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  • Dias de Impunidad

Acusan en Ahome a un hombre del feminicidio de su madre en complicidad con médicos

CUNA MALVADA. Una familia bajo sospecha.

El proceso está plagado de irregularidades y omisiones

La Fiscalía General de Justicia de Sinaloa corrompió una serie de investigaciones truncando el desenlace de una torcida zaga familiar que va desde el robo de propiedad hasta la incautación de un cadáver y la aceptación de denuncias de hechos para inculpar a un grupo de médicos en un supuesto feminicidio.

Es tal el entuerto, que un juez de control reparó las omisiones de la FGJE y vinculó a proceso a dos hermanos miembros de una pudiente familia mochitense, vinculándolos a proceso por supuesta violencia familiar y robo agravado cometido por dos o más personas en lugar habitado, en agravio de la propia madre.

En el entramado de los casos seriales son protagonistas el Vicefiscal Regional de Justicia en la Zona Norte, Leonel Alfredo Valenzuela Gastélum, su similar en la zona sur, Arnoldo Serrano Castelo, la Directora de Carpetas de investigación, Karla Patricia Favela Galaviz, los hermanos David, Rebeca, María e Isaac S. C., como indiciados y actores, el despacho del ex Procurador de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, como representante legal de estos y Luis Alberto S.C. y su madre Pachita C.I. (ya fallecida), como demandados y demandantes, y el asesor victimal, Luis Enrique Vega Blanco.

Los hermanos, amparados con su dinero e influencias adquiridas por la contratación del despacho del ex fiscal general de justicia han logrado que la FGJE frene una serie de casos y acelere otros.

El asunto más reciente es la apertura de la carpeta de investigación 4/2022 por supuesto feminicidio cometido en contra de Pachita (fallecida) por denuncia de su hijo Isaac, a quien la finada en vida había impuesto una medida de protección de restricción de acercamiento por un caso de violencia familiar desahogado en la carpeta de investigación 5597/2021, presentada el 4 de diciembre del 2021, y que está entrampada.

La denuncia por feminicidio se gestó el 1 de enero del 2022, cuando la mujer agonizaba por un cáncer terminal que se le expandió en el cuerpo, negándose ella a ser hospitalizada por encontrarse ya cundida, y optó por ser cuidada en su casa, por su médico de cabecera, José David G.L., oncólogos y enfermeras, todos contratados por ella.

El 1 de enero, ella muere, y su hijo mayor, Luis inicia los trámites para cremarla, como fue su decisión en vida. Sin embargo, ninguna funeraria acude a recoger el cadáver argumentando “orden superior”.

Mientras se realizaba el trámite, policías ministeriales se apersonan en la residencia por una denuncia de homicidio, pero se retiran cuando se comprueba que era por enfermedad. Sin embargo, horas después regresan y con las patrullas SA340A1 y SA345AI asedian la casa e impiden que el cuerpo de doña Pachita sea trasladado a la funeraria para su cremación.

Esa noche, la Fiscalía intenta llevarse el cadáver, pero se lo impiden los deudos.

Al no acceder, tramitan una orden de cateo para la búsqueda de un feminicidio, armas y la captura de Luis, –quien presuntamente tenía una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravado, cometido en contra de su hijo, pero en Sonora–, asegurar el cuerpo, los expedientes médicos y los medicamentos que le eran suministrados a la enferma. El cateo es producto de la denuncia 04/2022 por feminicidio que interpuso Isaac en contra de su hermano Luis Alberto y de los médicos de cabecera de la señora.

El cuerpo de la finada le es entregado a Isaac, habiendo estado autorizado para ello el notario Arturo Duarte García.
Karla Patricia Favela Galaviz aceptó ante un juez de control que el cuerpo lo habían tomado y obtenido muestras de los tejidos para determinar la causa de la muerte. Las pruebas concluirían en un mes, ofreció al juzgador el 21 de enero del 2022 durante el desahogo de la causa penal 20/2022 que antecedió a la carpeta de investigación 626/2021.

En esta, el juez de control vinculó a proceso a los hermanos David y Rebeca S.C por violencia intrafamiliar y robo agravado en lugar cerrado por dos o más personas por hechos sucedidos el 4 de noviembre del 2020, cuando estos arribaron a la casa materna y sustrajeron medallas de oro con incrustaciones de diamantes, centenarios, relojes Rolex de oro y una colección de 10 bolsas Chanel, con el argumento de que no las usaría más por “estar ya muy vieja”.

En el desahogo de la audiencia, la asesoría victimal denunció que la FGJE “no agregó” al expediente promociones realizadas en la víspera de una impugnación a la negativa de investigación, en tanto que el juez advirtió que en el mismo caso, la misma FGJE había pasado por alto el acto de desposesión de las alhajas por lo que reencauzó la imputación agregando el robo, y que en el caso de violencia intrafamiliar había indicios suficientes para vincularlos a proceso

La defensa de los vinculados a proceso consideraron insuficientes los elementos de prueba.

Durante la audiencia, otro asesor victimal advirtió que la FGJE remitió una causa débil, con pruebas insuficientes.
La jefa de carpetas aceptó en silencio la falta de pruebas en las causa, pero no alegó causales.

El magistrado concedió dos meses para la investigación complementaria y prohibió a los vinculados tener comunicación con los ofendidos indirectos y los testigos, y los obligó a firmar periódicamente su permanencia en el estado y una prohibición a salir del país.

El encono de los hermanos contra su consanguíneo y progenitora comenzó en el año 2020 cuando se descubrió que David, Rebeca y María S.C. vaciaron casi 54 millones de pesos de la cuenta de la madre en el banco Actinver en movimientos consecutivos.

El asunto originó la carpeta de investigación 4336/2020 por los presuntos delitos de abuso de confianza y encubrimiento por receptación, caso que fue vetado por el entonces vicefiscal, Arnoldo Serrano Castelo. Hasta ahora, la carpeta no ha sido judicializada, y está “congelada” por el vicefiscal, Leonel Valenzuela Gastélum.

Mientras se desahogaba la denuncia, Pachita designa a su hijo Luis como albacea y heredero universal, desheredando al resto de sus hijos, en tanto no regresen el dinero sustraído y joyas que robaron en un allanamiento a la casa paterna.

Por esa decisión, la madre temió por su vida y la de su hijo mayor, iniciando la carpeta 626/2021 por violencia intrafamiliar, la que fue judicializada con el cuadernillo 599/2021 y que se resolvió con la vinculación a proceso por dos delitos, el viernes 21 de enero.

La violencia de uno de los hermanos, identificado como David en contra de las personas, quedó confirmada en la sentencia dictada en el año 2015 en el expediente 45/2012 que por lesiones agravadas por contusiones por relación de parentesco cometió en contra de Marisol R.F.

En tanto que la manipulación de las instituciones foráneas quedó asentada en el caso fincado a Luis Alberto por su concubina, Adriana E. M, que denunció un caso de abuso deshonesto agravado en contra de su propio hijo.

El entonces fiscal, Carlos Navarro Zugich negó al imputado el derecho de audiencia, y a través de un juez de consigna giró una orden de aprehensión, la cual está vigente hasta ahora. La defensa del imputado tramita algunos juicios de amparo para conseguir la cancelación del ordenamiento, pues ello es impedimento para continuar los juicios contra sus hermanos, como era el deseo de la madre de todos.

Artículo publicado el 06 de febrero de 2022 en la edición 993 del semanario Ríodoce.

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