Los periodistas Sergio Aguayo, Enrique Gómez Orozco e Ismael Bojórquez, así como los representantes de Artículo 19 y Propuesta Cívica, Leopoldo Maldonado y Sara Mendiola, abordaron en una conferencia virtual los impactos del acoso judicial para la libertad de expresión en México.

Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, señaló que las demandas por “daño moral” que se han presentado contra periodistas, son una figura legal que está siendo empleada de manera indebida y abusiva por figuras públicas, funcionarios públicos y políticos para “agredir la libertad de expresión y de prensa”.

“Nos preocupa que los encargados de garantizar el estado de derecho, son quienes están generando esos desequilibrios”.

En su participación el periodista y académico, Sergio Aguayo, señaló que la demanda que interpuso en su contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira en julio de 2016 por tres líneas que escribió sobre él en una columna, lo ha llevado a gastar medio millón de pesos en abogados, y a constatar el papel de cada uno de los organismo que han intervenido en el proceso legal, que actualmente se encuentra en la Suprema Corte.

“Ha sido una experiencia surrealista pero muy educativa sobre el poder judicial mexicano, porque el exgobernador Moreira se ha empeñado en serio, ha metido una enorme cantidad de recursos supongo, porque tiene abogados caros, los míos son probono a prolongar a desgastar, a buscar castigarme de diferentes maneras con los procesos judiciales en dos niveles, el federal y el estatal”, dijo.

“He podido documentar con bastante cuidado la experiencia en los diferentes niveles, en primer lugar las ausencias y omisiones del Ejecutivo federal, la CNDH ha estado ausente no solo de mi caso sino de los asuntos periodísticos desde hace tres años, la Feadle de la Segob es un guiñapo burocrático, pasivo, que realmente no hace nada más que molestar con exigencias ridículas. Quien en mi caso se ha preocupado más, al menos hizo una intervención a mi favor es el Mecanismo para la Protección de Periodistas y personas Defensoras de Derechos Humanos. Del poder judicial he recibido un trato justo, consistente, es decir siempre la respuesta es favorable, buena, y tengo al esperanza de que se obtenga un fallo positivo”.

Cuestionó el poder judicial de la Ciudad de México, donde se lleva su caso, al que calificó de ser “80 por ciento nefasto. “La justicia en la Ciudad de México es corrupta y burocrática”.

Enrique Gómez Orozco, director de AM Guanajuato, mencionó que él, su esposa y su hija fueron demandados por daño moral por la alcaldesa de León, Bárbara Botello.

Durante su mandato documentaron obras infladas y el comentó en una columna que se había llevado 300 millones de pesos y de ahí derivó la demanda contra él y su familia que son accionistas del medio.

Hasta la fecha la demanda no se ha resuelto y le ha representado un gasto de 250 mil pesos gastos notariales y papelería.

Manifestó que la demanda le ha quitado “tiempo y paz mental” y le angustia que cualquier periodista que emita un juicio en una columna corra el riesgo de que lo demanden y tan solo los gastos judiciales lo quiebran.

El director de Ríodoce, Ismael Bojorquez, consideró que el propósito de estas demandas no es obtener un beneficio económico sino “joder el estado de ánimo de los demandados” y en algunas ocasiones lograr inhibir la libertad de expresión.

“Uno de los propósitos es distraerte y que no te dediques a lo tuyo”, expresó.

Estas demandas, indicó, se suman a las agresiones contra periodistas.

Mencionó que en el caso de Ríodoce en 2015 documentaron el caso de un empresario que le quitó sus hijos a la esposa y demandó al reportero, pero no prosperó.

“Las agresiones todos los días desde la presidencia pintan un panorama desolador para los periodistas. Andrés Manuel lejos de enfatizar con los problemas que vive el gremio le echa más leña a la hoguera”, indicó.

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 indicó que estas demandas son entabladas por funcionarios o personas con proyección pública.

En 2019 hubo 21 demandas por daño moral, en 2020 aumentaron a 39 y en 2021 fueron 41.

Las demandas, indicó, se han duplicado para inhibir a los medios.

De las demandas de 2020, detalló, en Puebla fueron 20 y de esas siete contra el medio En Consulta.

Manifestó que en este país pareciera que enfrentar una demanda es el menor de los males porque secuestran y asesinan periodistas.

“Son tiempos convulsos para la prensa por eso es necesario que el poder judicial incorpore barreras a estas demandas frívolas y maliciosas”, expresó.