviembre de 2018, y uno de sus presidentes hasta diciembre de 2019.

Pero no “estuvo involucrado en los negocios de la empresa con Pemex”, aclaró la petrolera el 2 de febrero.

La periodista Peniley Ramírez, en una columna publicada el 5 de febrero en Reforma, dio a conocer dos ampliaciones más de dos contratos que obtuvo Baker Hughes por más de 100 millones de dólares. La primera de ellas entró en vigor en septiembre de 2019, cuando Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán se mudaron a la mansión de Conroe, y, la última entró en vigor en enero de 2020, cuando Schilling dejó la empresa.

“Ambas se hicieron sin licitación y sin la aprobación del Consejo de Administración de Pemex”, señala la periodista.

Una de las ampliaciones que menciona Ramírez se aprobó en julio de 2019, unas semanas después de que el Consejo de Administración de Pemex creó una nueva dirección que tendría a su cargo la administración de los contratos de perforación de pozos marinos. El nuevo director solicitó modificar un contrato de Baker y Pemex que se había firmado en marzo de 2018 para la perforación en la zona de Campeche.

La modificación significaba pagar 45 millones de dólares adicionales, y representó 75 por ciento más del monto del contrato original, bajo el argumento de “acelerar la incorporación de reservas”, es decir para buscar más petróleo.

En diciembre de 2019, Pemex aprobó una segunda modificación al contrato con Baker por 60 millones de dólares. El argumento fue el mismo. El contrato significó 167 por ciento más de lo que costó la adjudicación del contrato original en 2018, y que en total sumaría 176 millones de dólares.

Peniley también señala que en 2021 se dio a conocer una auditoría de cumplimiento realizada en 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Pemex, en la que se menciona que las ampliaciones del contrato con Baker no fueron firmadas por el entonces director de Pemex Exploración y Producción, filial de Pemex que contrató a la petrolera, sino por un suplente.

El suplente que aparece en el acta del Consejo de Administración de Pemex, añade, era Ulises Hernández Romano, quien en septiembre de 2019 fue nombrado director del PMI Comercio Internacional, filial internacional de Pemex en Houston, y que actualmente dirige el Consejo de Administración de DeerPak, la refinería que Petróleos Mexicanos compró en Texas.

La periodista señala que en la auditoría, la ASE no señaló porqué se había hecho la ampliación de dichos contratos con Baker, qué servicios cubría, ni cómo se había decidido. Y únicamente sancionó a la petrolera con 95 mil dólares por haber entregado unos trabajos con días de retraso.

El 9 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a la conferencia mañanera al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, para que aclarara el tema sobre el posible conflicto de interés.

“En el caso de Baker Hughes, que tiene presencia en nuestro país y en Pemex desde hace más de 60 años, logró sus mejores montos de contratación en los años 2008, 2012 y 2014, es decir, en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, afirmó Romero Oropeza.

“La asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad miente cuando afirma que en agosto del 2019 se le otorgó a la empresa Baker una asignación directa por 89 millones de dólares. Lo cierto es que se trató de una licitación pública en donde participaron seis empresas, de las cuales dos presentaron una oferta para proveer dichos bienes, en este caso se trataba de bombas electrocentrífugas”.

Añadió que Baker ganó al ofertar un precio 42 por ciento por debajo del precio de referencia.

En el caso de la información publicada por Peniley Ramírez, señaló que las ampliaciones a los contratos por más de 100 millones de dólares, se trataron de “órdenes de servicio previstos en los acuerdos referenciales y que están permitidos por la ley”.

“Esa es la razón por la cual la Auditoría Superior de la Federación no cuestionó por qué se había hecho esta supuesta ampliación, como lo señala la propia periodista, y esto es así porque la Auditoría, a diferencia de ella, sí conoce los esquemas de contratación que se aplican en Pemex y que en este caso no corresponden a una ampliación sino a órdenes de servicio”.

Explicó que un contrato referencial es el que tiene como finalidad proveer bienes y servicios a Pemex durante al menos cinco años. Durante este tiempo, por medio de solicitudes de órdenes de trabajo pueden adicionarse montos a los contratos marco en función de las necesidades de los proyectos. Estos requerimientos no son discrecionales, sino que se basan en un catálogo de precios preestablecidos.

El contrato con Baker, agregó, es para prestar servicios integrados de perforación y terminación de pozos exploratorios.

“Cuando los pozos requieren estos servicios acuden a este contrato referencial que ganó la empresa Baker, de manera que si este pozo requiere un servicio de cementación ya tenemos a quién solicitarle ese servicio y no tener que perder tiempo en una licitación para prestarle los servicios a la perforación de estos pozos”.

Durante la explicación en la que mostró diapositivas, el director de Pemex dijo que en Petróleos Mexicanos prestan sus servicios alrededor de 4 mil 500 empresas, y que Baker es la quinta de 25 empresas que más le facturan a Pemex.

Baker Hughes México, filial de Baker Hughes, ha recibido pagos durante los tres años de la administración de López Obrador y en lo que va de 2022, por 19 mil 906 millones de pesos, mientras que en los cinco últimos años del periodo de Enrique Peña Nieto, recibió 17 mil 715 millones de pesos.

Por el monto pagado, Baker se ubica en el séptimo lugar del listado de empresas dado a conocer por Pemex. Y de las seis empresas que la anteceden, sólo dos Typhoon Offshore SAPI de CV y Constructora y Perforadora Latina SA de CV han recibido contratos mayores durante la actual administración.

Octavio Romero Oropeza señaló que los montos facturados a las empresas en general se han incrementado en los últimos años, debido a que en la actual “administración Petróleos Mexicanos no ha dejado de invertir, incluso en los años complicados”.

“Estos incrementos en la facturación en las empresas se deben al aumento en la actividad de exploración y producción, y que se pueden corroborar con los resultados logrados en las reservas y en la producción en estos últimos tres años”.

El pasado domingo, José Ramón López Beltrán, publicó un comunicado en el que negó tener un conflicto de interés por haber vivido en Houston, Texas, en la casa del ejecutivo de Baker Hughes.

“Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100 por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, indicó.

Informó que desde 2020 trabaja como abogado para la empresa KEI Partners, propiedad de los hijos de Daniel Chávez, un empresario que asesora a López Obrador en su megaproyecto del Tren Maya.

Latinus nuevamente evidenció que el portal de KEI Partners se hizo casi a la par de que José Ramón asegurara que ahí labora. La empresa lo negó.

Previamente Carolyn Adams, esposa de López Beltrán, difundió una serie de Whatsapp con la persona que le arrendó la vivienda de Conroe, Texas, en los que se da a entender que ella desconocía que la residencia pertenecía a un ejecutivo de Baker Hughes, empresa proveedora de Pemex.

AMLO arremete contra periodistas

Luego de la publicación del reportaje de Latinus y MCCI, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los autores, los medios y periodistas que reprodujeron la información. 

A Carlos Loret de Mola lo tachó deser un “mercenario”, al “servicio de la mafia del poder”, a MCCI y Claudio X González de estar al servicio de los conservadores, y en la lista incluyó a Carmen Aristegui, a la que calificó de “deshonesta”, “simuladora” y de estar a favor del bloque opositor.

“Nada más decir, primero, que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales”.

“Nosotros no protegemos a nadie, yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción y, como ya lo mencioné, de todas esas lacras de la política que prevalecían: el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo. No permitir nada de eso. Entonces, tratándose de quien se trate, aunque sean mis hijos. Pero sí le puedo decir que no somos iguales, nosotros tenemos principios, tenemos ideales”.

Aseguró que el reportaje es “una calumnia”, “un escándalo sin fundamento, una campaña de desprestigio”.

“Claro, no en contra de José Ramón, lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo, junto con muchos otros mexicanos, un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, aunque los dañen, es en contra mía”.

El 11 de febrero, López Obrador, dio a conocer durante la conferencia mañanera que Loret de Mola percibe más de 35 millones de pesos al año (más de 1.7 millones de dólares) mientras el presidente solo gana 2 millones de pesos (casi 97 mil 500 dólares) y solicitó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que verifiquen y exhiban de dónde provienen los ingresos de Loret de Mola.

“Él gana como 15 veces más que yo, ¿ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos? ¿Muy inteligente, un buen escritor? No. Es por golpeador”, declaró.

Artículo publicado el 13 de febrero de 2022 en la edición 994 del semanario Ríodoce.